Realizan m谩s denuncias por el IFE mal cobrado en Villa R铆o Bermejito


Tras la intervención de la Justicia Federal, el viernes aparecieron sospechas de que la secretaria de Desarrollo Social, esposa del intendente, y su cuñada, también se inscribieron para cobrar el beneficio social de la Anses. Habrían auditorías.

VILLA RÍO BERMEJITO. El fiscal federal de Sáenz Peña, Carlos Amad, inició una investigación a tres funcionarios municipales de Villa Río Bermejito que habrían cobrado el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que el gobierno nacional brindó a personas sin ingresos durante la pandemia.
Ahora, en el medio el portal local horizonteimpenetrable.com reveló que continúa el escándalo en la villa turística, ya que las nuevas involucradas en la sospecha de intentar cobrar el IFE son la esposa del intendente Julio Paredes y su cuñada.
Se señaló que investigaciones realizadas por vecinos y ese portal local dan cuenta de que Susana Noelia Rolaiser y su hermana, una profesora de la localidad, Catalina Rolaiser, se habrían anotado para recibir el beneficio que cobraron los exfuncionarios de Turismo, Relaciones con la Comunidad (este negó el intendente que sea funcionario) y de Tierras (Carlos César Pospisil, César Ramón Aznar y Diego Braun).
Con esta nueva denuncia, el fiscal Amad, además de llamar a indagatoria a los exfuncionarios deberá investigar si la secretaria de Desarrollo Social, y esposa del jefe comunal, y su hermana también hicieron lo propio.
En los próximos días los imputados «van a prestar declaración indagatoria porque ese es uno de los pedidos que se le había dicho al juez federal, lo más probable es que una vez que tengamos todos los informes que hemos pedido», había dicho esta semana Amad, antes de esta nueva denuncia. 
Pero, más allá de eso, agregó el fiscal que si reciben un informe «que diga que los señores ya cobraron, con el informe es suficiente como para que los señores se sienten y den explicaciones  como imputados, obviamente que ellos tienen el derecho de no declarar».
En cuanto a la investigación, el fiscal espera que «lo más rápido que se pueda vamos a tratar de llevar la causa a juicio porque así como se ve,  necesita una pronta resolución para que el pueblo sepa, para que la gente sepa lo que realmente pasa con sus funcionarios y para demostrar que la Justicia realmente funciona. Creo que esta es una manera de mirar que las instituciones funcionan como  corresponde».
A los tres funcionarios se los investiga por el delito de «defraudación a la administración pública», penas que van de 2 a 6 años de prisión, y con solo la tentativa a ser funcionario público en pleno ejercicio de sus funciones son pasibles de la imputación y posterior procesamiento en esta causa.


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