El gobernador Jorge Capitanich participó anoche del acto por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia en la Casa por la Memoria de Resistencia. Acompañado de varios funcionarios y miembros de organismos vinculados a los derechos humanos, conmemoraron el 46° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo 1976, fecha en alusión al inicio de la última dictadura cívico-militar.
«El 24 de marzo de 1976 se perpetró un golpe de Estado que impuso una dictadura genocida. Que cometió crímenes de lesa humanidad y que implicó 30 mil desaparecidos y 700 centros clandestinos de detención. Pero también el surgimiento de la valientes madres y abuelas de Plaza de Mayo, a quienes todo el pueblo argentino les debe respeto», aseguró Capitanich en su discurso.
La jornada comenzó con una concentración de organismos de derechos humanos y organizaciones políticas, sociales, estudiantiles y sindicales en la esquina de avenidas Vélez Sársfield y 9 de Julio que se movilizó hasta la Casa por la Memoria.
Luego de este acto institucional, desde las 21 dio inicio el Festival por la Memoria, con múltiples actividades vinculadas a recordar esta etapa de la historia argentina.
El mandatario, además, recordó que el sistema económico impuesto por la dictadura implicó elevar el porcentaje de pobreza en el país «del 4% al 37%», y se cambió «un sistema productivo por uno especulativo a nivel financiero».
Por otra parte, valoró el trabajo de la vicegobernadora Analía Rach Quiroga y la secretaria de Derechos Humanos, Silvana Pérez, quienes trabajaron en la aplicación de la Ley Micaela y querellas en materia de violencia institucional.
«Nosotros hemos instituido una ley de carácter transversal para la educación contra el odio, la discriminación y toda violación de los derechos humanos, por eso nos parece muy importante en este día remarcar lo que hemos podido hacer y lo que necesitamos seguir haciendo. Guardia de derechos humanos, política de derechos humanos, querellantes particulares del Estado en las causas de violencia institucional.
El pueblo argentino debe tener memoria respecto a un crimen de lesa humanidad que ocurrió en Napalpí en el cual el Estado ha sido querellante particular de la causa», agregó.
«Los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Y la Justicia es la que debe poner en evidencia a aquellos que perpetraron estos delitos de lesa humanidad. Es importante que todo el pueblo unido sea capaz de resistir ante aquellos grupos económicos de carácter hegemónico de nivel nacional e internacional que promueven el anarco-capitalismo para cercenar los derechos de los pueblos y generar un retroceso en la humanidad», enfatizó.
Finalmente agradeció a los presentes «por honrar con el ejemplo militante la memoria de nuestros hermanas y hermanos que lucharon por una patria libre y soberana».
Políticas provinciales
de derechos humanos
El gobernador, además, recordó algunas políticas que se llevan adelante desde el Estado chaqueño en acompañamiento al proceso de Memoria, Verdad y Justicia.
Entre ellas, desde el inicio de los juicios por delitos de lesa humanidad en nuestra provincia, el Estado tomo la determinación de constituirse en querellante para acompañar el histórico reclamo de los organismos de derechos humanos y garantizar el impulso de estas causas.
Además, es querellante en el juicio por la verdad por la Masacre de Napalpí, hecho inescindible en la historia de opresión y de los delitos de lesa humanidad en la provincia.
También recordó la construcción del primer Parque de la Memoria en Margarita Belén; la creación de la Guardia de Derechos Humanos; querellas en casos de violencia institucional; y capacitación obligatoria en Derechos Humanos para los tres poderes del Estado.
Sobre la dictadura
La dictadura militar buscó la instauración de un modelo económico, político y social en perjuicio de las grandes mayorías, para contrarrestar la resistencia de los sectores populares, las fuerzas armadas dieron rienda suelta a una represión y exterminio de opositores políticos nunca antes vista, creando a tal fin más de 700 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio a lo largo y ancho del territorio nacional.