El pasado 23 se conmemoró el Día internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niños y Niñas.
En ese contexto, el director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, Gustavo Vera, aseguró que «tres son los grandes problemas a resolver» para luchar más eficazmente contra este tipo de delitos: Garantizar la plena restitución de derechos para las víctimas rescatadas, que las investigaciones judiciales vayan a fondo para desmantelar la base económica de estas redes y la articulación federal de políticas públicas.
LOS CASOS
Según datos suministrados al Comité por el Programa Nacional de Rescate, desde el 1 de enero y el 31 de agosto de 2021 fueron rescatadas y asistidas mil víctimas de trata en 20 provincias: el 68% correspondió a explotación laboral y el 21% a esclavización sexual.
«Al momento en que asumimos nos encontramos con tres grandes problemas a resolver que no se estaban trabajando eficazmente», dijo Vera en diálogo con Télam.
El primero de ellos es que no se estaba «garantizando la plena restitución de derechos para las víctimas rescatadas», una realidad de la que da prueba el hecho de que «desde 2008 a la fecha se rescataron 17 mil personas, pero solo el 20% logró reinsertarse socialmente y el 80% sigue en estado de vulnerabilidad».
El funcionario atribuyó esto a que «no había políticas claras de acceso a la vivienda, empleo y acompañamiento terapéutico» de los y las sobrevivientes, porque «si bien en las primeras semanas intervenía el programa de rescata, cuando empezaba la reinserción social los planes eran extraordinariamente débiles o nulos».
Para comenzar a revertir esta situación, Vera explicó que «esta semana empezó a ejecutarse el Programa Nacional de Reparación de Derechos y de Fortalecimiento de las Competencias Laborales para las afectadas y los afectados por los delitos de trata y explotación de personas, promovido por el Ministerio de Trabajo de Nación» con el objetivo de que decenas de sobrevivientes puedan acceder en el corto plazo a un trabajo digno en el ámbito privado o público, recibiendo una «asignación no remunerativa mensual equivalente al salario mínimo por un año» mientras dura el entrenamiento en oficios.
Eestá dirigido a personas mayores de 18 años que no posean un empleo formal y que hayan sido relevadas, detectadas, rescatadas o asistidas como víctimas o posibles víctimas de situaciones de trata o de explotación de personas por un organismo público nacional, provincial o municipal, o bien por una Organización No Gubernamental (ONG) debidamente habilitada por la autoridad competente.
«Luego hay iniciativas en el ámbito provincial y municipal, como es el caso de Catamarca, donde tuvo media sanción una ley de inclusión para víctimas de trata en el sector privado con el incentivo de que el Estado le va a devolver las cargas sociales de esas personas contratadas durante un año», explicó.
También mencionó el caso de San Miguel de Tucumán, donde a través de una ordenanza «se estableció un cupo para la reinserción laboral de víctimas de trata en cargos municipales, igual al 1%” de la planta de personal.
LA PIONERA
Pionera en este tipo de medidas fue la Universidad de Tierra del Fuego, cuyo Consejo Superior dispuso en 2020 la creación de un cupo del 2% para personas sobrevivientes de trata y explotación sexual.
«Esperamos que lo de San Miguel de Tucumán y Catamarca tenga un efecto contagio y, de hecho Misiones está debatiendo un proyecto similar», agregó Vera.
Pero el acompañamiento a las y los sobrevivientes no se queda en lo laboral y por eso «se firmó un convenio marco con el Ministerio de Salud» para garantizar la asistencia terapéutica de las víctimas y otro con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat en virtud del cual «se crea un estatuto especial de acceso a la vivienda de modo que en los cupos de emergencia que cada instituto de la vivienda tiene, tiene que haber reservado un segmento para que las víctimas acceden a una casa nueva o la construcción de módulos habitacionales en caso que dispongan de un terreno».
Además, el Ministerio de Justicia anunció que en noviembre se pondrá en marcha la Unidad Ejecutora del Fondo Fiduciario que administrará todos los bienes decomisados judicialmente para reparar a las víctimas del delito de trata.
Gustavo Vera: «Es uno de los delitos más rentables»
Gustavo Vera siguió hablando de este tema, y consideró que «todo este paquete de medidas apunta a restituir derechos y prevenir la revictimización de las víctimas, porque de lo contrario lo que ocurría es que volvían a caer en manos de las redes de trata, se rescataba a las mismas personas en diferentes años», contó.
Otro «gran problema» es que la trata de personas es «el tercer delito más rentable» luego del tráfico de drogas y de armas, por lo cual su combate no será efectivo en la medida en que «no se reconstruye la ruta del lavado del dinero y se desmantele su estructura económica de raíz».
«En las casi 530 sentencias firmes sobre trata de personas desde la sanción de la ley, la mayoría de los condenados son los últimos eslabones de la cadena de los verdugos, con lo cual tenemos una enorme cantidad de perejiles condenados pero rara vez se busca más allá», dijo.
Atento a esto «hemos firmado un convenio de cooperación con la UIF que se incorporará al comité ejecutivo», lo mismo que la Afip a través de la recientemente creada «dirección de trabajo ilegal».
«Y en tercer lugar, el combate a la trata es imposible si no la existe la máxima cooperación de los tres poderes del estado de modo federal, con una articulación cotidiana con las autoridades provinciales y locales y con las organizaciones de la sociedad civil», dijo.
En ese sentido, explicó que «en este momento en el país existen mesas interinstitucionales» conformadas por todos estos actores en 20 de las 24 provincias, que permiten no sólo la realización de «acciones coordinadas» y un «multicontrol» que «disminuye las posibilidades de organismos que actúen discrecionalmente y con zonas liberadas».
Particularmente, esta articulación fue muy útil durante la fase 1 de la cuarentena por la pandemia cuando «los viajes y comunicaciones estaban bastante ralentizadas», a pesar de lo cual «el trabajo en cada provincia permitió mantener alta la vara en la lucha contra la trata».
«Y además hay un trabajo muy fuerte con cancillería para convenios de cooperación para las fronteras calientes», agregó.
La corrupción, clave
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas presentó el documento «Corrupción facilitadora de la trata de personas desde la perspectiva de género». El informe elaborado por la PIA sintetiza los insumos de trabajo producidos por la procuraduría a partir de su participación en el proyecto regional de la Red de Fiscales contra la Corrupción y la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados contra la Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes (Redtram) de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (Aiamp), publicó el portal Fiscales.
Diagnosticó sobre la corrupción asociada a la trata de personas a partir de un estudio de la normativa y de las obligaciones internacionales al respecto, así como del análisis de casos producto del relevamiento de jurisprudencia de la Cámara Federal de Casación en sentencias sobre trata de personas con funcionarios públicos imputados.
Desde 2019, la Red de Fiscales contra la Corrupción y la Redtram promueven distintas iniciativas para abordar la problemática de la corrupción asociada a la trata, tales como talleres internacionales, documentos sobre buenas prácticas y recomendaciones e instrumentos metodológicos para construir información e indicadores de riesgo.
En ese sentido, emitieron una declaración conjunta en la que señalaron que la corrupción puede ocurrir a lo largo de toda la cadena criminal de la trata de personas – captación, traslado, acogida y explotación, así como en los sistemas de justicia o de protección de las víctimas. Concluyeron que, al ser la corrupción un elemento fundamental para el funcionamiento de las redes de trata de personas, su desarticulación implica necesariamente acciones de prevención, investigación y sanción de los funcionarios públicos involucrados.