La Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente realizó el tercer y último taller de capacitación del “plan de respuesta al cambio climático: un abordaje participativo con autoridades de aplicación para la elaboración de una hoja de ruta 2022”. La charla dictada por la docente Mónica Casanovas fue dirigida a autoridades y equipos del ejecutivo provincial y municipal.
De esta manera se avanza con el cumplimiento a la Ley Yolanda, a través de un trabajo articulado con la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) y la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ). “Este año Chaco se constituye en la primera provincia en llegar con acciones de sensibilización a los tres Poderes del Estado”, remarcó la coordinadora Programa de Formación Integral Chaco Sostenible Marilyn Rolón.
Además destacó el avance en los lineamientos generales para la capacitación ambiental en la función pública, sobre la base de lo establecido por Nación, pero contextualizado en cada jurisdicción y problemáticas ambientales propias, a través de un proceso participativo con especialistas en temáticas ambientales tanto del ámbito universitario como de ONGs.
En esta oportunidad, los temas desarrollados de manera transversal y con perspectiva de aplicabilidad fueron: las etapas en la elaboración de un Plan de Respuesta Provincial (marco normativo y actores involucrados); La línea de base de conocimiento: desafíos en la recopilación/generación/sistematización de la información; Metodología participativa en la elaboración de un plan de respuesta: hoja de ruta, opciones de mitigación y adaptación, monitoreo/reporte/verificación; y Gobernanza. Cambio Climático, Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
“Se buscó dar una conclusión aplicativa de la capacitación realizada durante octubre para el Ejecutivo provincial y municipal, en el marco de la Ley Yolanda, donde se llevaron a cabo tres talleres en los que se brindaron herramientas prácticas para la política ambiental, cerrar las actividades del 2021 y abrir la construcción conjunta de una hoja de ruta hacia el 2022”, finalizó Rolón.
La Ley Yolanda (27.592) establece que las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación deben recibir una capacitación obligatoria en materia ambiental, con perspectiva de desarrollo sostenible y cambio climático.