Se intensifican las diferencias entre abogados por la Ley de Colegiación

El proyecto de ley para la colegiación obligatoria de la abogacía, que se encuentra analizando la Cámara de Diputados de la provincia en su comisión de Asuntos Constitucionales, continúa dividiendo a los profesionales, entre quienes apoyan la iniciativa, como el Consejo de Abogados y los que se oponen, el Colegio de Abogados. Con el correr de los días, la defensa de las posturas se fue intensificando, con diferentes medidas, como manifestaciones frente la Legislatura de un grupo de letrados independientes. O la difusión de audios y flyers que convocan a escrachar a jueces, diputados, que apoyan la iniciativa, campaña que denunció el presidente del Consejo, Ricardo Urturi, días atrás, que repudió.
Desde el Consejo Abogados continúan difundiendo las bondades del proyecto, y en este sentido, Miriam Ramírez miembro del Instituto de Géneros, en declaraciones a radio Nacional Resistencia, explicó en qué consiste la normativa y destacó sus beneficios.
Regulación
de la profesión
«Este es un proyecto de ley que regula el ejercicio de la profesión de la Abogacía, es un proyecto de colegiación legal, nosotros no hablamos de colegiación obligatoria, decimos que es una colegiación legal y pública», diferenció la referente del Consejo. «Hoy en día la matrícula la otorga el Superior Tribunal de Justicia, una vez que nos recibimos de la facultad, nos matriculamos en un poder del Estado, que es el Poder Judicial, mientras que en el proyecto de ley la matrícula la va a otorgar el Colegio Público, que tiene dos características, una es la matriculación de sus miembros y la otra es el tribunal de ética», diferenció. «O sea, este Colegio Público va a tener el gobierno de la matrícula y el control de los abogados a través de este tribunal de ética», sintetizó.
Asimismo destacó que «la matricula va a permitir a la sociedad en general mayores beneficios, por un lado por que los miembros del Colegio Público, tienen como carga pública, el asesoramiento gratuito a los sectores carenciados de la sociedad, y además el Colegio Público va a otorgar beneficios a los jóvenes abogados, o noveles abogados, para su capacitación, es decir, van a poder subsidiar mediante becas o pasantías, el acceso a posgrados, doctorados, maestrías ya que es el sector más vulnerable de la profesión en general porque recién se están iniciando en su ejercicio», describió.
Más adelante Ramírez recordó que «la ley actual 2275 B que regula el ejercicio de la profesión, pero no bajo la forma colegial que es lo que nosotros defendemos, que el Consejo de Abogados pregona hace más de 30 años. Esta ley que rige en la actualidad, establece que la matriculación la otorga el Superior Tribunal de Justicia, que es un poder del Estado que tiene como función impartir justicia, no llevar el control y el gobierno de la matrícula de los abogados, no es la función primordial del Poder Judicial», indicó.
Por esto sostuvo que «en el caso que se apruebe la ley de colegiación legal se debe derogar esa ley que está rigiendo en la actualidad. Este proyecto de ley que está en este momento en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Asuntos Constitucionales para su estudio, sobre el sistema de la colegiación legal y pública para la provincia, es muy diferente a la ley que rige en este momento», contrapuso.
«Este proyecto de ley tiene prevista la participación de jóvenes abogados en el Consejo Directivo, también esta prevista la paridad de género», aportó.
También se refirió al principal argumento que quienes se oponen a este sistema, sobre la onerosidad que conllevaría la colegiación: «Es así, está contemplado el pago de una matrícula anual que no puede exceder el 20% de un salario mínimo vital y móvil, estamos hablando actualmente de algo así como $4.200, pero los jóvenes abogados estarían excluidos de este pago hasta tres años de la matrícula», indicó y añadió: «Está prevista perfectamente la situación de los jóvenes abogados, por lo tanto, no es oneroso en absoluto. Es uno de los grandes argumentos que tiene en contra este proyecto de ley, la excesiva onerosidad, muy por lo contrario, los más beneficiados van a ser los jóvenes abogados porque el colegio va a subsidiar su mayor capacitación a través de becas, pasantías, para que puedan acceder a estas especializaciones. Son numerosísimos los beneficios», aseveró.
También dimensionó que «solo dos provincias en laArgentina no tienen colegiación legal para el ejercicio de la Abogacía, Santa Cruz y Chaco, y el consejo profesional hace más de 30 años que brega por la colegiación legal en la provincia, esta es la oportunidad que tienen los diputados para cambiar el rumbo de la historia, que deben marcar un antes y un después», opinó.
Ramírez también señaló otra problemática que detectan con el sistema vigente: «No hay un órgano que controle el ejercicio de la profesión en la Abogacía y creo hay personas que quieren que continúe este sistema de descontrol en la profesión, porque es así lo que ocurre», afirmó.