El Gobierno del Chaco informó que continúan las investigaciones para esclarecer los hechos ocurridos este viernes en General San Martín, y que tuvieron como saldo el fallecimiento de un joven qom, de 23 años, que se presume habría sido víctima de violencia institucional por parte de las fuerzas policiales.
La secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez, informó que el área a su cargo se constituirá como querellante en la causa, con el consentimiento de familiares directos de la víctima.
La decisión surgió luego de una visita que incluyó a los equipos técnicos del Ministerio de Seguridad y Justicia, la Subsecretaría de Derechos Humanos y otras áreas. La causa se encuentra en la Fiscalía de Derechos Humanos de Sáenz Peña y, en el marco de la investigación, fueron detenidos varios efectivos policiales.
Además, de manera inmediata y una vez conocidas las circunstancias del hecho, la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar, el subsecretario de Planificación de Seguridad de Justicia, Leandro Alvarez, el Jefe de Policía, Ariel Acuña, y el Subjefe de Policía, se hicieron presentes en el lugar para garantizar el ingreso de los actores judiciales e iniciar el procedimiento de investigación.
“Escuchamos los testimonios del barrio y acompañamos al ayudante de la Fiscalía de Derechos Humanos, César Hidalgo, para que pudiera tomar los nombres y apellidos de los testigos oculares», amplió la funcionaria.
El Gobierno de la provincia dio intervención a todos los organismos de Derechos Humanos, tanto provinciales como nacionales e internacionales. Al determinarse los responsables, serán sometidos al proceso administrativo de exoneración, garantizando la transparencia e independencia absoluta en la investigación penal del delito que correspondiese.
ACCIONES JUNTO A LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN
El gobernador Jorge Capitanich solicitó la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Horacio Pietragalla Corti, con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso de investigación.
Desde el Gobierno manifestaron que existe una decisión política de garantizar el esclarecimiento de los hechos en los términos establecidos por las normas internacionales, nacionales y provinciales, en materia de derechos humanos..