Así lo manifestó la directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias, María José Castillo, quien precisó que actualmente se existen unas 80 situaciones de conflictos por las tierras en todo el país.
Los desalojos de pequeños y medianos productores de la agricultura familiar, campesina e indígena se acrecentaron en los últimos años y se agudizaron durante la pandemia, situación por la cual la directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias, María José Castillo, resaltó la necesidad de prorrogar la prohibición de desalojos y avanzar en un programa de regularización.
Mientras se espera que el Congreso Nacional apruebe la prórroga de la ley 27.118 que establece la prohibición de desalojos, Castillo, subrayó como problemática la situación del sector donde “llegan todos los días órdenes de desalojo y no se puede estar pensando en construir un programa de regularización y mejora de la tenencia de la tierra si a la vez teniendo se suman estos desalojos todo el tiempo”.
“Hay un gran número de familias de la agricultura familiar con tenencia precaria, lo que acarrea por supuesto, la posibilidad de la pérdida de la tierra y de sufrir desalojos y conflictos que llevan a la criminalización de las familias”, destacó Castillo quien se desempeñó como abogada de familias campesinas y forma parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI).
En septiembre del 2020, se puso en funcionamiento el Protocolo de Abordaje y Seguimiento de Conflictos Territoriales, a partir del cual se detectaron 80 situaciones de conflicto por las tierras.
“La mayoría de estos casos son de desalojo y esto da cuenta de una situación bastante compleja, que se agudiza por la pandemia. Una familia que está expuesta a sufrir un desalojo hoy está en un cuadro mucho peor que hace dos o tres años atrás, porque no había esta pandemia. Entonces, hay una situación grave que estamos abordando”, explicó Castillo.
La suspensión de los desalojos
La ley 27.118/15 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, estableció en su artículo 19 la suspensión por el término de 3 años el desalojo de agricultores familiares.
En 2018, al vencerse este plazo, se aprobó en el Congreso la prórroga por un año, pero desde 2019 el sector de pequeños y medianos productores se encuentra desprotegido frente a las cautelares judiciales que ordenan la expulsión de las familias, sin tomar en cuenta la situación posesoria que tienen los que la habitan.
Telám