Hoy, como en todo el país, en la provincia también se realizará la marcha 1F, convocada por organizaciones sociales y derechos humanos, gremios y partidos políticos para exigir el fin de lowfare, la renuncia de cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia y un sistema judicial democrático con perspectiva de género y que responda a las demandas populares. La concentración se realizará a las 18 en la Casa de la Memoria (Marcelo T. de Alvear 32).
Sectores ambientales, de la comunicación, sindicales, de usuarios y usuarias, feministas, de defensa de los derechos humanos, campesinas advirtieron «el desinterés de la conducción del poder judicial nacional por tratar los temas judicializados que afectan a la mayoría de la ciudadanía», afirmaron.
«Por el contrario, corporaciones mediáticas y económicas tiene una respuesta más rápida a sus planteos judiciales que tienen por objeto frenar medidas del gobierno que intentan intervenir en el mercado», contrapusieron.
El fallo que disparó esta convocatoria fue el de la derogación de la ley que fija la integración del Consejo de la Magistratura de la Nación y que ahora se ve obligado a aumentar compulsivamente su número de miembros. Pero entre las voces organizadoras, enumeran otras decisiones de la Corte que generan la desconfianza hacia ese poder como ser el histórico fallo que reducía las condenas a los genocida con el 2×1 o la rapidez con la que trataron los amparos de los jueces Bruglia y Bertuzzi, mientras los reclamos para frenar aumento de tarifas ilegales duermen en los despachos. También se reclama el fin de la persecución política y el armado de causas a quienes piensen distinto.
Los organismos de derechos humanos indicaron que se adhieren a las voces que «a lo largo y ancho del país se levantan en reclamo de una profunda transformación del sistema judicial y en particular de la completa renovación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación».
Al momento de fundamentar la postura, sostuvieron que «la Corte Suprema es responsable de demoras de largos años en la resolución de los juicios por delitos de lesa humanidad, hecho que consagró la impunidad para gran cantidad de genocidas y responsables civiles de los atroces crímenes cometidos por el terrorismo de Estado todavía sin condena».
Añadieron que «no olvidemos que es la misma Corte que intentó aplicar el 2X1 para genocidas, que hubiera implicado la liberación de numerosos criminales condenados, criterio que fue revertido por mayoría gracias a la movilización popular y el consenso de las fuerzas políticas en el Congreso».
Asimismo continuaron sumando cuestionamientos al desempeño del máximo órgano judicial del país: «También esta Corte es responsable por la desidia o negligencia en contestar los recursos extraordinarios presentados por las defensas de los y las actuales presos y presas políticas, como por ejemplo los presentados por Milagro Sala y los y las referentes de la Túpac Amaru que continúan después de varios años injustamente sin recuperar su libertad».
Tras esto destacaron: «Consideramos imprescindible la democratización del Poder Judicial, proceso para el cual es necesario se incorpore la perspectiva de género y de derechos humanos a lo largo de la carrera judicial, así como la obligatoriedad de dar respuesta en tiempos adecuados a las presentaciones y recursos extraordinarios que presenta la ciudadanía».
En este sentido expresaron: «Exigimos un Poder Judicial que cumpla con la ley, escuchando a las víctimas, en particular a los sectores históricamente discriminados, las infancias violentadas, las víctimas de violencia de género, los integrantes de pueblos originarios desconocidos en sus derechos y las víctimas de violencia institucional que siguen enlutando a la sociedad argentina. Un poder judicial que no criminalice la pobreza».
Por último destacaron: «Manifestamos nuestra vocación para confluir con todos los sectores sociales y políticos en este camino de lucha en procura de construir un Poder Judicial y una nueva Corte Suprema de Justicia profundamente democráticos, al servicio de los intereses de nuestros pueblos y del pleno ejercicio de los derechos humanos».
más motivos
Mientras que en comunicado con la firma de medio centenar de referentes políticos, sindicales y sociales, también añadieron más motivos que impulsan esta movilización: «es sabido que en el desenvolvimiento del sistema democrático es fundamental que el rol de los tres poderes del Estado esté acorde con el respeto del Estado de Derecho, la defensa de los intereses del pueblo en su conjunto, y que sus miembros no solo deben ostentar legitimidad de origen en sus designaciones, sino fundamentalmente la legitimidad de ejercicio, que solo se obtiene en tanto y en cuanto se perciba en el tejido social que gobierna el pueblo y se defiende un solo interés: el del pueblo», recordaron.
