Por la muerte de Leandro Bravo, los policías de Charata detenidos negaron los hechos, aunque se los imputó de la causa tortura seguida de muerte por la Fiscalía de Derechos Humanos de Sáenz Peña.
En la indagatoria declararon tres de los cuatro agentes. Uno de ellos se quejó en su indagatoria porque «no se le exhibió a la defensa el material fílmico que figura en la imputación», por lo tanto, consideró que se estaban «violando derechos».
Los otros detenidos negaron las acusaciones sosteniendo que «fue un procedimiento limpio la detención, donde nadie apremió a nadie ni golpeó». Luego de escuchar a los detenidos, la fiscal de Derechos Humanos, Silvia Sluzar; imputó a los cuatro policías por el delito de tortura seguida de muerte.
«Una imputación sesgada, parcializada, caprichosa, mendaz que existe solo en la psiquis de la Fiscalía de Derechos Humanos», lamentó uno de los abogados defensores, César Collado.
Por esta situación los representantes legales de los policías presentaron un hábeas corpus para «proteger la libertad física y ambulatoria».
«¿De dónde concluyen que hubo tortura seguida de muerte cuando tenés excoriaciones y una autopsia que dice lo contrario?», señalaron.
A partir de esta indagatoria la fiscala de Derechos Humanos tiene 10 días hábiles para resolver la situación procesal de los cuatro policías imputados y detenidos.
Jorge Mamacha Duarte, presidente de la Asociación Civil Defensores, Familiares y Policías del Chaco, se acercó a la Termal para acompañar a los familiares de los agentes detenidos por la muerte de Leandro Bravo, ocurrido hace algunas semanas en Charata.
«Los camaradas están detenidos hace 72 horas y la Fiscalía todavía no puede presentar las pruebas por la cual lo detuvieron», dijo durante la protesta frente a Tribunales.
Duarte calificó a la detención como «arbitraria», y aseguró que «hasta ahora no tienen ninguna vinculación con lo ocurrido» y es por eso que piden la «inmediata libertad» para los efectivos detenidos.
Según señalaron los familiares, la manifestación fue en repudio también a las decisiones tomadas desde la Fiscalía de Derechos Humanos, y es por ello que solicitaron «la inmediata liberación de los policías inculpados y detenidos injustamente».