Se creará una unidad de operativos en todas las jurisdicciones; la medida surge en línea con el decreto provincial 792 y las normativas nacionales para reducir la circulación de Covid-19.
Tal como sucede en Resistencia desde el pasado fin de semana, en el marco de un decreto provincial y una resolución del Ministerio de Seguridad y Justicia, la Policía del Chaco, la Fiscalía Covid-19 y Secheep trabajarán en conjunto para prevenir y sancionar la realización de fiestas clandestinas en el resto de la provincia. Además de la detección e interrupción de reuniones, se aplicarán severas sanciones a los organizadores y/o propietario del inmueble donde se realice la misma.
Considerando que se encuentra restringida la circulación desde las 0 hasta las 6, y prohibidas las reuniones de más de 20 personas al aire libre, el Ministerio de Seguridad y Justicia determinó que tras la detección de fiestas clandestinas, se podrá detener al organizador o dueño del lugar donde se realicen, cobrar una multa, cortar el suministro eléctrico e iniciar una actuación penal por los delitos enmarcados en los artículos 202, 203, 205 y 239 del Código Penal de la Nación.
Reunión de trabajo para coordinar acciones
En ese marco, en la noche del jueves, la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar, mantuvo una reunión de coordinación de trabajo junto al procurador adjunto Miguel Fonteina; la cúpula policial, representada por el jefe de Policía del Chaco, Ariel Acuña; el subjefe David Vega; y el director Ejecutivo del Centro de Análisis Comando y Control Policial (Ceac), Ariel Bernard; la fiscala Graciela Griffith Barreto y sus cuatro ayudantes fiscales; y por Secheep estuvieron el gerente del Área metropolitana, Ariel Muñoz; y el jefe del Área Comercial, Ricardo Redchuk.
También participaron directores de zonas Metropolitana e Interior de la fuerza policial y personal de la Dirección de Inteligencia de la fuerza. En la jornada, las autoridades y sus equipos de trabajo coordinaron las acciones a llevar adelante en línea con las medidas de la resolución ministerial 509.
A través de esta resolución se crea un equipo de coordinación de acción temprana, y unidades de ejecución en cada dirección de zona y comisaría del Chaco.
En la reunión también establecieron el procedimiento judicial, ya que en caso de existir flagrancia, se procederá a la detención del organizador y/o del dueño del inmueble, al secuestro de equipos de sonido, iluminación, instrumentos musicales, elementos para la venta de comida y bebidas alcohólicas, vehículos.
El medidor de energía eléctrica retirado se pondrá a disposición de la Fiscalía para determinar cuándo corresponde la reconexión. Una vez radicada la causa, se solicitará a los bancos información sobre las cuentas bancarias y el embargo preventivo.
Se menciona que el decreto 15/2021 impone una multa de hasta diez salarios mínimos, vitales y móviles para quienes convoquen, generen, inviten y concurran a eventos sociales que violen los protocolos vigentes, y de hasta 20 salarios para los propietarios, locatarios, tenedores u ocupantes de los inmuebles donde se realicen dichos eventos.