El funcionario fue imputado por la Justicia. Se emitió un documento de mujeres peronistas y, además, hubo una movida por las calles para darse a conocer el caso.
Las Mujeres Peronistas y otras organizaciones sociales, políticas y gremiales instan al Poder Ejecutivo a apartar de sus funciones al vocal de Sameep, Raúl Acosta, por haber sido imputado judicialmente por abuso sexual.
En ese sentido emitieron un breve, pero conciso documento en el que expresan: “La permanencia en el cargo del imputado implica una amenaza y vulneración para la integridad de las denunciantes, vulnerando sus derechos fundamentales, su integridad física, psíquica y emocional, y establece una detentación de poder que inclusive se manifiesta en la violación del acuerdo verbal al que había arribado con el presidente de la empresa Sameep, ingeniero Leonardo Aguzín, siguiendo las recomendaciones de la Secretaria de Derechos Humanos y Géneros, quien se ha constituido en querellante en la causa judicial.
La violación, el acoso, el abuso son delitos contemplados en el Código Penal.
Solicitamos que se designe una vocal mujer con perspectiva de género y DDHH dentro de la empresa, que de ninguna manera puede ser la actual pareja de Raúl Acosta. #ParidadenlasDireccionesdelosorganismos públicos”, se indica.
Los firmantes:
Abalos, Olga (DNI 16.994.804); Aboitiz, Cristina (DNI 11.119.904); Aguirre, Elsa (DNI 16.141.270); Alegre, Mónica (DNI 17.369.573); Alegre, Liza Yamila (DNI 29.657.814); Atrio, Mirtha Inés (DNI 13.592.980); Audizzio, Rosana (DNI 23.406.448); Baez, Andrea Ivana (DNI 33.989.798); Benedi Isnardo, Hemilce (DNI 23.273.637); Borda, Ana Pilar (DNI 20.591932); Borelli, Natalia (DNI 23.396.450); Bravo, Nieves (DNI 14.331.994); Carballo, Patricia Edith (DNI 17.595.773); Cardozo, Marta Delia (DNI 16.758.535); Carol, Alicia (DNI 10.186.037); Carol, Rosa (DNI 12.555.370); Carol, Sonia (DNI 10.735.005); Cerdeira, María Laura (DNI 30.301.732); Corregido, Elena (DNI 12.555.440); Chambor, Patricia (DNI 18.305.159); Chaves, Maria Florencia (DNI 33.871.069); Chaves, Fernanda (DNI 31.786.681); Chazarreta, Lilián (DNI 11.653.932); Danuzzo, Marina Susana (DNI 18.605.732); Delgado, Cristina Ruca (DNI 26.050.631); Escalante, Graciela (DNI 17.016.226); Espinoza, Mabel (DNI 13.579.910); Franciosi, Cecilia Carmen (DNI 29.220.523); Gadien , María Elena (DNI 18.382.577); Godoy, Mirian Norma (DNI 12.172.028); Goy, Norma (DNI 16.776.371); Gomez, María (DNI 11.164.859); González, María Luisa (DNI 4.179,075); Insaurralde, Florencia (DNI 33.382.759); Jarolin, Alejandra (DNI 22.032.746); Leguizamon. (DNI 6.720.724); Red de Género Chaco; Espacio Mujeres Evita Chaco; Fresard; Red de Educadoras Feministas; Mujeres Peronistas con Cristina.
El caso
Tanto en las redes sociales como en las calles de Resistencia hubo una movida para que el caso se haga conocido y en ese sentido el Gobierno tome cartas en el asunto.
El funcionario fue indagado el pasado viernes por la fiscal del caso, Vanesa Fonteina. Previamente, había presentado un escrito solicitando permanecer en libertad durante el proceso. Le prohibieron acercarse a las denunciantes a menos de 200 metros y mantener cualquier tipo de contacto, revela el portal de casos judiciales litigio.com.ar.
En la semana que pasó indagaron a un funcionario de Sameep acusado de abuso sexual. Se trata de Raúl Acosta, vocal de la empresa estatal de aguas y presidente del Partido Concertación Forja del Chaco, exdiputado. Dos hermanas lo denunciaron por varios hechos de abuso sexual perpetrados entre 2018 y 2019. El funcionario fue indagado este viernes por la fiscal del caso, Vanesa Fonteina. Previamente, había presentado un escrito solicitando permanecer en libertad durante el proceso. Le prohibieron acercarse a las denunciantes a menos de 200 metros y mantener cualquier tipo de contacto, revela el portal de casos judiciales litigio.com.ar
Dos hermanas denunciaron penalmente por reiterados hechos abuso sexual al vocal de Sameep y presidente del partido Concertación Forja del Chaco, Raúl Acosta. La fiscal del caso, Vanesa Fonteina, le tomó este viernes declaración indagatoria y le dictó una prohibición de acercamiento.
