PLANTEO RATIFICADO

El Estado provincial pidió elevación a juicio de la causa Caballero III


Se trata del expediente que investiga delitos de lesa humanidad cometidos por policías e integrantes de otras fuerzas de seguridad entre 1974 y 1979 en la Brigada de Investigaciones de Resistencia. La vicegobernadora firmó el requerimiento.

La vicegobernadora Analía Rach Quiroga firmó ayer el requerimiento de elevación a juicio oral y público de la megacausa de lesa humanidad conocida como Caballero III, en la que el Estado provincial es querellante desde 2010. 
El pedido fue presentado por la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros ante el Juzgado Federal 1 de Resistencia.
La causa investiga delitos cometidos por al menos once expolicías y mandos militares entre 1974 y 1979 en la que fuera la Brigada de Investigaciones de la capital chaqueña, que funcionó como centro de detención y tortura clandestino durante la última dictadura cívico-militar.
En el texto de la nota dirigida a la jueza federal Zunilda Niremperger, el Estado provincial ratifica su interés en que la causa sea elevada a juicio y el compromiso en la investigación, juzgamiento y sanción adecuada hacia los crímenes de lesa humanidad. 
«Para que así la memoria, la verdad y la justicia sean valores democráticos que pervivan en nuestra comunidad y del mismo modo el emblemático grito de Nunca Más sea un genuino y permanente sendero en nuestro país», expresó Rach Quiroga.
Del acto de firma participaron la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez; la subsecretaria de Derechos Humanos, Nayla Bosh; y el coordinador de Programa de Litigios Estratégicos, Paulo Pereyra.
 
Memoria, Verdad 
y Justicia
Pérez destacó que, mediante este pedido, el Estado provincial reafirma el compromiso que tuvo y tiene con las causas de lesa humanidad para mantener la memoria, la verdad y la justicia. 
La funcionaria explicó que Caballero III, es una megacausa ya que investiga hechos ocurridos no solo en la provincia, sino en toda la región. 
«Es una causa muy significativa porque aparecen detenciones, secuestros y violaciones de niños, niñas y mujeres», señaló al referirse a la causa que tiene un total de 33 víctimas y nueve acusados.
Pérez resaltó además que esto es parte del plan integral de asistencia que lleva adelante la provincia, acompañando a las víctimas de delitos cometidos durante la dictadura militar y sus familiares. 
«Vivimos un proceso histórico de reparación integral», consideró citada luego en un parte de prensa oficial.
Por su parte, Bosch remarcó como fundamental el compromiso y el acompañamiento del Estado a los organismos de Derechos Humanos ya que, actualmente, se vive un momento de recuperación de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. 
La funcionaria destacó, además, que el Chaco es pionera en la defensa de los Derechos Humanos, ya que además de que el Estado es querellante en varias causas, también trabaja en la lucha contra violencia institucional y de género. «Hay un alto nivel de organización y consolidación de organismos de derechos humanos, con un Estado provincial que toma esa lucha y la materializa en acciones», remarcó.
Pereyra, en tanto, recordó que desde 2010, durante el primer mandato del gobernador Jorge Capitanich, el Chaco fue la primera provincia del país en querellar en una casa de lesa humanidad. 
Hoy ya son ocho las causas en la que el Gobierno se presenta como querellante; siendo la provincia con más causas elevadas a juicio, más condenas y menos porcentaje de prisión domiciliaria para los genocidas. 
«Somos pioneros en materia de Derechos Humanos, es una política activa y genuina, con abordaje integral», culminó.

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