Este lunes Noelia Canteros fue a la Justicia a ratificar la denuncia. El gobernador se refirió al tema. “Es un tema que nos preocupa y ocupa”, afirmó.
Con más de 250 vehículos del Estado involucrados, la causa por las transferencias ilegales iniciada tras una denuncia de la Secretaría General de la Gobernación avanza. Sobre este tema fue consultado este lunes el gobernador Jorge Capitanich en una reunión que tuvo con los medios de comunicación, donde dio precisiones.
“Nosotros hemos propiciado la denuncia y con la investigación judicial vamos a poder determinar cuáles son los vehículos y en virtud de ello el perjuicio ocasionado. Es un tema que nos preocupa y ocupa”, afirmó.
La Provincia presentó en total tres denuncias ante la Justicia Federal y provincial respecto a la transferencia ilegal de vehículos pertenecientes al Estado provincial. Se trata de vehículos que debían ser subastados, pero que fueron adulterados y las verificaciones protocolares “salteadas”.
El fiscal Roberto Villalba es quien está a cargo de la investigación en la Justicia ordinaria por una denuncia del titular del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, Víctor Adrián Veleff y precisó que “se trató de 254 vehículos transferidos mediante el mismo modus operandi”, reconoció en declaraciones a Radio Nordeste.
Este lunes fue Noelia Canteros, secretaria General de la Gobernación fue a ratificar la denuncia ante la Justicia Federal. “Hay un proceso de investigación que debe deliberar el modus operandi de la adulteración de documentación que implicó infringir normas en beneficio propio”, explicó y reconoció que eso sucedió en la gestión anterior.
Apuntó que se espera, por un lado, “la identificación de los vehículos que pudieron ser susceptibles de maniobras de esta naturaleza” y “segundo, con toda la documentación respaldatoria aportada por el Estado provincial y la investigación por parte de la Justicia deberíamos tener un esclarecimiento de los hechos porque eso dispararía con varias medidas que tienen que ver con sanciones administrativas y exoneración, y obviamente el proceso penal correspondiente para la determinación de la culpabilidad”, señaló.
“El Estado es querellante particular en la causa porque es un delito de acción pública”, reiteró.
Las irregularidades fueron detectadas el pasado jueves 17 cuando se observó una leve diferencia en el color de impresión de la tipografía impresa en el Anexo de la copia fiel del Decreto Provincial 3261/2015 que ordenara la subasta de automotores del Estado Provincial.
En una investigación más profunda es que se corrobora que los datos de la página oficial del Gobierno y los contenidos en el anexo del Decreto no coinciden con los presentados. No coinciden tampoco el dominio, ni el vehículo, ni el adquiriente, observando además que hay varios vehículos mencionados en el decreto que tampoco se corresponden con el texto de la copia que recibió del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor.
Los que hicieron la maniobra -y que está en plena investigación judicial- subastaban los vehículos del Estado calificados como en «desuso, improductivos y antieconómicos» pero, estos, tras ser comprados por aproximadamente $40 mil pesos, eran adulterados y a la hora de que el comprador reciba el rodado, sus documentaciones eran modificadas por lo que recibían como beneficio un vehículo extra.
De acuerdo a la denuncia que hizo Canteros, los casos procedentes de esta modalidad datan desde hace cinco años, siendo la última irregularidad detectada en 2020.
