A la semana de la detención de cinco agentes de la comisaría de General San Martín, por la muerte del joven Josué Lago, solo uno quedó en prisión y el resto fue liberado.
Entre la presión social, el encadenamiento de sus familiares exigiendo la libertad y los motivos esgrimidos por sus abogados, la Fiscalía que entiende la causa ordenó que 4 de los policías salgan del calabozo.
Fue a través del oficio 254 firmado en el viernes por la fiscal especial de Derechos Humanos, Silvia Mariela Slusar.
De esta manera, recuperaron la libertad Francisco Torres, Javier Ramón Miño, Mauro Alejandro Ramírez y José Alberto Gauto. Estaban imputados en la causa por homicidio, expediente 5337/2021-2 que se tramita en esa Fiscalía Adjunta en lo Penal Especial en Derechos Humanos.
El que no tuvo el mismo beneficio fue el agente Guillermo Pablo Viñuela.
También se suspendieron las audiencias de declaración de imputados a los cuatro efectivos.
ENCADENAMIENTO
María Laura Gauto y Andrea Moyanesi se encadenaron el viernes por la noche frente a la Fiscalía de Derechos Humanos de Sáenz Peña para reclamar la liberación de sus familiares detenidos por la causa Lago. Ayer levantaron el acampe.
«Mi vida cambió para siempre y nadie me va a callar», expresó Moyanesi. A modo de custodia hay al menos 10 policías, patrulleros y otros expolicías. Estos últimos brindaron consuelo a las mujeres y les manifestaron su apoyo a la causa.
En ese contexto, desde la Asociación Civil Policías y Penitenciarios del Chaco emitieron un comunicado explicando que se tomó conocimiento que familiares de los cinco policías detenidos por la causa de General San Martín, se encadenaron frente a la Fiscalía de Derechos Humanos de Sáenz Peña, solicitando la libertad inmediata de los mismos, atento a que ha pasado una semana y estos no han sido notificados de su situación legal.
Por ese motivo, «desde nuestra Asociación se les está brindando acompañamiento y contención», remarcaron. Se dio intervención al personal Sección Capellanía Evangélica y de la División Violencia Familiar y de Género de Sáenz Peña.
Los arrestos fueron ilegales, dijeron los dos abogados
Los abogados Leandro Fioravanti y Sebastián Quintana, representantes legales de los cinco policías detenidos, dijeron que el arresto no fue legal. Ante la prensa, explicaron sus motivos.
Entre los argumentos esgrimidos, indicaron que a una semana del hecho no se tomaron declaraciones a sus defendidos. «En ningún proceso penal una causa puede avanzar si las personas señaladas no están en esta situación, es decir no se les tome esta audiencia», dijo.
Señalaron que «una persona no puede estar en calidad de detenida más de 24 horas sin que se les tome declaración de imputados y como habíamos afirmado inicialmente ya llevamos una semana, cinco días hábiles y todavía estas no se pueden defender».
También protestaron por no tener acceso completo al expediente, salvo el martes pasado y de manera parcial.
«Lo único que tenemos del expediente es una copia del martes 15 pasado, donde no se había incorporado el informe preliminar de autopsia, no tenemos resultados de dermotest, lo único que pudimos tener acceso es a un examen ocular que hizo Gendarmería y dos declaraciones testimoniales que se recibieron en General San Martín», detalló.
«Tenemos resuelto hacer una presentación en la Procuración General poniendo en conocimiento a las autoridades sobre esta situación», aseveró.
«Desde nuestra lectura entendemos que los elementos con los que cuenta la fiscal no le resultan suficientes para lograr los fines de la imputación. Es decir no tiene las pruebas suficientes como para poder endilgarle a estos cinco empleados policiales un delito en particular», dijo.
«No podemos tener certeza sobre cómo vamos a defender a estas cinco personas y ellos tampoco van a saber cómo defenderse, si el motor elemental de esto es la prueba. Si las pruebas no se producen, claramente el ejercicio de la defensa se hace imposible. No nos dan el acceso correspondiente a la causa. Nos pone en una imposibilidad de conocer qué pericias se ordenaron, qué medidas se ordenaron», comentó.
«La declaración de imputado se tiene que dar necesariamente o si no los tiene que poner en libertad», finalizó.