Los genocidas Jorge “Tigre” Acosta y Alberto “Gato” González fueron condenados por abusos sexuales y psicológicos, manoseos, tocamientos y violaciones cometidas contra prisioneras del centro clandestino durante la última dictadura cívico militar.
El represor Jorge «Tigre» Acosta fue condenado este viernes a 24 años de prisión en una causa que por primera vez juzgó delitos sexuales cometidos contra detenidas que estuvieron secuestradas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura cívico militar.
Además se sentenció a 20 años de cárcel a otro represor que integró el grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA, el agente de inteligencia Alberto González, en un veredicto emitido al finalizar el juicio a cargo del Tribunal Oral Federal 5.
Acosta, alias el «Tigre», y González, también conocido como «Gato» o González Menotti comenzaron a ser juzgados el pasado 27 de octubre de 2020, de manera virtual a raíz de la pandemia de coronavirus ante el Tribunal que tiene sede en Comodoro Py 2.002 y muchas de sus audiencias fueron reservadas por el carácter de los delitos juzgados.
En ambos casos las penas fueron unificadas a prisión perpetua por la sumatoria de condenas anteriores impartidas a ambos represores en juicios previos por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA.
Las condenas se dictaron por «violación agravada por haber sido cometida en concurso de dos o más personas, reiterada en -al menos- diez oportunidades»,abuso deshonesto, privación ilegítima de la libertad y tormentos, delitos que se declararon imprescriptibles por ser de lesa humanidad.
Los jueces Adrián Grunberg, Daniel Obligado y Adriana Pallioti encontraron a Acosta culpable como autor penalmente responsable de los hechos cometidos contra tres víctimas, Silvia Labayrú, Mabel Zanta y María Rosa Paredes.
En tanto, González fue condenado por los delitos cometidos en perjuicio de Labayrú.
“Estoy emocionada”, aseguró Mabel Zanta, una de las sobrevivientes de la Esma que sufrió violencia sexual mientras estuvo allí cautiva. “Satisfecha es la palabra”, aclaró Silvia Labayrú, otra de ellas. Las denuncias que se animaron y tuvieron la fuerza de sostener, junto a la de María Rosa Paredes, completan la estructura que le dio firmeza a la causa que especialmente se dedicó a recolectar historias y pruebas que pusieran a los delitos sexuales de relieve entre el resto de las herramientas con las que los represores llevaron a cabo su plan sistemático de tortura y exterminio entre mediados de los 70 y comienzos de los 80.