El anuncio fue realizado ayer por el gobernador Jorge Capitanich y la vicegobernadora Analía Rach Quiroga. Se trata de un material escrito diseñado en conjunto entre el Ejecutivo provincial, el Poder Judicial del Chaco y Unicef Argentina.
«Es un avance cualitativo, tenemos el desafío de preservar la vida y recuperar la confianza en el presente y en el futuro, con las nuevas generaciones como protagonistas activas y con nuevos modelos que promuevan la cultura del buen vivir», dijo el gobernador Jorge Capitanich, ayer, durante la presentación del Protocolo de Intervención Intersectorial en Suicidio para su prevención, atención, registro y postvención, destacando además el documento elaborado entre el Estado provincial y Unicef Argentina.
El decreto provincial 1707 -firmado el 2 de diciembre del año pasado- creó la mesa intersectorial de prevención del suicidio y uno de sus principales objetivos era, precisamente, elaborar un protocolo de actuación. «Es un avance cualitativo. Tenemos el desafío de preservar la vida y recuperar la confianza en el presente y en el futuro, con las nuevas generaciones como protagonistas activas, con nuevos modelos que promuevan la cultura del buen vivir», expresó el mandatario.
Según el documento, que contó con la colaboración de especialistas nacionales e internacionales, a nivel mundial el suicidio es la segunda causa principal de mortalidad entre adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años. «La Argentina es uno de los países que coincide con esta tendencia; la mayoría de las personas que intentan suicidarse no buscan la muerte, sino que desean dejar de sufrir», indican.
A partir de un exhaustivo trabajo de investigación, los profesionales observaron que cada uno de los factores y categorías identificados son potencialmente prevenibles y que, con una identificación temprana y un tratamiento adecuado, se podría reducir sustancialmente el número de casos de suicidio y mejorar la salud de las personas en riesgo.
En ese sentido Capitanich señaló que la mejor manera de afrontar la problemática es «garantizando la asignación de recursos y la ejecución sistemática de políticas públicas que tiendan a la equidad distributiva del ingreso, a la mayor inclusión social y a la recuperación de modelos productivos, económicos y sociales que promuevan más trabajo y un futuro previsible».
En la mesa de presentación estuvieron también la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez; la subsecretaria de Salud Comunitaria, Entornos Saludables y No Violentos, Carolina Centeno; y la encargada del programa de Salud Integral en la Adolescencia, Liliana Ensisa. Por videoconferencia participaron en representación de Unicef Argentina, Luisa Brumana y Fernando Zingman.
Abordaje integral
Carolina Centeno contó que el equipo viene trabajando desde hace varios años en la sistematización de la información y en lo operativo para poder abordar esta problemática con el foco puesto en jóvenes y adolescentes.
«Para nuestro Gobierno provincial, el acceso de la salud mental y el cumplimento pleno de la Ley Nacional de Salud Mental son uno de nuestros principales objetivos, los cuales son más grandes aún en el contexto pandémico», remarcó la subsecretaria y consideró que esto abre puertas a nuevos desafíos, que tienen que ver «con la transformación de la lógica, de la visión y del paradigma que tiene hoy la problemática del suicidio dentro de los servicios sanitarios».
Liliana Ensisa dijo que «el protocolo y su flujograma de abordaje pretende ser una herramienta de trabajo para todos los sectores», y explicó que trabaja con la intervención «en un antes, un durante y un después, llegando a cada una de las instancias de las diferentes áreas del Estado provincial».
En tanto que Luisa Brumana, de Unicef Argentina, señaló que la problemática empeoró con la pandemia, en tanto que «genera la pérdida del proyecto futuro, la resignación frente a la incertidumbre y compromete seriamente el desarrollo afectivo», y recordó que desde 2016 el organismo contribuye a la producción de evidencia y elaboración de lineamientos de políticas públicas.
«En este marco se hace imprescindible prestar atención especial a niños y adolescentes tanto desde la salud, como la educación y la justicia, y estar preparados para generar estrategias que garanticen el acceso a servicios y poner en práctica la capacidad de residencia y adaptación al nuevo contexto», sostuvo la especialista.
El protocolo presentado ayer implica la coordinación de los ministerios de Salud Pública, de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, de Desarrollo Social y de Seguridad y Justicia; la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros; el Superior Tribunal de Justicia y el Ministerio Público de la Defensa.
El documento agradece especialmente la colaboración de José González, de la Dirección de Adolescencia y Juventudes del Ministerio de Salud de la Nación; de los trabajadores de la Comisión Nacional Intersectorial para el Abordaje Sociocomunitario de la Problemática del Suicidio (Conasui); de Silvia Bentolila, consultora de Unicef y asesora de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones; de Sandra Novas, jefa del Servicio de Psiquiatría Infanto-Juvenil del Hospital Gutiérrez; de Daniel Korinfeld, magíster en Salud Mental Comunitaria y experto en la problemática del suicidio; «y de todas las personas que participaron de alguna u otra manera en el desarrollo de este material».