En el marco de la convocatoria al juicio por la Verdad por la Masacre de Napalpí como crimen de lesa humanidad, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal y la querella de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la provincia presentaron recientemente sendos ofrecimiento de pruebas a reproducirse en el debate oral y público.
La elevación conjunta abarca 40 testimonios entre los que se encuentra en primer lugar los sobrevivientes de la matanza entre ellos Rosa Grilo, de 114 años de edad.
En este caso, se evaluará junto con la familia de la mujer la posibilidad de testimoniar o de reproducir su declaración grabada en soporte audiovisual ante la fiscalía; y por otro lado, registros también en video de entrevistas de otros sobrevivientes (ya fallecidos) entre ellos Melitona Enrique, Rosa Chara y Pedro Balquinta.
Además por la implicancia de la trasmisión del relato oral de generación en generación en la cultura indígena, se propuso la declaración de Sabino Irigoyen y Mario Yrigoyen -hijos de Melitona Enrique; de Felipa Lalecori, Hilaria Cristina Gómez, Lucía Pereira, Cristian Fernando Enríquez, Ramona Pinay y Ortega Guillermo –todos ellos hijos y nietos de distintos sobrevivientes qom y moqoit-.
Por otra parte, Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal y la querella de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros propusieron para declarar investigadores indígenas que trabajaron en la reconstrucción histórica y en el relevamiento de las voces de los abuelos sobrevivientes, entre ellos Raúl Mario Fernández, David García, Miriam Raquel Esquivel, Gustavo Gómez (del pueblo qom); y Juan Carlos Martínez y Florencio Ruíz, del pueblo moqoit.
También se requiere la reproducción de una entrevista al historiador Juan Chico, recientemente fallecido, quien fuera el principal historiador indígena sobre la Masacre de Napalpí, activo partícipe en todo el proceso de reconstrucción histórica de la comunidad y autor de los libros de investigación sobre la matanza «La voz de la Sangre» y «Las voces de Napalpí».
Por otro lado, se solicitó que declaren distintos investigadores chaqueños la mayoría de ellos pertenecientes al Conicet y a la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), quienes han trabajado en la reconstrucción histórica: Mariana Giordano, Graciela Elizabeth Bergallo, Francisco Tete Romero, Teresa Artieda, Laura Rosso, Gabriela Barrios y Rubén Omar Guillón.
El pedido se hace extensivo a investigadores del orden nacional que han trabajado en trabajos científicos históricas de reconstrucción de la masacre o de cuestiones directamente vinculadas o de contexto, entre ellos historiadores, sociólogos, antropólogos, periodistas y archivistas (Nicolás Iñigo Carrera, Jorge Luis Ubertalli, Lena Dávila, Alejandro Covello, Pedro Solans, Marcelo Musante, Silvina Turner, Alejandro Jasinski, Héctor Hugo Trinchero, Diana Isabel Lenton, Mariano Nagy, Carlos Salamanca, Mariana Nazar Gaule, Alejandra Aragón y Eugenio Zaffaroni).
Por otro lado, se propone la incorporación por lectura una extensa lista de documentos históricos recolectados por la fiscalía en su investigación preliminar entre los que se destacan «Notas intercambiadas entre la reducción Napalpí y el jefe de la Policía de Territorios Nacionales del Chaco», «Listado de tropas y Armamento de la Policía de Territorio Nacional y Gendarmería Volante», «Legajos de Oficiales», «Memorias del Ministerio del Interior y de la Dirección Nacional de Reducciones», «Libro de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación», «El expediente 910 de 1924 caratulado Sublevación Indígena en la Reducción Napalpí, el Diario Heraldo del Norte 652 que contiene una investigación periodística sobre la Masacre, fotografías de la Reducción de Napalpí tomadas por el antropólogo alemán Lehmann-Nitsche en 1924, entre otras.
Finalmente en escritos de la fiscalía con las firmas de Federico Carniel, Carlos Amad, Patricio Sabadini y Diego Vigay; y de la secretaria de Derechos Humanos, Silvana Pérez, se solicita que las audiencias orales y públicas y sean trasmitidas por las redes sociales para que puedan ser asistir las comunidades indígenas y la sociedad chaqueña.
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