Son CUATRO los beneficiados por el fallo

Polic铆as involucrados en el ataque a la familia qom regresar谩n al servicio


Se trata de efectivos de la seccional Tercera de Fontana acusados por la represión que quedó registrada en video y motivó las críticas hasta del presidente Alberto Fernández. Una jueza les otorgó la libertad y cambió la carátula de la causa, pero seguirán imputados aunque trabajando en otra unidad. Derechos Humanos apelará la controversial medida judicial.

Por esas cosas que tiene la Justicia, violentas personas descubiertas atacando a otras quedaron en libertad. Lo más curioso es que los beneficiados son policías, justamente los que deben cuidar de los civiles, que en este caso eran de pueblos originarios.
Un fallo judicial ordenó la liberación de cuatro uniformados, pero todavía no saldrán a la calle ya que deben cumplir algunos aspectos legales y podrían volver a prisión en caso de que prospere la apelación que presentará la Secretaría de Derechos Humanos.
Por si fuera poco, los efectivos de la seccional Tercera de Fontana serán reincorporados al servicio activo. (Ver nota aparte)
También habrá otros organismos que siguen de frente este episodio tremendo de violencia institucional que, hoy por hoy, no muestra bien el potencial desenlace.
Incluso el propio presidente Alberto Fernández mencionó el tema en sus redes sociales y pidió justicia por la familia agredida.
Para colmo, la sensación de temor que tendrán los denunciantes es real, ya que creen que potenciales represalias e intimidaciones no tardarían en llegar, más allá de que la Justicia ordenó a los policías que no tengan ningún tipo de contacto con las víctimas.

EL FALLO
El Juzgado de Garantías 3 otorgó la libertad a los policías de la comisaría Tercera de Fontana, detenidos hace menos de dos meses por el ataque a una familia qom.
Son el oficial subayudante Cristian Eduardo Foschiatti, el sargento Cristian Omar Benítez, el cabo Cristian Ariel Flores y el agente Orlando Sergio Cabrera.
Parcialmente se modificó la causa, retirando la imputación por privación ilegítima de la libertad; quedando la de allanamiento ilegal en curso real con vejaciones. No fue incluido el probable abuso sexual que se mencionó ni tampoco hay evidencias reales sobre ello.
Se ordenó además la prohibición de acercamiento y de comunicación a través de cualquier forma y medio, ya sea directa o indirectamente de los imputados hacia los ciudadanos que fueron víctimas de este hecho y sus familiares.

Los imputados estarán en unidades no operativas 

El comisario Fernando Javier Romero, jefe de la Policía del Chaco, afirmó que los cuatro uniformados de la seccional Tercera de Fontana volverán al servicio activo, pero aclaró que la investigación interna continúa y que el futuro de estos está sujeto al fallo final de la Justicia.
En diálogo con LA VOZ DEL CHACO, el titular de la fuerza provincial indicó que «los empleados en cuestión regresarán al servicio efectivo, pero en unidades no operativas por el momento», por lo que no estarán cumpliendo funciones en la misma comisaría, sino que serán reubicados.
«La investigación interna continúa y la desarrolla el Órgano de Control Institucional (OCI), pero cerrará la causa con algún dictamen y tomará la medida a adoptar después de conocerse la correspondiente resolución judicial», agregó.

REINCORPORADOS
Hace poco más de un mes, la ministra de Seguridad, Gloria Zalazar, anunció que el Estado iba a ser querellante en la causa por apremios ilegales, amenazas de muerte y abuso sexual que protagonizó un grupo de policías de la comisaría Tercera de Fontana, el domingo 31 de mayo por la madrugada. Informó que el gobernador Jorge Capitanich ordenó la inmediata separación del cargo de los agentes implicados.
Zalazar, acompañada por el jefe de Policía, Fernando Romero, señaló que por instrucciones de Capitanich ordenó el inmediato apartamiento de los policías involucrados mientras continúen abiertos tanto la causa penal como el sumario administrativo.
«Ante los hechos de público conocimiento ocurridos el sábado en el que agentes policiales de la comisaría tercera ejercieron violencia policial hacia una familia en el barrio Banderas Argentinas, localidad de Fontana, el gobernador dispuso el inmediato apartamiento de estos agentes», dijo la ministra por entonces.

Amnistía Internacional observará el proceso


Amnistía Internacional reclamó una investigación urgente e imparcial por los hechos de violencia y abuso de la fuerza policial ocurridos contra una familia qom en Fontana.
En la madrugada del domingo 31 de mayo, un grupo de agentes de las fuerzas de seguridad ingresó violentamente y sin orden de allanamiento a tres domicilios del barrio Banderas Argentinas.
De la causa surge que efectivos ingresaron violentamente a las casas -tal como puede verse en una de las imágenes difundidas- y que se llevaron detenidos a tres jóvenes, entre ellos una chica, mediante forcejeos, empujones, golpes de puño, patadas y golpes con armas de fuego, mientras los insultaban y hacían referencia a su pertenencia a una comunidad indígena.
Fueron trasladados a la comisaría Tercera de esa localidad, donde continuaron los insultos, amenazas de muerte y agresiones, malos tratos, torturas e incluso una de las jóvenes denunció abuso sexual por parte de los agentes policiales.
Ante la gravedad de los hechos denunciados y su impacto en los derechos humanos, Amnistía Internacional está siguiendo de cerca el proceso judicial para contribuir a que se inicie una investigación imparcial que garantice el acceso a la justicia y la reparación a las víctimas.
En este sentido, la organización se reunió con la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la provincia, y mantiene contacto con la familia, la Defensoría Pública y el Comité Provincial de Prevención contra la Tortura del Chaco, quienes se constituyeron como querellantes en la causa.
Durante las últimas semanas, se imputó a cuatro agentes policiales y resta la identificación de los otros agentes que intervinieron en los hechos. Los cuatros efectivos fueron puestos en prisión domiciliaria y se dictó la prisión preventiva.
El miércoles, el Juzgado de Garantías 3 resolvió otorgar la libertad a los imputados y el cambio parcial de la carátula que ahora es «allanamiento ilegal en concurso real con vejaciones».
Las familias de las víctimas, junto con la Defensora Oficial, discutirán las últimas medidas tomadas en la causa y solicitarán un cambio de carátula en atención a la integralidad de los hechos que se denunciaron (entre ellos, privación ilegítima de la libertad y abuso sexual).


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