Domingo, 15 de Septiembre de 2019

Política Provincial »  Cuestionamientos locales al Servicio Cívico Voluntario

Los jóvenes en el centro de la discusión
La medida anunciada por el gobierno nacional fue considerada como electoralista y disparatada, también que evidencia falta de políticas públicas sobre las causas de la falta de formación que supuestamente se busca atacar. 

A través de una resolución publicada en la mañana del martes, el gobierno nacional informó la creación de un Servicio Cívico Voluntario en Valores, a cargo de Gendarmería Nacional y bajo la órbita del Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich.  «Nace como una herramienta para brindar oportunidades de formación a los jóvenes a través de los valores democráticos y republicanos, que suponen compromiso cívico para que conozcan sus derechos y sus responsabilidades, sus capacidades y potencialidades personales», informa la resolución 598/2019 del Ministerio de Seguridad publicada en el Boletín Oficial. Esta formación, orientada a jóvenes de entre 16 y 20 años, estará al mando de Gendarmería que ofrecerá su «infraestructura» y «recursos humanos», según quedó plasmado en el texto. 
El anuncio no tardó en cosechar críticas, principalmente de la oposición, sectores sociales y educativos.
 
Medida electoralista
El diputado provincial Juan Manuel Pedrini, en contacto con La Voz del Chaco entendió que se trata de una medida electoralista que busca captar los votos de un sector de la sociedad que  mira con nostalgia el servicio militar obligatorio. «Esta es una medida básicamente electoralista que trata de consolidar un voto del centro derecha a favor de Macri y Pichetto», analizó en primera medida el legislador atento a la campaña electoral. Asimismo consideró que «la gendarmería no tiene ninguna capacidad para instrumentar un neo servicio militar, está para otra cosa, la medida es disparatada», consideró.  Al tiempo que destacó «hay sectores que añoran el servicio militar, quieren que vuelvan los jóvenes a ser una suerte de vasallos de alguna fuerza armada, saben que los votantes de Macri que están de acuerdo con la Medida y tomaron el proyecto de Olmedo y hacen este tipo de anuncios», añadió. Para Pedrini «se trata de un anuncio electoral y va haber una implementación seguramente muy parcial, ínfima frente a los anuncios a que hacen», vaticinó.
Seguidamente reiteró «La gendarmería no está preparada para esto, no tiene por qué estarlo, está para cuidar la frontera, es una institución que no es ni comparable, si con las instalaciones y la capacidad que tienen las fuerzas armadas», indicó. A momento de analizar porque predominó esta fuerza de seguridad, el diputado recordó que «la Gendarmería y otras fuerzas son el principal punto de apoyo del gobierno en cuestiones de seguridad, es una decisión política que ellos tomaron, que no sean las fuerzas armadas sino , como en este caso la gendarmería, podría haber sido Prefectura, la Policía Federal, pero fue la gendarmería», señaló. «Es una forma de retener a un sector, posible votante de centro derecho que pide medidas fuertes de seguridad, que está de acuerdo con el proyecto originario que presentaron con el diputado Olmedo de Salta», aportó. 
 
Las causas reales
Por su parte el dirigente del Frente Popular Darío Santillán, Miguel Chamorro, al ser consultado sobre esta decisión en la misma consideró que «es una medida desesperada que tiene el gobierno, apuntando fundamentalmente a quitar espacio a los movimientos sociales que cada vez tienen más crecimiento, generando una supuesta actividad para los sectores más vulnerables, pero sin profundizar las causas reales que hacen este enorme espectro de jóvenes sean futuros portadores de problemas», analizó. «La causa fundamental tiene que ver con otros factores, vinculados más con la miseria, falta de expectativas, sobre todo laborales y de vida», destacó. «Existen amplios sectores que son bolsones marginales donde la droga se instaló para quedarse, y esta política de bombero, llega tarde para apagar un enorme incendio que ya ha consumido a amplios sectores que deja como resultado hechos de violencia que diario se ven tanto en la provincia como en el país», diagnosticó. «Desde un punto de vista revolucionario lo que falta es un servicio activo de participación con un amplio sentido popular y antiimperialista, pero los que están en el Gobierno eso no les interesa», sostuvo. 
 
