Sábado, 23 de Marzo de 2019

Política Provincial »  Charole propone un cupo laboral indígena



La diputada provincial Andrea Charole (Frente Chaco Merece Más/PJ) presentó un proyecto de ley que promueve la creación de un cupo laboral indígena en las reparticiones estatales.
La iniciativa propone que al menos el 1% de cada dependencia cuenta con personal perteneciente a las etnias qom, wichí o moqoit.
La norma expresa la incorporación e inserción, como así también la participación en la vida social, económica, política y cultural de personas indígenas, integrantes de los pueblos originarios. 
Con ese fin se promueve su contratación y empleo en organismos públicos y/o privados, procurando superar las desigualdades sociales existentes en ese sentido, detalla la legisladora en el proyecto, que lleva el número 626/19.
Las personas que accederán a los derechos de la presente ley son aquellas que son reconocidos por el órgano fedatario, el Instituto del Aborigen Chaqueño (Idach), tal como lo establecen los artículos 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley Provincial 3258.
De prosperar el proyecto, el Poder Legislativo, Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales y las empresas del Estado provincial, sus ministerios, estarán obligados a integrar personas de los pueblos originarios, que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en proporción no inferior al 1% de la totalidad del personal por cada ente.
En todo contrato de concesión de servicios, de transferencia de actividades del Estado al sector privado, o de renovación y/o modificación de los vigentes se deberán establecer cláusulas que dispongan el cumplimiento y modalidad de control de aplicación de la eventual ley.
El porcentaje determinado en este artículo será de cumplimiento obligatorio para el personal de planta efectiva, para los/as contratados/as cualquiera sea la modalidad de contratación y para todas aquellas situaciones en que hubiere tercerización de servicios.
Los integrantes de los pueblos originarios que se desempeñen en el Estado gozarán de los mismos derechos y estarán sujetas/os a las mismas obligaciones que la legislación aplicable prevé para los agentes de la administración pública provincial.