El domingo, el Superior Tribunal de Justicia tomó conocimiento de un ataque de un malware (software malicioso), del tipo ransomware, que han sufrido algunos servidores del Poder Judicial del Chaco.
Este tipo de ataques de índole delictual y malicioso habría comprometido información de algunos servidores del Poder Judicial, como lo han hecho en otros organismos públicos, tanto nacionales como provinciales.
Por el momento, no se tiene acabada definición de la real situación en que se encuentran los sistemas, servidores y servicios.
Por lo tanto, se dispuso que la Dirección de Tecnologías de la Información brinde un informe sobre el origen del ataque y las consecuencias y el alcance de los daños relevados. Además, se realizarán las denuncias administrativas y penales correspondientes.
Por otra parte, y dada la indeterminación de las consecuencias del ataque, se ordenó la suspensión de todos los servicios de índole digital (Indi, Iure, Iure – Ingreso de demandas-, Sigi, Sigi profesional, servidores, internet, conexiones de red, conexiones VPN, correos oficiales, domicilios electrónicos, y todo otro servicio digital que brinda el Poder Judicial) hasta el domingo 16.
Sin perjuicio de ello, el Poder Judicial continuará funcionando en esta feria con los agentes designados, con las limitaciones dadas por la suspensión de servicios digitales dispuesta, procurando los organismos jurisdiccionales y oficinas administrativas, en la medida de las posibilidades, dar las respuestas necesarias a la ciudadanía.
Asimismo, se solicita a los auxiliares de la justicia, Consejo y Colegios de Abogados de toda la provincia, dependencias de los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa, el resguardo de cualquier documento o archivo digital con el que cuenten, en caso de que sea necesaria su presentación, ante los organismos intervinientes, por posibles pérdidas.
Si bien, tal como informó el máximo órgano judicial de la provincia, «aún no se conoce la magnitud del daño», sin embargo especialistas entienden que podría tener miles de damnificados.
Víctor Castillejos, abogado especialista en regulación de criptomonedas y ciberseguridad, explicó que en este caso en particular se trató de un ataque ransomware, es diferente a lo que le pasó al Renaper, cuando se trata de este tipo de delitos el programa secuestra todos los archivos de la computadora y no permite acceder a ellos.
«Te encripta toda la computadora y para poder acceder a esos archivos suelen pedir abonar una recompensa. Te piden un monto determinado, a veces, en cripotmoneda. La manera de recuperarlos es pagar el monto en que te piden, pero al hacerlo hay que verlo muy bien, porque también podrían estar involucrados otros tipos de delitos que son menos obvios, como asociaciones delictivas que se encuentran alrededor del mundo», comentó.
Este ataque informático es el segundo que se ejecuta en menos de un año a un organismo público en el país. Meses atrás el Registro Nacional de las Personas sufrió la mayor filtración de la historia, cuyas víctimas totalizarían unos 45 millones de habitantes.
Miguel Rodríguez, director de Seguridad Informática en Megatech, señaló que el robo de datos ocurre cada vez con más frecuencia, tanto en organismos públicos como empresas privadas.
«Los motivos por los que lo hacen pueden ser políticos, pero en gran parte de los casos son para obtener un rédito económico», remarca. Esto suele hacerse mediante la venta en la Dark Web, una zona de Internet que existe fuera del radar de las autoridades y cuyas páginas ni siquiera aparecen en Google. Más allá del caso Renaper, en la Argentina hubo varios ataques que incluyeron a empresas, como el caso de Cencosud, dueño de las cadenas Jumbo, Easy y Disco; y al Gobierno, como el ataque a Migraciones y al Banco Nación.
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