En una sesión histórica, el Senado aprobó la Ley de Cupo e Inclusión Laboral Travesti-Trans, mediante la cual se continuará ampliando los derechos de este colectivo.
Con la sanción unánime que significaron los 55 votos afirmativos, uno en contra y seis abstenciones, la Cámara alta convirtió en ley la promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero «Diana Sacayán – Lohana Berkins» dando respuesta a años de luchas y demandas por mejores condiciones de vida. La norma establece que el Estado nacional, «comprendiendo los tres poderes que lo integran, los ministerios públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado», debe garantizar un cupo laboral de al menos el 1% con personas travestis, transexuales y transgénero. De esta forma se universalizó esta política, que en la provincia se implementa hace tres años, siendo pionera con la sanción de su ley de cupo laboral trans en 2018.
Ante esto la senadora por el Chaco, María Inés Pilatti Vergara, quien acompaño la norma afirmativamente consideró que se trata de «un acto de justicia e inclusión social».
«No es casualidad que la ampliación de derechos ocurra siempre durante gobiernos populares», manifestó en referencia a la aprobación de la norma.
En esa línea la legisladora chaqueña remarcó que esta ley se inscribe en una serie de normas destinadas a garantizar equidad como Matrimonio Igualitario (2010), Identidad de Género (2012) e Interrupción Voluntaria del Embarazo (2020). «Estas leyes avanzan durante gobiernos peronistas porque existe la voluntad política de mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo», puntualizó y subrayó que la norma expresa además un reconocimiento a «la lucha incansable de un colectivo que jamás se rindió por conquistar la igualdad de derechos».
Asimismo, la senadora recordó las palabras de Cristina Kirchner, quien tras la promulgación de la Ley de Matrimonio Igualitario afirmó «que se había despertado con la sensación que no le estaba quitando derechos a nadie. Que nadie le había sacado nada y ella no le había sacado nada a nadie; al contrario, se le estaba dando a otros y otras cosas que les faltaban y que una parte de la población ya tenía».
qué establece la ley
La normativa fija un mínimo del 1% de la dotación de la administración pública para personas travestis, transexuales y transgénero en todo el territorio argentino. Además, para garantizar la igualdad real de oportunidades, la terminalidad educativa no resultará un obstáculo y se permitirá el acceso al empleo con la condición de cursar los niveles educativos requeridos y su finalización.
Otro de los puntos manifiesta que «los organismos públicos deben promover acciones tendientes a la sensibilización con perspectiva de género y de diversidad sexual en los ámbitos laborales, para una efectiva integración de las personas travestis, transexuales y transgénero».
Como incentivo al sector privado, el proyecto dispone que «las contribuciones patronales generadas por la contratación de las personas beneficiarias podrán tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales». Este beneficio será de hasta dos años para las micro, pequeñas y medianas empresas.
Realidad invisibilizada
El 16% de las personas trans fallecidas el año pasado fueron víctimas de crímenes de odio y el 84% murió prematuramente como consecuencia de la exclusión sistemática, lo que se denomina «travesticidio social».
Las alarmantes estadísticas se desprenden de un relevamiento realizado por la Asociación Civil Trans La Rosa Naranja, revelando que el año pasado fallecieron al menos 75 personas trans, con una edad promedio de 39 años (37 años menos que los 76 de la media de la población argentina).
Además, otras once mujeres trans fueron asesinadas el año pasado, según el Informe Crímenes de Odio 2019 de la Federación LGBT+ que registró igualmente 62 «travesticidios sociales».
La aprobación de esta ley representa un avance sustancial en la generación de herramientas para garantizar al colectivo travesti-trans una mejora en las condiciones y expectativa de vida, ampliando las posibilidades para el acceso a la educación, la salud y la vivienda.