El Juzgado Federal 1 resolvió elevar la causa de la Masacre de Napalpí, otorgándole la característica de Juicio por la Verdad, además de sumar al proceso al Ministerio Público de la Víctima de la Defensoría General de la Nación para que intervenga en la representación de las comunidades qom y moqoit. Este histórico juicio contará con la participación del Estado chaqueño que, a partir del pasado viernes 10, se constituyó como querellante, a través de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros del Chaco.
«Es necesario profundizar la perspectiva decolonial en materia de derechos humanos, promoviendo y acompañando las demandas históricas de justicia por los crímenes perpetrados contra las comunidades originarias, a través de la tramitación de las causas por las vías adecuadas para el conocimiento de la verdad de los hechos», dijo la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez.
La subsecretaria de Derechos Humanos, Nayla Bosch, detalló que este tipo de procesos judiciales no solo implican una importancia en materia penal, sino que anexan una afectación a la sociedad entera al ser un delito de lesa humanidad. «Este juicio permite una reparación histórica para todo el puelo chaqueño y sus pueblos originarios, generando un discurso donde ya no se niegue el genocidio y se constituya una identidad provincial pluricultural, inclusiva y con memoria», sostuvo.
Además, destacó la importancia de la figura del Estado provincial como querellante, por medio de la Secretaría de DDHH. «Esto deja en evidencia el reconocimiento del delito, el cual, como otros atropellos a las etnias originarias, deben ser juzgados para no volver a ser repetidos con un claro compromiso de buscar sentencia firme», subrayó.
RELEVANCIA HISTÓRICA
El Juicio por la Verdad es un tipo especial de causa penal donde, debido al tiempo transcurrido ya han fallecido todos aquellos ciudadanos que pudieran ser imputados o ser señalados como acusados o a quienes se les puedan adjudicar los hechos, no obstante quedan sobrevivientes y quedan las etnias que fueron vulneradas y tienen derechos a conocer lo que sucedió.
Es un proceso en el cual se da a conocer lo que sucedió y cómo sucedió. Para ello, desde la querella se ofrecerán una serie de declaraciones de sobrevivientes y familiares, además de material fotográfico y documental de una veintena de personas que investiga la masacre, entre los que se encontraba el historiador Juan Chico, recientemente fallecido, fundador de la Fundación Napalpí. Se tratará de un juicio de características históricas, el primero en el país en investigar un genocidio hecho sobre pueblo originarios, siendo que han sido muchas las masacres que ha tenido la Argentina contra las etnias originarias.
El Chaco viene en un camino de coherencia con lo referido a la Masacre de Napalpí. El proceso comenzó con un pedido de perdón el 16 de enero de 2008, en la plaza central de Machagai, donde el gobierno del Chaco, a cargo de Jorge Capitanich, reconoció el rol genocida que tuvo el Estado masacrando ferozmente a sus pueblos originarios, dando así el puntapié inicial hacia la reivindicación de los sobrevivientes de la masacre.