Son efectivos de la seccional Tercera local, denunciados por la violenta represión a una familia qom, hace casi un año. Les imputan los delitos de vejaciones agravadas y allanamiento ilegal.
El fiscal provisorio en lo Penal Especial de Derechos Humanos del Chaco, Luciano Santos, clausuró la investigación y formuló el requerimiento de elevación a juicio contra nueve agentes policiales chaqueños por los brutales hechos de violencia institucional cometidos contra jóvenes de la comunidad qom en el barrio Banderas Argentinas de Fontana, a finales de mayo de 2020, en plena pandemia.
Fue uno de los casos más resonantes de violencia institucional que trascendieron a nivel nacional e internacional, cosechando repudios del mismísimo presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el seguimiento de organismos internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional, publicó Chaco Día por Día.
Santos pidió elevar a juicio a los agentes por los delitos de vejaciones agravadas, allanamiento ilegal y falsedad ideológica por el salvaje operativo del que formaron parte efectivos de la comisaría Tercera de Fontana en la noche del 31 de mayo de 2020. Sin embargo, las víctimas, sus familias y las querellas del Comité Provincial de Prevención de la Tortura y de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros apelaron la calificación de los delitos atribuidos y exigen que se tipifique a los hechos como torturas por los padecimientos físicos y psíquicos que debieron atravesar los jóvenes qom, quienes sufrieron la brutal represión. El delito de torturas prevé penas que van de los 8 a los 25 años de prisión.
También desde las querellas pretenden que se incluya entre los imputados al comisario que esa noche estuvo a cargo de la seccional Tercera de Fontana. En ese contexto, para el próximo 7 de mayo la jueza de Garantías, Rosalía Zozzoli, fijó una audiencia donde deberá resolver sobre todos esos planteos.
RACISMO VIOLENTO
El hecho que cobró trascendencia nacional e internacional a partir de la viralización de videos caseros filmados por las propias víctimas tuvo lugar durante la madrugada del 31 de mayo de 2020, alrededor de las 4.30, cuando los agentes Flores, Cabrera, Foschiatti y Benítez «irrumpieron violentamente, sin orden de allanamiento y aplicando patadas a la puerta de la vivienda» ubicada en el barrio Banderas Argentinas, de Fontana, para luego agredir a los ocupantes, dos varones y dos mujeres qom, una de ellas de 16 años.
Hubo empujones, patadas, golpes de puño y con armas de fuego por todo el cuerpo de las víctimas, además de manifestarles insultos y palabras denigrantes «hacia su condición de integrantes de la etnia aborigen».
Posteriormente, los jóvenes fueron trasladados a la comisaría donde continuaron recibiendo todo tipo de agresiones físicas por parte de los agentes policiales.
Una vez que vieron saciados sus deseos de agredir brutalmente a jóvenes indefensos de la comunidad qom, el oficial Foschiatti, como instructor, y el agente Vallejos, como secretario, labraron el acta de allanamiento cuyo contenido fue falseado, teniendo en cuenta que el supuesto testigo no se encontraba presente durante el operativo. Asimismo, la joven de 16 años permaneció alojada en la unidad hasta alrededor de las 9.25 del mismo día sin que el oficial Foschiatti pusiera en conocimiento de su situación al Juzgado del Menor que en turno correspondía, incurriendo en una nueva falta en su calidad de funcionario público.
Los imputados
Los imputados por este caso son los siguientes policías: Cristian Eduardo Foschiatti, a quien se acusa de allanamiento ilegal, vejaciones agravadas, falsedad ideológica agravada por ser cometida por un funcionario público y detención ilegal cometida por un funcionario público en el caso de una de las jóvenes qom; Cristian Omar Benítez, Cristian Ariel Flores y Orlando Martín Cabrera son acusados por allanamiento ilegal y vejaciones agravadas; Sebastián Alberto Vallejos fue imputado por vejaciones y falsedad ideológica agravada por ser cometida por un funcionario público, mientras que César Matías Torres, Diego Adrián Latorre, Sofía Daiana González fueron acusados por vejaciones agravadas y Antonio Andrés Fernández por vejaciones.
El más grave de los delitos imputados por el fiscal Santos, vejaciones agravadas, prevé penas que van de los dos a los seis años de prisión.