Miércoles, 14 de Noviembre de 2018

Política »  Se conoció la denuncia penal de los diputados del PJ contra Aída

ESCANDALOSA CONTRATACION MUNICIPAL

Se conoció ayer la presentación penal de diputados provinciales del Partido Justicialista contra la  Municipalidad de Resistencia por supuesta administración fraudulenta y otros tres cargos en relación a la licitación pública suscripta por la intendenta Aída Ayala para la contratación de la empresa Pimp SA por $269 millones.
La denuncia -que fuera ingresada a un fiscal de Investigaciones de turno- es impulsada por el presidente del bloque del PJ Ricardo Sánchez y otros nueve legisladores, quienes exigen que la Justicia investigue a fondo la contratación de Pimp por parte del municipio, sobre todo en lo que tiene que ver con la vinculación de los propietarios de esa firma con la intendenta Ayala.
Entre lunes y ayer, la intendenta Ayala cuestionó esta denuncia y, aunque no dio explicaciones respecto a la contratación de Pimp, manifestó que se pondría a disposición de la Justicia para que investigue todo lo que sea necesario. En contacto con algunos medios de prensa, Aída se había mostrado muy molesta en torno al caso y llegó a decir que «este es su límite» porque se metieron con su familia y su honestidad, en relación al diputado Sánchez y al titular del Centro de Estudios Nelson Mandela, Rolando Núñez, quien hizo pública la denuncia.
Para Sánchez, la actuación de la jefa comunal viola tanto la Constitución Provincial como la Carta Orgánica Municipal y el Código Penal. «Queremos que se investigue a fondo; y sí así lo considera el fiscal, deberá también efectuar las imputaciones del caso a los demás firmantes de la resolución -mediante la cual la comuna contrató a Pimp, entre los cuales aparece el jefe de Gabinete Leandro Zdero- en su carácter de partícipes necesarios de los delitos que se le imputan a quien aparece como principal implicada, la intendenta  Aída Ayala», sostuvo el jefe del bloque del PJ en la presentación.
Los diputados justicialistas acusaron a la jefa comunal por abuso de autoridad (artículo 248 del CP), violación de los deberes de funcionario público (artículo 260), malversación de caudales públicos (artículo 174) y fraude a la administración pública.  
Además, adjuntaron como pruebas copias de la resolución municipal 796/15 en la que Ayala aprobó el expediente 9025/5/2015, que contiene el proceso licitatorio 020/15 mediante el cual el municipio concedió el servicio público de retiro, traslado y disposición final a la firma Pimp, pese a que la Constitución provincial establece la imposibilidad de concesionar un servicio de esas características a un privado.
Otro punto que piden los legisladores se investigue es el que tiene que ver con que la intendenta Ayala obvió la intervención del Concejo Municipal en la licitación pública, pese a que como se trata de una concesión de servicios públicos debe contar con el aval del cuerpo legislativo comunal con los dos tercios. «Está claro que por la composición política del Concejo (siete concejales oficialistas; cuatro opositores, con lo cual Ayala no llega a los necesarios dos tercios) Ayala no llevó adelante el procedimiento acorde por temor a que no pasara el filtro que impone la Constitución», indicaron en la denuncia.

PREGUNTAS Y
MAS PREGUNTAS
En la presentación la Fiscalía de Investigaciones, los diputados del PJ exigen se investigue la vinculación de la intendenta con el abogado Alejandro Fischer, quien es uno de los socios de Pimp, apoderado de la Fundación Construir (creada por Ayala), esposo e hijo de los dos personas que conformaron la sociedad y quien -además- sería exyerno de la intendenta.
«Fischer es también el propietario del inmueble donde denuncia el domicilio legal la firma Pimp SA; estimamos que un completo informe de la Afip (respecto a la empresa) será esclarecedor», reclaman los actuantes.
«Entendemos que hay un escandaloso fraude que deber ser investigado; ¿Es legal o ilegal que una empresa cuyo socio es yerno (o lo era) de la intendenta pueda ser adjudicataria del millonario contrato?», inquiere Sánchez y compañía en la denuncia penal.
Finalmente, y de nuevo en relación a la actuación de la jefa comunal, los diputados justicialistas señalaron que «estamos en presencia de una funcionaria pública que dictó resoluciones (la 0448/15 y la 0796/15, cuanto menos) contrarias a la Constitución provincial constituyendo esta actividad el supuesto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público».