Más políticas públicas
La diputada nacional, Lucila Masin, también cuestionó este proyecto « Antes que un programa de voluntariado, necesitamos un gobierno que genere políticas públicas que amplíen horizontes y destinen más recursos a sus jóvenes», manifestó.
En este sentido recordó  que hace menos de un mes, el Indec anunció que en doce meses la tasa de desocupación en Argentina alcanzó los dos dígitos (10,1%), es decir 220 mil personas más que un año atrás, y que más de la mitad (52,7%) tienen menos de 29 años; con una tasa del 18,5% para varones y del 23,1% para mujeres. Masin aportó que las situaciones que más golpean hoy a adolescentes y jóvenes argentinos son «el recorte de recursos a universidades, la reducción y precarización del mercado del trabajo y la ausencia del Estado para sostener proyectos artísticos o deportivos en barrios y poblaciones rurales».
Ante esa situación, planteó: «Necesitamos menos ofertas de trabajo que signifiquen explotación y sueldos de miseria como las que alienta el gobierno nacional. Necesitamos otra política tarifaria para que los clubes puedan mantenerse abiertos y ser el motor de la actividad deportiva. Necesitamos más recursos en playones deportivos y centros culturales, y no en anuncios de publicidad de cosas que no le cambian la realidad de hambre a nadie», insistió.
El programa piloto que la ministra de Seguridad de la Nación presentó el martes como «un espacio para retomar estudios y formarse en un oficio,  no está vinculada con un sistema de becas de estudio o de prácticas profesionalizantes, ni mucho menos con un presupuesto específico, y solo utiliza predios de Gendarmería considerados ociosos».

La formación en valores a cargo de docentes
Otro sector que salió a cuestionar la decisión fue la Conadu Histórica. «El decreto justifica el rol que se le asigna a la fuerza de seguridad en tareas de colaboración que la misma habría prestado en diferentes instancias; sin embargo, esa institución no tiene nada que ver con los contenidos que supuestamente se busca promover; por el contrario, ha sido reiteradamente utilizada para la represión de la protesta social, además de no tener previsto entre sus funciones las tareas que se le pretende encomendar», recordaron desde el gremio que nuclea a los docentes universitarios del país. «Basta recordar la violencia ejercida contra manifestantes que rechazaban la llamada reforma previsional (e incluso contra legisladores) en las inmediaciones del Congreso de la Nación el 14/12/17, el desalojo con gases y balas a los estudiantes de la Universidad de Río Negro en diciembre de 2018, y la persecución contra una comunidad mapuche el 1/8/2017 cuando se vio por última vez con vida a Santiago Maldonado», enumeraron.
La ley que rige a la Gendarmería la define como una «fuerza de seguridad militarizada» que tiene como misión ser «policía de seguridad y judicial del fuero federal» y le encomienda la «prevención y represión de las infracciones que le determinen leyes y decretos especiales», ante lo cual subrayaron que «nada de eso tiene que ver con la promoción de valores democráticos». Y contrapusieron: «Los organismos de derechos humanos son quienes han defendido de manera consecuente los valores democráticos; muchas organizaciones sindicales, en particular en la docencia de todos los niveles, han ejercido los derechos a través de la acción gremial, de la solidaridad y de la lucha por causas colectivas; y muchos movimientos sociales impulsan a diario actividades solidarias y participativas para dar respuestas a las necesidades de la sociedad, asumiendo labores que el Estado ha abandonado».
Tras señalar esto concluyeron que «la iniciativa del Gobierno no apunta a formar ciudadanos, sino a repetir experiencias autoritarias y a profundizar la lógica de control social militarizado sobre la sociedad, apuntando en este caso a jóvenes y adolescentes», por lo que demandaron la derogación de esta cuestionada resolución.