El intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, y funcionarios de toda la estructura administrativa del municipio participaron ayer de la primera jornada de capacitación en materia ambiental en el marco de la Ley Yolanda (Ley 27592).
La iniciativa estuvo destinada exclusivamente a servidores de los departamentos Ejecutivo y Legislativo, además de la Justicia de Faltas comunal.
Tras la jornada, el jefe comunal adelantó la presentación de un proyecto de ordenanza de autoría del Ejecutivo para la adhesión a esa normativa nacional y su correlato provincial.
La actividad -desarrollada en el Centro de Convenciones del Domo del Centenario- contó con la disertación por parte de integrantes del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados, quienes expusieron acerca de la necesidad de que Resistencia revalide su postura ambiental permanente en el tiempo, para satisfacer las necesidades de una comunidad que demanda la revalorización de sus recursos naturales como potenciadores de un desarrollo sustentable.
Al respecto, Martínez destacó la participación de funcionarios municipales de todas las áreas y felicitó el compromiso de la Subsecretaría de Ambiente (dependiente de la Secretaría de Planificación, Infraestructura y Ambiente) para coordinar esta actividad que contó con distinguidos disertantes en materia ambiental.
«El Estado es el primero que marca la impronta que la sociedad luego acompaña. Si nosotros los funcionarios nos comprometemos un poco más con el cuidado del ambiente vamos a lograr la posibilidad de que la sociedad tome conciencia. Por eso creemos que las políticas ambientales son transversales a todas las áreas: cualquier estructura que ahorra en papel y se maneje en electrónico está haciendo política ambiental», ejemplificó, para luego resaltar que Resistencia dispone del Código Ambiental elaborado hace pocos años.
Compromiso
con el ambiente
A su vez, el intendente sostuvo que la pandemia potenció la reflexión sobre la importancia que tienen los espacios comunes, el espacio al aire libre y sus cuidados. Por ello, sostuvo la necesidad de «visibilizar las distintas acciones que generan daños al ambiente» y estableció el objetivo de que las instituciones de gobierno asuman el respectivo compromiso «porque indudablemente somos quienes generamos un reflejo muy fuerte ante la conducta de la sociedad».
«La ley implica un compromiso con responsabilidad y con sanciones. Pero los pasos tienen que ser concretos para que la sociedad pueda acompañar. De esa manera, debemos establecer mecanismo permanente de capacitación y lograr un proyecto que implicará un compromiso para el gobierno de la ciudad», agregó.
«Nuestro compromiso es real con respecto a estas acciones y al respecto tenemos un accionar muy importante en el territorio», citó Martínez, acerca de los permanentes servicios brindados a los vecinos y vecinas para cuidar el ambiente (por ejemplo, planificación y concreción en el despeje de minibasurales).
La Ley Yolanda establece que todos los empleados y empleadas de la función pública deben recibir una capacitación obligatoria en materia ambiental.
El secretario de Planificación, Infraestructura y Ambiente, Guillermo Monzón, felicitó al Instituto de Derecho Ambiental en su colaboración para formar e informar a los funcionarios municipales sobre la temática porque «los municipios somos los gobiernos que estamos en contacto directo con los vecinos y vecinas de las ciudades y por ese motivo es importante que nos formemos en esta materia porque el ambiente está relacionado con lo natural y lo construido. Es aportar y generar calidad de vida para los ciudadanos y ciudadanas, para que tengamos perspectiva de un desarrollo sostenible de la ciudad, teniendo como eje al ser humano».
A su vez, Mariano Moro y Evelín Miño, director y codirectora del Instituto, dependiente del Colegio de Abogados, indicaron que esta actividad es la primera de otras que se llevarán adelante con el correr del tiempo y que resultó ser un «puntapié importantísimo» para consolidar las políticas ambientales que Resistencia puso en práctica.