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Con protestas simbólicas y virtuales

En el día por legalización del aborto insistieron con la sanción de la ley IVE

Desde la campaña nacional, diversas organizaciones, organismos y personalidades recordaron las promesas electorales 
del Presidente, diputados y senadores; demandaron tratamiento al proyecto que se encuentra en estado parlamentario.
 

29 de Septiembre de 2020


Ayer, se conmemoró el Día por Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe, y es por esto que en el país,  desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, exigieron a las y los decisores políticos: Presidente, diputados, senadores,  que 2020 se apruebe el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
El proyecto de la campaña, que se volvió a presentar el año pasado por octava vez, tiene estado parlamentario. Pero los escenarios para su aprobación se vuelven dilemáticos. Esto a pesar que el envío de un proyecto de ley de IVE fue una promesa de campaña del presidente Alberto Fernández, quien lo ratificó en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el 1 de marzo. El texto, repiten en Gobierno, ya está listo, sin embargo el presidente aludió complicaciones en el sistema de salud pública para demorarlo.
Una de las características de esta demanda, es la masividad que logra el reclamo en las calles. Pero a diferencia de años anteriores ayer no hubo movilizaciones, ya que desde la campaña se acordó no convocar a marchar en el contexto de pandemia por coronavirus, para prevenir la posibilidad de contagios. Sin embargo, la demanda tuvo intensa actividad a través de la redes con un pañuelazo virtual que tuvo lugar, a las 18, en el Canal de Youtube.
Además más de 500 personas del ámbito académico, del espectáculo, del deporte, de la cultura y del periodismo, militantes feministas y una joven que estuvo tres años presa por un aborto espontáneo en Tucumán firmaron una solicitada que fue publicada en los principales diarios del país, para pedir la «urgente» aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
En el país se realizan aproximadamente 54 abortos por hora lo que suman 1.300 abortos por día. Esto demuestra que los abortos ocurren y, mientras sean ilegales, implican riesgos para la salud y la vida de las mujeres. Según las últimas estadísticas oficiales, 39.025 mujeres y niñas ingresaron en hospitales por complicaciones de salud relacionadas con abortos en un solo año, precisa la solicitada y completa esos datos al señalar que «el 16% tenía entre 10 y 19 años, y esta es apenas una fracción del total de personas gestantes afectadas».
Por su parte, Amnistía Internacional se manifestó frente al Congreso con lo que llamó los «ramos de la Deshonra, enviando cientos de ramos de perejil y otras plantas a los diputados y senadores para exigir que se apruebe la ley para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo este año. «Estos ramos, hechos con las mismas hierbas abortivas con las que las mujeres arriesgan su vida en la clandestinidad, no fueron enviados a modo de homenaje o regalo sino, justamente, todo lo contrario, representan un símbolo de protesta ante el Poder Legislativo que, tras no aprobar la ley en 2018, permite que estas prácticas peligrosas continúen y resulten en la negación de derechos de miles de niñas, mujeres y personas con capacidad de gestar», explicaron desde el organismo internacional.
lucha histórica
Desde la campaña recordaron: «Llevamos 15 años de lucha por una ley que es una cuestión de salud pública. De haber sido aprobada en 2018, Liliana de Santiago del Estero, B. de la Matanza, Ivana de Formosa, y tantas otras más no hubieran muerto, obligadas a buscar métodos inseguros para interrumpir un embarazo». 
Ese año la norma obtuvo una histórica media sanción en la Cámara de Diputados, pero no logró los votos necesarios para ser aprobado en la Cámara de Senadores, a pesar de las marchas y manifestaciones multitudinarias que coparon las calles durante el tratamiento de la norma exigiendo la sanción de la ley y  a pesar de la exposición de cientos de especialistas que aconsejaron su implementación durante meses de debate que se dieron en el congreso. 
