Con la Constitución Apostólica Pascite Gregem Dei, el pontífice dio este martes un paso más en su lucha contra la pederastia dentro de la Curia y enfatizó las herramientas penales con las que la Iglesia sancionará esas conductas.
El Papa Francisco incorporó al Derecho Canónico los delitos de abusos a menores y la posesión de pornografía infantil como crímenes «contra la vida y la dignidad», según una nueva Constitución en materia penal para la Iglesia publicada este martes por el Vaticano que busca «responder adecuadamente a las exigencias de la Iglesia en todo el mundo».
La nueva normativa, que entrará en vigencia el 8 de diciembre y requirió más de 12 años de estudio, incorpora también la criminalización de los abusos a mayores y las agresiones sexuales cometidas por laicos, entre otras modificaciones generales que alcanzan también el plano de los delitos financieros.
A través de la Constitución Apostólica Pascite Gregem Dei («Alimenta el rebaño de Dios»), el pontífice dio este martes un paso más en su lucha contra la pederastía dentro de la Curia y enfatizó las herramientas penales con las que la Iglesia sancionará esas conductas, que pasarán a estar calificadas como uno de los «delitos contra la vida, la dignidad y la libertad del hombre».
La modificación penal, que reemplaza normas de 1983, marca el enfoque integral que el da el Papa a la problemática de los abusos, penalizando a los autores materiales y también a los encubridores, en un capítulo más de la batería legal que Francisco ha ido impulsando especialmente desde inicios de 2018.
Además, la nueva disposición penal dada a conocer este martes plantea a través de la reforma del Libro VI del Código de Derecho Canónico que también serán penalizados ese tipo de delitos cometidos por laicos que ocupen funciones en la Iglesia, que antes quedaban fuera del radar de las sanciones vaticanas, y ya no solo los cometidos por religiosos.
En febrero de 2019, al cerrar una histórica cumbre antipederastía, el Papa había considerado «necesario cambiar la mentalidad para combatir la actitud defensiva-reaccionaria de salvaguardar la Institución, en beneficio de una búsqueda sincera y decisiva del bien de la comunidad, dando prioridad a las víctimas de los abusos en todos los sentidos».