El STJ acusó a la jueza Pereyra por parcial y fallas procedimentales

El Superior Tribunal de Justicia del Chaco resolvió esta semana, mediante la resolución 274/19, acusar por parcialidad, serias irregularidades y fallas procedimentales a la jueza de Garantías 1 de Resistencia, María de las Mercedes Pereyra, para quien planteó un juicio político.
La decisión del máximo tribunal -que data del miércoles 13- recién se conoció ayer justo en medio del escándalo desatado por las filtraciones que involucran al procurador General Jorge Canteros (Ver nota principal).
El STJ -en la resolución- encomienda justamente a Canteros la formalización de la acusación a Pereyra ante el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento. 
Fuentes cercanas al tribunal dejaron trascender que la suerte de la magistrada del Juzgado de Garantías 1 estaba echada desde hace meses, pero que los tiempos se aceleraron en las últimas horas.
 
Fundamentos
La decisión se tomó en razón de lo estipulado por la ley 33-B (Digesto Jurídico) en sus artículos 8 inciso “g” (actos reiterados de parcialidad) e “i” (reiteración de graves irregularidades en el procedimiento) y el artículo 9 que faculta al STJ a proceder de la manera antes detallada.
 En sus fundamentos la resolución detalla que la magistrada “ha incurrido, en forma insistente, en graves irregularidades procesales, que motivaron la anulación de sus decisiones por parte de la Cámara de Apelaciones Criminal y Correccional de la Provincia” en diversas causas tramitadas en su juzgado.
 Esta conducta, “dada su arbitrariedad, revela un designio permanente de violar normas, configurando ello un patrón de conducta, indicios ciertos de mal desempeño que dañan de modo grave e irreparable la buena imagen del Poder Judicial ante la sociedad y tiñen de sospecha de que sus decisiones pueden ser encuadradas en actos reiterados de parcialidad manifiesta”.
Asimismo, señala, “ha incurrido en abusos de poder, excediendo sus facultades en detrimento del principio de imparcialidad y objetividad, invadiendo las funciones propias de los fiscales de Investigación, obstaculizando la labor investigativa, configurando de este modo un quiebre de las reglas del proceso acusatorio”. Lo cual “revela un apartamiento de la misión confiada al juez de Garantías, el que a diferencia del juez de Instrucción ya no es parte, no dirige el proceso, ni colecta pruebas, siendo su función la de adoptar las medidas de control que corresponden en los procesos penales” con las excepciones previstas en los artículos 349 y 19 de la Ley 965-N “supuestos que no se hallan presentes en las causas que motivan la presente actuación. Todo lo cual se erige como un daño al servicio de justicia y se traduce en un menoscabo a la investidura”.
 “Los señalados despropósitos en que ha incurrido en ejercicio de sus funciones la citada integrante del cuerpo judicial, se encuentran reiterados en todas las causas objeto de este análisis”, prosigue.
 En estos casos, aun cuando se trata de cuestiones concernientes a determinados contenidos de resoluciones judiciales intermedias y no definitivas de los procesos penales, sí tienen suficiente peso y entidad para realizar la acusación de Enjuiciamiento de la magistrada y precisamente en estos casos éstas causales habilitan el pedido de jury.

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