Desde la campaña nacional recordaron que «en la Argentina las niñas abusadas son forzadas a gestar y a parir, hecho que califica como tortura. Se les niega su derecho a la interrupción legal del embarazo -contemplado en el Código Penal desde 1921-, a la salud integral, a la educación sexual integral y a vivir una vida libre de violencias. Las obstaculizaciones y discriminaciones se recrudecen aún más en los casos de mujeres y niñas de los pueblos originarios». Prueba de ello son los casos que se replican como el más reciente de la niña de 10 años de Monte Caseros Corrientes que fue abusada por su padrastro y sometida a una cesárea el pasado 10 de septiembre, tras un Baby Shower organizado por una iglesia evangélica. Mientras que la provincia ostenta hace años los primeros lugares en el índice de embarazos adolescentes. 
«Las presas por abortar sufren la estigmatización y las rejas que disciplinan su decisión. Sin contar con la atención adecuada, son sometidas a maltratos por profesionales de la Salud que actúan en complicidad con agentes de la Justicia, la policía y los medios de comunicación», añadieron además desde la campaña nacional.
Asimismo señalaron que «en este contexto de emergencia sanitaria se profundizan los obstáculos en el acceso a la salud sexual y (no) reproductiva. Los equipos sanitarios que hoy atienden las interrupciones legales del embarazo redoblan sus esfuerzos para garantizar este derecho, pero no alcanza».
Por todo esto entendieron que «es urgente, es prioridad y es esencial legalizar el aborto voluntario. La penalización del aborto contempla una sanción discriminatoria hacia quienes podemos quedar embarazadas sin desearlo, lo cual contradice los tratados contra la discriminación por género a los que Argentina suscribe».
«La negativa a sancionar la ley que reclamamos, y la insistencia en sostener un marco jurídico que cotidianamente muestra sus limitaciones, pone en riesgo nuestra salud y nuestras vidas. Las internaciones por complicaciones de abortos inseguros suman más de 49 mil anualmente, lo cual presiona aún más al sistema de salud. En la pandemia los abortos son una urgencia real que debe atenderse», aseguraron.
Al tiempo que destacaron: «Nuestro proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, impulsado por más de 700 organizaciones de diversa índole, debe aprobarse de manera urgente. Apelamos a los poderes públicos a que esta necesidad sea una realidad y un derecho efectivo. No queremos más muertes ni cárcel por abortar, niñas torturadas ni abortos inseguros. Exigimos el reconocimiento de nuestro derecho a decidir».
Promesa de campaña
A su vez desde el colectivo de mujeres Mumala también realizaron un exhorto para la aprobación de la normativa: «Comenzamos 2020 con la promesa del Gobierno sobre el tratamiento y aprobación del aborto legal, una deuda pendiente con las mujeres e identidades con capacidad de gestar de nuestro país. Sin embargo, meses después y en medio de la crisis de la pandemia, el Presidente anunció que no consideraba oportuno avanzar sobre este derecho fundamental por el cual venimos luchando hace años».
Además agregaron: «No es cierto que la legalización del aborto recargaría el sistema de salud en este contexto, al contrario, las interrupciones de embarazo con pastillas de Misoprostol son de tratamiento ambulatorio, seguras y con una alta tasa de efectividad. Los abortos inseguros generan complicaciones mayores, ya que muchas veces requieren de internaciones, cirugías de emergencias y muertes totalmente evitables, contrapusieron a los argumentos oficiales». 
También explicaron que «necesitamos un Estado que garantice nuestros derechos, no solo con la creación de Ministerios y designaciones de cargos sino con un presupuesto real y el tratamiento de proyectos que aseguren la autonomía de las mujeres sobre sus propios cuerpos y decisiones de vida». 
 «Desde Mumala seguiremos reclamando la urgente necesidad de que se trate y apruebe el aborto legal, el acceso pleno a la Educación Sexual Integral y la garantía de acceso a los anticonceptivos para decidir sobre nuestros derechos sexuales y (no) reproductivos», informaron desde la organización.
«Salir de la clandestinidad es urgente, con pandemia y sin pandemia, las mujeres, lesbianas, varones trans y no binaries seguimos abortando», finalizaron.
 



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