C.A.K, de 21 años, y B.M.K, de 22, se presentaron el 17 de noviembre pasado ante la fiscalía 5 para ratificar la denuncia policial que realizaron ocho días atrás. Contaron que en 2018 llegaron a Resistencia provenientes de La Leonesa, junto a su papá y mamá, para trabajar en la subsecretaría de Participación Ciudadana que manejaba en ese momento Acosta. La familia vivía en una habitación con un baño, la cual estaba pegada a las oficinas de la subsecretaría. Un pasillo las conectaba.
Ambas relataron que los hechos de abuso comenzaron en mayo de 2018 y continuaron hasta diciembre de 2019. Según publica Litigio, las jóvenes contaron que al principio Acosta les hacía comentarios relacionados con su aspecto físico y se dedicaba a mirar las historias que las chicas publicaban en sus redes sociales. Las denunciantes recordaron que habían bloqueado al funcionario y que este enfureció: las trató de “malagradecidas” y a una de ellas le dejó de pagar 3500 pesos que recibía por actividades administrativas. A pesar de esto, las chicas siguieron trabajando bajo las órdenes de Acosta porque su familia prácticamente dependía de lo que decidiera el funcionario.
Tiempo después, las cosas empeoraron. Pasaron de comentarios desubicados a abusos y amenazas. Las jóvenes acusaron a Acosta de haberlas manoseado en varias ocasiones, besado en el cuello y penetrado a la fuerza con sus dedos. En las denuncias, añadieron que también las coaccionaba para que tengan intimidad con él. A cambio les ofrecía dinero, motos y casa. En una ocasión, a cada una, les ofreció 50 mil pesos para que tuvieran relaciones sexuales con él por “50 minutos”.
Relataron además que gran parte de estos hechos de abuso se dieron en la propia oficina del funcionario, quien aprovechaba cuando no había personal y las mandaba a llamar de a una. De acuerdo a la denuncia, cerraba la puerta con llave, agarraba a sus víctimas, las manoseaba y hasta en ocasiones frotaba su pene contra el cuerpo de ellas o las obligaba a que se lo agarren.
Ante cada rechazo, Acosta las amenazaba con suspenderles las becas, dejar sin trabajo a su padre y echarlas de la habitación donde vivían si es que cometían la osadía de acusarlo ante la Justicia. Acosta ejercía así un poder total sobre estas mujeres vulnerables debido a que dependían exclusivamente de él para subsistir.
Estos episodios continuaron hasta diciembre de 2019, momento en el que Acosta dejó el cargo en la subsecretaría de Participación Ciudadana para asumir como vocal de Sameep. Las hermanas reconocieron que le tenían miedo debido a que lo consideran una “persona peligrosa”, que cuenta con “poder y plata”.
Indagatoria
Mediante videollamada, Acosta declaró este viernes ante la fiscal Fonteina en calidad de imputado. Se le notificó sobre los detalles de las denuncias en su contra y se le informó que estaba acusado prima facie de los delitos de abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal, en tres hechos, y abuso sexual con acceso carnal en concurso real (en otros tres hechos más).
En su escueta declaración, negó las acusaciones y dijo que eran parte de una campaña de desprestigio contra él y su partido debido a que se dieron de baja algunas becas. Al ser consultado respecto de si prestaba su voluntad para que se le realice un perfil psicológico, respondió que no.
Tras su indagatoria, la fiscal le prohibió contactarse por cualquier vía con las denunciantes (ya sea mediante mensajes de texto, llamadas telefónicas o redes sociales) y acercarse a menos de 200 metros. En caso de incumplir esta restricción, se ordenará su inmediata detención.
Previamente, y luego de que se hiciera pública la denuncia de las jóvenes en un programa radial de Resistencia, Acosta había presentado un escrito. Con la firma de sus abogados, Olga Mongelós y Leandro García Redondo, le solicitó a Fonteina mantener su libertad mientras continúa la investigación penal preparatoria. “Mi único deseo se encamina a poder seguir el desarrollo normal de mi vida”, argumentó.