«La necesidad de un cambio constitucional llega por propio peso de las circunstancias de un pueblo que no está dispuesto a seguir entregando su destino a una plutocracia que lo sojuzga», dijo.
No obstante, entendieron que «es necesario, hasta que llegue ese momento, que los sectores del Poder Judicial no sigan siendo instrumento de los grupos económicos para impedir cambios estructurales y desconocer leyes del Congreso Nacional. Ni ser el ariete de estos intereses para perseguir a dirigentes o políticos opositores a sus mandantes. Un poder Judicial que ha mantenido en el tiempo ciertos privilegios, como ser su inamovilidad, intangibilidad de sus sueldos y excepción de pago de ganancias, y que incluso se ha perpetuado en el poder legitimando golpes de Estado en desmedro de la Constitución que juraron defender».
En esta línea, consideraron que «el sesgo ideológico impreso en fallos que abiertamente favorecen a grupos económicos, (pública vinculación de 2 de ellos con el Grupo Clarín) o el no tratamiento de recursos de presos detenidos con fuerte componente político, no respetar la ley de género, aplicación ilegitima del 2×1 a genocidas, el desconocimiento de facultades propias del Congreso Nacional y rehabilitar una ley derogada hace 15 años para controlar el Consejo de la Magistratura, que se atriibuyen funciones legislativas y coartan facultades del Poder Ejecutivo, la aceptación de su designación irregular por DNU de sus miembros Rosatti y Rosenkrantz (más allá de la subsanación posterior) nos ponen en grave riesgo institucional e inhabilitan moral y jurídicamente a sus actuales componentes para seguir detentando tan alta magistratura».
Entre otras organizaciones que participan se encuentran Justicia Legítima Nordeste, Asociación Americana de Juristas, Comisión Permanente de DDHH, H.I.J.O.S. Chaco, Cátedra Libre Carlos Zamudio, integrantes de la Secretaría de DDHH, CTA, Frente Grande, La Juana, Igualar Chaco, Al Fin Justicia, Partido Comunista, Colectivo Nacional, Coalición por Una Comunicación Democrática, Canpo, Mujeres peronistas con Cristina, Cuidadores de la Casa Común, FARA, Cámara de Radio y televisión, Fundación Arraigo, Mov peronista Unidad y Lealtad, Mov. 11 de marzo, Partido Trabajadores y del Pueblo, Com vecinal B. Güiraldes, Agrupación Tres Banderas, Autoconvocados por el 1F, Fundación Unidos por Vos, Consejo de Adultos Mayores Idach, profesionales del derecho y de la psicología.
» Rechazos a la protesta
Así como las adhesiones al 1F, son cada vez más, también lo son su rechazo. En esta línea diputada nacional Marilú Quiroz manifestó la gravedad institucional que implica esto y pidió prudencia y respeto a la división de poderes.
La legisladora nacional manifestó en un extenso documento su posición ante la marcha contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación. «En un escenario de creciente judicialización de la vida política y social es inevitable que existan desacuerdos como se da en los otros poderes del estado pero la historia institucional nos reclama hoy más que nunca proteger cada una de nuestras instituciones, ya que el peligro que conlleva la intromisión es más delicado y con un coste institucional gravísimo para la república», destacó.
Si bien reconoció que «la Justicia padece de una crisis de confianza por parte de la ciudadanía, que es necesario revertir con urgencia por eso se debe dar a través de medidas adecuadas, atento al delicado rol institucional que ejercen los jueces como garantes de los derechos de todos los argentinos».
Por último, instó a «a la cordura a todo el oficialismo que dejen de ejercer de presión y que respeten las decisiones judiciales cualesquiera fueran estas y finalizar los ataques permanentes contra la Corte Suprema de Justicia, sus integrantes y los tribunales inferiores».
