Una masiva concurrencia ciudadana fue el marco de la audiencia pública del concurso para cubrir la vacante en el Superior Tribunal de Justicia del Chaco (STJ), que tuvo lugar el martes, en una jornada que se extendió durante catorce horas, una cifra récord de 119 personas físicas y jurídicas (sobre 214 inscriptas) que formularon preguntas y opiniones respecto a los y las candidatas tanto. De ese total, debido a las limitaciones que impone la pandemia de coronavirus, 71 lo hicieron de manera virtual.
El interés que despertó esta instancia fue notorio tanto entre quienes concurrieron al Centro de Convenciones Gala, como quienes asistieron en forma remota.
La audiencia
Estuvieron presentes las candidatas y candidatos: Víctor Emilio Del Río, Ernesto Javier Azcona, Jorge Mladen Sinkovich, Gladis Beatriz Regosky, Natalia Prato, Gonzalo Leandro García Veritá, Néstor Enrique Varela, Nelson Guillermo Mussín, Julián Fernando Benito Flores, Fernando Javier Zabalza y Jorge Gustavo Dahlgren.
La ciudadanía planteo fundamentalmente sus avales a quienes consideraron con mayores aptitudes para el cargo. También realizaron algunas preguntas individuales o colectivas que fueron respondidas en el momento.
Ahora, el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento del Chaco fijará día y hora para comenzar con las rondas de propuesta y votación de las que resultará propuesto o propuesta quien obtuviere, al menos, la mitad más uno de los votos.
La propuesta será elevada inmediatamente al Poder Ejecutivo de acuerdo con el artículo 158 de la Constitución provincial para que proceda a su designación y posterior juramento. La comisión examinadora del CMyJE está integrada por: Gloria Zalazar (presidenta), Emilia María Valle (vicepresidenta), Ismael Barnes, María de las Mercedes Pereyra, Carim Peche, Juan Manuel Pedrini y Marcela González. Los miembros suplentes son: Iride Isabel María Grillo, Natalia Analía Fernández Floriani, Jessica Yanina Ayala; Héctor Daniel Zalazar, Roberto Carlos Pugacz, Carmen Noemí Delgado y Noelia Dina Canteros.
Más allá de la posibilidad de realizar preguntas, la mayoría de los participantes decidió manifestar su apoyo a los jueces que buscan ocupar la vacante en el STJ y destacar su trabajo en ramas como derecho penal, violencia de género, diversidades sexuales, pueblos originarios y derechos humanos, entre otro de los ejes más repetidos.
Se destaca que entre los 214 interlocutores se encontraban funcionarios judiciales, representantes gremiales, de asociaciones civilices, legisladores, abogados y distintos consejos y colegios.
Entre las pocas consultas que se recibieron en poco más de 3 horas, los jueces respondieron preguntas sobre participación de los gremios en la toma de decisiones del Poder Judicial y Estatuto escalafón que regule las relaciones laborales.
Del RÍo el favorito
Según el reporte de la revista digital Litigio.com la audiencia tuvo a dos postulantes como los claros favoritos. Víctor Del Río, juez de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, y Gonzalo García Veritá, titular del Juzgado 1 de Niñez, Adolescencia y Familia de Castelli, fueron quienes recibieron la mayor cantidad de respaldados por parte los más de 200 inscriptos que intervinieron de manera presencial y remota en el evento, último tramo del concurso para elegir al futuro miembro del STJ, quien ocupará el lugar que dejó vacante la ministra María Luisa Luca tras su deceso.
Del Río, quien fue el mejor posicionado en el examen de antecedentes y oposición, quedó y el que más respaldos recibió durante la audiencia, que no es vinculante, sino que demuestra el respaldo a los postulantes.
Zunilda Niremperger, jueza federal de Resistencia, fue una de las participantes destacadas del evento. Vía remota, brindó palabras elogiosas al juez Del Río. «Considero que las condiciones técnicas de jurídica son de gran relevancia y no me voy a detener en eso», dijo la magistrada.
«Sí me gustaría más destacar otros aspectos relevantes que posee Del Río que se encuentran acabadamente comprobados a través de la larga trayectoria judicial y de su historia académica. También desde su aspecto personal, como ser humano, como persona comprometida con los valores democráticos y la vigencia de los Derechos Humanos», afirmó.
El docente y abogado, Federico Rubiolo, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, regional Castelli, fue uno de los tantos que respaldó a García Veritá, el segundo con más apoyos durante la jornada.
«Quiero resaltar el compromiso de García Veritá, no sólo en su faz teórica, sino también en su faz práctica. Está a cargo del juzgado de Niñez y Familia y ha demostrado poder llevar adelante esta gestión. Es decir que la experiencia la tiene acreditada.
También tiene acreditados los títulos vinculados a su formación, la idoneidad jurídica, la defensa y el compromiso por los derechos humanos», indicó.
Proceso ejemplar
e histórico
Mientras que desde la Asociación Justicia Legítima reivindicaron el mecanismo de selección y destacaron que «el procedimiento que sigue el Chaco es inédito en la región, ya que el concurso se realiza en forma pública y con intervención de la ciudadanía, habilitando especialmente una instancia para la participación como es la audiencia pública».
«Entendemos muy importante la transmisión de los exámenes y la exposición del plan de gobierno que implementarían ya que posibilita la transparencia en el proceso de selección y es una forma de control social en un poder que no se relaciona directamente con la ciudadanía», consideraron
También celebraron la oportunidad de que los ciudadanos y ciudadanas o instituciones intermedias ante el organismo que designa y ante las y los postulantes ejerciendo el derecho a proponer y también a impugnar. «Por eso entendemos que esta herramienta democrática demanda un compromiso y un involucramiento de parte de la sociedad», expresaron.
Desde Justicia Legítima tenemos programadas entrevistas con distintos candidatos y candidatas, para interiorizarnos de sus propuestas y también poder acercarles algunas inquietudes propias del espacio integrado por una pluralidad de funcionarios y funcionarias judiciales, abogados y abogadas litigantes y organizaciones sociales que no tienen representación en el Consejo de la Magistratura.