La misma estará a cargo del Instituto de Cultura y tendrá la responsabilidad de la elaboración del programa oficial de actividades educativas y culturales para la conmemoración que, a causa de la pandemia, se realizará en 2022.
«Nuestra iniciativa tiende a ser plural y abierta, con múltiples miradas que tienen que ver con nuestra identidad plurilingüe y multicultural. Vamos a proponer un plan de acción que se extienda de aquí en adelante para reivindicar nuestra historia, nuestro patrimonio y el legado de nuestros padres fundadores, que tuvieron un gran impulso aquel 8 de agosto de 1951», aseguró Capitanich.
La Comisión tendrá la responsabilidad de la elaboración del programa oficial de actividades educativas y culturales para la conmemoración, decidiendo sobre la distribución de espacios, el calendario de actos festivos, entre otros aspectos, para potenciar la participación de la ciudadanía y de entidades representativas.
La misma comenzará a funcionar desde este jueves y se extenderá hasta el 8 de agosto de 2022, mientras que la propia Comisión establecerá la periodicidad de sus reuniones y sus miembros no recibirán remuneración alguna. «Estas actividades no las podremos hacer cómodamente este año por la pandemia, pero para el que viene estaremos en condiciones de contar con eventos de mayor participación comunitaria», explicó el gobernador.
La coordinación estará a cargo del Instituto de Cultura, que organizará pautas de funcionamiento interno y subcomisiones para el tratamiento de los temas que le parezcan pertinentes para definir una agenda común de eventos y actividades. De esta manera, y de forma mensual, el Instituto comunicará un informe de las propuestas y sus desarrollos al Poder Ejecutivo para su contemplación.
El organismo estará conformado por un delegado de cada una de las siguientes entidades: Comisión Provincial de Patrimonio, Secretaría de Municipios, Poder Legislativo, Poder Judicial, Uncaus, Unne, UTN, Junta de Estudios Históricos, Instituto de Geo Historia Regional (Conicet-Unne), Meccyt, Came, Sociedad Rural del Chaco, CGT, Museo Histórico Político del Peronismo Chaqueño, de la Mesa Interreligiosa, de juventudes y de comunidades originarias.
De la presentación, realizada por teleconferencia, participaron ministros, secretarios y funcionarios del gobierno provincial; el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Hugo Sager; el presidente de la Junta de Estudios Históricos, Enrique Grbavac; y la investigadora, María Silvina Leoni; entre otras autoridades y personalidades. «A pesar de la pandemia, resulta importante aprovechar las circunstancias del caso para divulgar nuestra historia, ya que lamentablemente observamos que no todos los habitantes conocen en detalle el desarrollo de nuestro territorio y sus sucesivas leyes. Nuestra riqueza histórica requiere de una consideración especial», afirmó el mandatario.
En este sentido, Capitanich destacó que, días atrás y siguiendo esa premisa, se solicitó una estrategia de financiamiento al Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación «para contar con centros de interpretación histórica en nuestra provincia, que nos permitan una participación y construcción democrática de los hechos». Además, también anticipó que «se está impulsando la posibilidad de una refacción integral de la escuela 2 Raúl B. Díaz, donde se celebró la comisión constituyente que dio origen a nuestra constitución provincial en 1951». Por su parte, la presidenta del Instituto de Cultura, Mariela Quirós, hizo hincapié en el objetivo principal de «convocar a la búsqueda de modos de repensar y trasmitir esa experiencia de manera compartida, buscando llegar a los jóvenes, a los docentes, a los estudiantes, a las organizaciones comunitarias, para pensarnos y proyectarnos como chaqueños».
En esta línea, Quirós resaltó que «esta conformación es la definición de convocar a la mirada de la trayectoria institucional del Chaco desde las más diversas posiciones sociales y políticas, dando lugar a gestar el más amplio programa de acciones y creaciones culturales».
Reseña histórica
La Ley 1532 de 1884 dispuso la creación del Territorio Nacional del Chaco, con capital en Resistencia. La administración estaba en manos de un gobernador nombrado por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del Senado. En este período, el municipio constituía el único ámbito de expresión política de los habitantes. El censo de 1920 reveló que en el territorio del Chaco se hallaban 60.564 habitantes; superando la población exigida por el artículo cuatro de ley para ser declarado «Provincia Argentina». Ante ello se sucedieron varios proyectos de provincialización para el Chaco, pero ninguno llegó a ser considerado.
Las gestiones más serias para la provincialización fueron encaradas por el movimiento obrero chaqueño (CGT), que había ganado el apoyo de Eva Perón y trataba de movilizar la opinión pública local con reuniones en todo el ámbito territorial. A partir de allí, y con el impulso de Juan Domingo Perón como presidente del país, se logró la sanción de la Ley 14097 el 8 de agosto de 1951, la cual declaró como Provincia al Territorio Nacional del Chaco.