Avances y retrocesos en el sector

Colegio de Abogados: «Somos la caja de resonancia de la crisis»

El titular de la entidad que nuclea a los letrados de la capital, Amílcar Aguirre, al realizar su balance del año señaló el incremento de ligitiosidad en materia laboral lo cual, sumado a los paros de los trabajadores judiciales, atiborró el sistema. 

El que culmina fue un año con avances y retrocesos en materia judicial. Así lo señalaron desde el Colegio de Abogados de Resistencia, en contacto con la Voz del Chaco, al realizar el obligado balance ante el período que concluye. Sin dudas, en el primer aspecto se destacó la concreción del primer juicio por jurados en la provincia, mientras que en el segundo, los paros de los trabajadores judiciales afectaron la atención de la que dependen los letrados. Además, el sector fue «la caja de resonancia», de la crisis que se ciñó sobre el país, como herramienta de resolución de conflictos laborales principalmente, que recargaron aún más el resentido servicio judicial. Por esto entienden como una materia pendiente de solución de estas demandas antes que se reactive la actividad en febrero.
Fue el presidente del Colegio de Abogados de Resistencia, Amílcar Aguirre, quien enumeró las cuestiones más trascendentales: «Nosotros vemos es por un lado avances, en lo que fue el primer juicio por jurado del Chaco, muy positivo, porque hace un tiempo se trabajó en su implementación y significa un esfuerzo de todos los sectores involucrados por eso lo vemos como muy positivo, y por otro lado vemos como  una deuda las cuestiones  que tienen que ver con la permanente discusión de la cuestión salarial para los trabajadores y los magistrados, que eso redunda en la permanente situación de paros y de reclamos que resienten en forma muy importante lo que es el servicio de justicia», destacó.
Aguirre recordó que días atrás la institución emitió un «comunicado solicitando a las autoridades la necesaria mesa de diálogo para buscar una solución definitiva de este tema salarial». En cuanto los resultados de esta demanda, el referente de los letrados de la capital aportó: «Nosotros vimos la toma de decisiones del Superior Tribunal en cuanto a los descuentos de los días de paro a quienes no concurren a prestar servicio, y vemos que también hay una transición política en la Cámara de Diputados y  en el Ejecutivo lo cual hace que a partir de este martes 10, volver a retomar esta cuestión, porque que no se debe esperar a febrero para buscar una solución, porque cuando arranca la actividad judicial nuevamente tenemos que tener esto solucionado de antemano», instó.
Caja de resonancia
Sobre los efectos de la crisis sobre el sector, Aguirre aseguró que «la caja de resonancia respecto la situación general siempre tiene que ver con los reclamos judiciales, lo vemos tanto cuando se producen los despidos, cuando se presentan las crisis respecto a las situaciones laborales, cuando vemos los concursos y las quiebras, y lo que significan también el reclamo de los pagos, de cheques, situaciones prendarias», enumeró. «Vimos un incremento en la actividad judicial pero en algún sentido esto también se ve afectado por lo que significan los paros», reiteró. «La situación general significa para nosotros el incremento de la litigiosidad lo cual significa también un abarrotamiento de causas y también los reclamos por la situación de derecho que tienen, estamos hablando de despedidos y de indemnizaciones que no se hicieron y también los trámites relativos que la ley autoriza a cumplir en lo que son los concursos de quiebras», enumeró.  Por esto reiteró: «Es la caja de resonancia de las situaciones económicas, por eso es tan importante asegurar un servicio de justicia eficiente», entendió.
Al momento de mirar para adelante, y señalar las expectativas para el nuevo año, el titular del Colegio de Abogados capitalino manifestó «lo que esperamos el año que viene es que se implementen las modificaciones, por ejemplo sancionadas en el Código Procesal Penal de la figura de flagrancia;  también que se asegure la cuestión del servicio de justicia que para nosotros es muy importante y que obviamente bregamos por el mejoramiento del servicio que se presta que no sólo hacen uso los abogados, con la reducción de los plazos de los procesos que es otra cuestión fundamental para nosotros», recordó. 
Para dar una idea de la cantidad de profesionales que dependen de estas cuestiones, Aguirre explicó que «en la provincia hay más de 8 mil abogados matriculados, algunos ejercen activamente y otro no, si bien no tengo el número preciso de las matrículas activas, pero más a o menos tiene que haber entre 6 mil matrículas activas», estimó. 
 
democratizar 
la justicia
Al momento de analizar la más reciente incorporación judicial en la  provincia, el juicio por jurados, Aguirre resumió: «Lo que hace es democratizar de una u otra forma la decisión judicial. El primer juicio se solucionó sin largas audiencias, la implementación fue efectiva y rápida, y esto de lo que habla es que la sociedad debe involucrarse en la solución de los conflictos, en causas que son consideradas graves y que tienen un resultado conforme a lo que la sociedad espera», aportó. «No es la imposición de penas, sino la declaración de culpabilidad de acuerdo a la presentación de pruebas que las partes hayan hecho, apoyado también que por otro lado se puede discutir libremente cuestiones que frente a un juez y un jurado. Esto es gente común resolviendo sobre situaciones cotidianas y esto nosotros lo celebramos también».
Asimismo, destacó que el Chaco es una de las cuatro provincias que implementa el sistema de juicio por jurados, y recordó que «se trata de una ley que aprobada hace bastante tiempo, donde ha costado la implementación de un sistema que tiene sus defensores y detractores, pero que respeta una manda constitucional», indicó el letrado. La Constitución Argentina establece -desde 1853- el juicio por jurados como forma de juzgar los delitos criminales, en sus artículos 24 y 75 incisos 12 y 118. Pese a esto, el país, tardo más de 160 años en cumplir con la manda constitucional y en establecer una regulación normativa. El Chaco fue una de las primeras provincias en hacerlo en 2015, a través de su Ley 7661, actual 2364-B. La Ley chaqueña es una de las más completas. Prevé que el jurado este integrado por doce ciudadanos mayores de edad de entre 25 y 65 años, y dos suplentes, de los cuales la mitad serán hombres y la otra mitad mujeres, garantizando de ésta manera la paridad de género. Además prevé en su artículo 4° la integración del jurado con pueblos indígenas, cuando se juzgue un hecho donde el acusado y la víctima pertenezcan a la misma etnia.
Aguirre también recordó que «en ese sentido nosotros entendemos que la aplicación de las leyes vigentes es un imperativo, tanto es así que a instancias del Colegio de abogados en la última reforma procesal se sancionó el procedimiento de flagrancia, y que todavía hace más de seis años no se ha implementado».

En abril, elección para el Consejo de la Magistratura
El 30 de abril de 2020 finalizan los mandatos de los miembros titulares y suplentes que integran el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento; por tal motivo el Superior Tribunal de Justicia dispuso por resolución 1811/19,  convocar para el 16 de abril de 2020, a las 8, a los abogados de la matrícula con domicilio real en la provincia y que reúnan las condiciones exigidas constitucionalmente, para que elijan entre los inscriptos en los padrones de electores a dos miembros titulares y dos suplentes que integraran para integrar el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento. 
Los cargos corresponden a un titular y un suplente de la Primera Circunscripción Judicial, un titular de la Sexta Circunscripción Judicial y un suplente de la Segunda Circunscripción Judicial.  Quienes resulten electos durarán dos años en sus cargos.

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