Serán juzgados por crímenes de lesa humanidad los ocho procesados en el expediente. La Secretaría de Derechos Humanos y Géneros confirmó ayer que garantiza la querella y acompañamiento a víctimas del terrorismo de Estado.
El gobierno provincial, a través de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, garantiza la querella y acompañamiento a víctimas en el marco del juicio por crímenes de lesa humanidad en la causa Caballero III, que comenzará hoy en Resistencia.
El Tribunal Oral Federal (TOF) de Resistencia, integrado por los jueces Rubén David Oscar Quiñones, Luciano Homero Lauría y José María Escobar Cuello, comenzará a juzgar a expolicías, militares y penitenciarios por delitos cometidos entre 1974 y 1983.
Las audiencias podrán verse en modo virtual a través del canal de YouTube del Tribunal y se llevarán adelante de lunes a viernes, a las 8.
El juicio comprende hechos que tuvieron como víctimas a 33 personas por delitos de privaciones ilegales de la libertad, tortura agravado por la condición de detenido político de la víctima, violaciones de domicilio, tormentos, las desapariciones forzadas de personas y abusos sexuales en centros clandestinos de detención, en Resistencia.
Se trata de la tercera parte de causa Caballero, que investiga crímenes de lesa humanidad en la Brigada de Investigaciones de la Policía del Chaco, principal centro clandestino de detención durante el terrorismo de Estado. Además, las personas secuestradas por los grupos de tareas del Ejército y la Policía eran llevadas también a la Alcaidía Policial y la Cárcel Federal U7.
El abogado querellante por parte de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, Duilio Ramírez, dio detalles de la causa que juzgará a ocho expolicías, militares y penitenciarios. «En esta oportunidad, los imputados serán Gabino Manader -sobre quien pesa la mayor parte de las causas-, José Rodríguez Valiente -quien es el segundo en cantidad de hechos imputados-, Ángel Jorge Ibarra, Francisco Álvarez, César Pablo Casco, José Tadeo Luis Betolli, Luis Alberto Pateta y José Marín», señaló.
El oficial Héctor Roldán, de la Alcaidía Policial, era el noveno acusado, pero falleció antes de llegar a juicio oral. Además, otros tres imputados fallecieron antes de la elevación Ramón Meza, Albino Borda y Enzo Breard.
«A todos se les imputa una serie diferentes de delitos de diversas índoles. A la mayoría de los imputados se les adjudica la comisión de tortura agravado por la condición de detenido político de la víctima», señaló Ramírez.
Las audiencias testimoniales se desarrollarán durante todo este mes y, siempre sujeto a la situación epidemiológica, se prevé que parte de los testigos declaren en forma presencial en la sede del TOF y otro grupo de testigos lo hará de manera virtual, incluyendo algunos que actualmente residen en Canadá y España, que ya declararon en causas anteriores.
«Va a haber una gran amplitud probatoria, van a poder declarar la gran mayoría de los testigos que fueron propuestos. Son testigos que han sido víctimas de severos delitos de lesa humanidad: secuestros, torturas agravadas por su condición de perseguidos políticos.
También se investigan casos de desaparición forzada de personas que hasta el día de hoy no han sido halladas, y dos casos de delitos de violencia sexual contra detenidas políticas», explicó.
El Estado querellante
Por último, Ramírez señaló que, desde la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, «valoramos mucho este juicio porque forma parte de la política de Estado que se está llevando adelante en la República Argentina. Además, ejemplifica la decisión política de la Provincia de presentarse como querellante en los juicios de lesa humanidad como defensa de los Derechos Humanos».
«Por ello, tenemos la esperanza de lograr condenas en este juicio debido a la enorme cantidad de pruebas que hay», finalizó Ramírez.
En la causa Caballero I, en la primera parte, en 2010, fue condenado Lucio Humberto Caballero, comisario y segundo jefe de la Brigada, junto a otros nueve expolicías y dos exmilitares. En Caballero II, en 2018, fueron condenados 11 expolicías y militares en un juicio que reconoció por primera vez en la región la comisión de delitos sexuales.