QUITILIPI
Intendente destituido confirmó denuncia penal para José Barnes
Martes, 24 de Octubre de 2017
Casalboni sigue dentro del edificio municipal. Informó que el interino «ha violentado e ingresado al despacho». También precisó sobre sus próximos pasos.
QUITILIPI. Carlos Casalboni pasó la segunda noche dentro de su despacho en el edificio municipal de Quitilipi, firme en su posición de la ilegalidad de su destitución. En ese sentido, ayer confirmó que ya presentó un amparo judicial y que están a la espera de una cautelar de parte de la Justicia. Y adelantó que tras ello actuará en forma judicial contra los concejales que votaron su destitución por «haber actuado en forma arbitraria». A lo que sumó violación de despacho y nombramiento de cargos por parte de José Barnes.
Comentó también en declaraciones radiales que el fiscal Gustavo Valero estuvo en la Intendencia y, tras hablar con él, le informó que «considera el episodio como un proceso administrativo, que no hay una causa en su contra y que no actuaría la fuerza pública».
Sobre la cautelar presentada, detalló que entre las irregularidades ya explicadas anteriormente hay que sumar que de los nueve concejales que participaron en la votación, tres integraban la comisión investigadora, por lo que no pueden ser parte de la votación. «Fueron parte y juez a la vez y eso no se puede», criticó.
Insistió en que sigue siendo el intendente de Quitilipi y afirmó que a pesar de que Barnes haya jurado ante el Concejo como interino «es totalmente nulo» y tendrá que responder ante la Justicia «por la barbarie que está cometiendo en esta intendencia».
Explicó sobre la denuncia penal que se encuentran haciendo sus asesores contra José Barnes por «violentar las puertas de su despacho de la Intendencia»; y detalló que puso custodia policial en otras oficinas de la Municipalidad ante advertencias de que se intentaba hacer lo mismo en otras áreas.
Para Casalboni lo que sucede en Quitilipi responde a «una movida política» y lo fundamentó en su decisión de «investigar las irregularidades millonarias» con las que dijo encontrarse cuando asumió.

QUÉ DICE EL GOBIERNO
El ministro de Gobierno Juan José Bergia reafirmó la postura del gobierno provincial frente a la destitución del intendente de Quitilipi Carlos Casalboni remarcando «el respeto a la autonomía municipal» y a las decisiones de los concejales facultados para tomar la medida. Aseveró que la postura de los ediles fue como consecuencia de los informes presentados por el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Investigaciones Administrativa (FIA).
Recordó que la situación se generó a partir expedientes que iniciaron los ediles locales. «Los que generaron este proceso de investigación y destitución es la alianza Frente de Todos, Cambiemos, o como se atribuyan el nombre», manifestó.
En este sentido, el ministro valoró la decisión de los ediles: «Cada concejal tiene la suficiente capacidad para votar según la documentación tiene en mano; y esto fue lo que ocurrió: El intendente que fue destituido tenía cargos muy serios, y los concejales obraron en consecuencia».
Asimismo, no desestimó los derechos del ahora exintendente: «Casalboni puede hacer los planteos que requiera, si considera que tiene la verdad; y la Justicia puede tomar la decisión que considere, y restituirlo si estima que las pruebas que aportaron los concejales no son suficientes para destituir al intendente», aclaró.

QUÉ DICE LA JUSTICIA
El procurador general Jorge Canteros se refirió ayer sobre la destitución y «atrincheramiento» del intendente de Quitilipi Carlos Casalboni. «Este es un caso que tiene dos cuestiones. Por un lado la situación jurídica-legal del intendente Casalboni, ya que fue destituido por quienes se pusieron de acuerdo, como los concejales de Cambiemos y el justicialismo, y entiendo que no está firme jurídicamente por lo que puede ser recurrida, así que el intendente va a agotar los medios legales y procesales que estén a su alcance para obtener la revocación de esta decisión, y además es un tema que no tiene que ver con la Justicia Penal», sostuvo.
Por otro lado, indicó que el fiscal Gustavo Valero «tuvo intervención en los incidentes  que se produjeron en su oportunidad cuando comenzaron los cuestionamientos a Casalboni, por parte de empleados municipales, de la comunidad y organizaciones sociales. Es por eso que ya estuvo resistiendo estos embates», confió el procurador.
«El fiscal Valero debe querer agotar las instancias antes de utilizar la fuerza pública, por eso todavía no está sellado el desalojo de Casalboni del municipio de Quitilipi», explicó Canteros en declaraciones a Radio21TV.

|APOYO PARA CASALBONI|
eliana nicoloff, diputados y concejales de la ucr. Encabezados por la presidenta del Comité Provincial de la UCR Elina Nicoloff, intendentes, diputados y concejales de la UCR provincial brindaron su apoyo a Carlos Casalboni en una reunión que mantuvieron con el jefe comunal destituido en su despacho. La reunión se concretó además con la presencia de Livio Gutiérrez. El objetivo del mitin fue brindarle su apoyo y analizar el panorama político tras la definición del Concejo de esa localidad de destituirlo. Postura que fue votada y avalada por ocho concejales a uno, entre ellos ediles de Somos Parte.
Acompañaron también la diputada Irene Dumrauf; y los intendentes de General Pinedo, Antonio Reschini; de Coronel Du Graty, Carlos Polini; el secretario del partido radical, Abel Silva; el concejal de Quitilipi, Hugo Sena; y el secretario de Acción Social del partido, César González.
«LA TOMA DEL STM DE PACÍFICA NO TIENE NADA». Casalboni contó que durante la permanencia de los referentes radicales en el edificio municipal, «los empleados que responden al STM, que encabeza Martín Fidel Toledo, se manifestaban con gritos e insultos frente al despacho». Dijo que «no dejaron que se hable con tranquilidad» y denunció que «golpeaban violentamente las puertas y ventanas», por lo que se tuvo que llamar a la Policía para que custodien la salida de los referentes. 

DIRIGENTE DEL PRO DE SÁENZ PEÑA SE SOLIDARIZÓ. Ernesto Blasco, dirigente del PRO en Sáenz Peña, dio su opinión respecto a la destitución del intendente Carlos Casalboni. En tal sentido opinó que «no está bien haber destituido de la forma en que lo hizo el Concejo a un intendente que fue elegido por el voto popular».
Sostuvo en tal sentido que «los ediles no pueden ser jueces y parte en estas supuestas denuncias contra el jefe comunal, deberían dejar en manos de la Justicia esta situación». Así se pronunció en contra de lo ocurrido en Quitilipi y se solidarizó con el intendente Casalboni y también con toda la comunidad que está sufriendo una crisis institucional por «el capricho de algunos dirigentes políticos sin importar lo que tenía para decir Casalboni en su defensa». 
«Es una situación delicada y todos los dirigentes debemos estar atentos a esta cuestión para que no se vulneren los derechos no sólo del intendente ahora suspendido, sino también de toda la comunidad que lo votó. Debemos  resguardar las instituciones y respetar el voto popular», sostuvo Blasco. 
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