La emergencia econ贸mica fue prorrogada por 18 meses


Entre las leyes aprobadas ayer, sobresale la prórroga, hasta diciembre de 2021, de la Emergencia Económica y Financiera en el ámbito provincial.
La normativa, impulsada por el gobernador Jorge Capitanich, contó con el aval parlamentario. 
Se trata de la emergencia que originalmente fue impulsada en diciembre de 2015 y que tras sucesivos parches se extenderá hasta fin del año próximo.
Motivó la presentación del proyecto por parte del Ejecutivo, «la situación de emergencia sanitaria generada por la expansión global del virus Covid-19 que provocó una retracción en la actividad económica».
Según explicó el Gobierno, la prórroga fue solicitada debido a la situación de emergencia sanitaria de público y notorio conocimiento generada por la expansión global del virus pandémico, lo que ha provocado una fuerte retracción de la actividad económica, impactando negativamente en las recaudación tributaria, exigiendo asimismo el aumento en el gasto sanitario y medidas de extraordinarias y excepcionales como el aislamiento social, preventivo y obligatorio; la consecuente suspensión de términos y plazos administrativos y legales; licenciamiento obligatorio de agentes públicos; receso de la administración pública; organismos descentralizados, institutos y entidades tanto públicas como privadas, incluyéndose el receso del Poder Legislativo; y permitirá proteger los recursos y fondos disponibles de la Provincia para la atención de gastos imprescindibles para el sostenimiento de servicios esenciales; entre los que sobresale, en esta coyuntura, el servicio público de salud.
La iniciativa fue aprobada por los bloques presente con la excepción del diputado Aurelio Díaz, del Partido Obrero. 

DESESCALADA
La Legislatura también aprobó la Ley 3164-A por la cual se ratifica el decreto 843/20 del Poder Ejecutivo, instrumento legal que dispone la implementación del plan de desescalada que contiene las medidas adoptadas en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio.
El esquema, que rige en los hechos desde el 25 de julio pasado, es aplicación obligatoria para toda la comunidad, la administración pública, fuerzas de seguridad, organismos centralizados y descentralizados, institutos, entidades y empresas del Estado provincial o con participación estatal mayoritaria.
El diputado Juan Manuel Pedrini solicitó el tratamiento del proyecto y destacó que «cuenta con el consenso de distintas entidades de distintos sectores políticos, económicos y sociales».

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