En la Argentina funcionan 1.528 institutos de formación docente, según los últimos datos oficiales de 2018. Esa cifra da que cada millón de habitantes hay 34 profesorados; un ratio entre ocho y catorce veces superior al de otros países de la región como Chile y México (4 por millón) o Colombia (2,3 por millón). Con esa realidad, la oposición presentó en las últimas horas un proyecto de ley para regular la creación de nuevos profesorados y evaluar la calidad de los que hoy existen.
La presencia de los profesorados, en especial en provincias del norte, parece no detenerse: cada año se crea un promedio de 25,6 institutos. La fragmentación del sistema trae aparejada una dificultad evidente para unificar estándares mínimos.
El proyecto de Ley de planeamiento estratégico federal, evaluación, acreditación y registro de los Institutos Superiores de Formación Docente (ISFD) que presentó Maximiliano Ferraro, diputado de Juntos por el Cambio, propone la creación de un ente regulador: la Comisión Nacional de Acreditación y Registro de Institutos Superiores de Formación Docente (CONARFOD), que sería la encargada de homologar planes de estudios y acreditar a los profesorados.
«Se trata de salir de las resoluciones del Consejo Federal de Educación (CFE) que en su gran mayoría nunca se cumplen. Me parece que la formación docente, por su importancia, debe discutirse en el Congreso y de ese modo jerarquizarse. De aprobarse la ley, se fijarían requisitos mínimos y obligatorios para el reconocimiento de cada carrerra e institución y su acreditación a nivel nacional», explicó Ferraro a Infobae.
La CONARFOD estaría integrada por un representante de «reconocida trayectoria académica» de cada región del CFE, tres académicos a propuesta del Ministerio de Educación Nacional, dos representantes de la cartera, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Formación Docente más otros dos representantes de la provincia cuyo profesorado sea objeto de acreditación. De esa instancia dependerá que los títulos tengan alcance nacional. Es decir, que un docente recibido pueda dar clase en cualquier escuela del país.
El proyecto de ley pretende que el gobierno nacional recupere centralidad en las políticas públicas de formación docente. Los profesorados, al igual que las escuelas, pertenecen a las provincias, lo cual desde los ‘90 generó una fuerte atomización del sistema. De hecho, dentro de las atribuciones de la CONARFOD estará la evaluación externa de los profesorados; una medida que ya generó polémica en la Ciudad de Buenos Aires cuando se intentó aplicar. Ni hablar de las pruebas Enseñar que se tomaron en 2017 para medir los conocimientos de los futuros docentes y que los propios institutos boicotearon.
«Sabemos que puede generar resistencia, pero la intención es empezar a discutir temas centrales para la educación. Estamos en un momento histórico que derivó del cierre de escuelas, con una preocupación creciente de las familias. Tenemos que aprovechar ese plafón para dar discusiones más allá de las rispideces que puedan generar», señaló Ferraro.
El texto, que lleva la firma de otros 10 diputados de Juntos por el Cambio, ya tomó estado parlamentario y empezaría a discutirse en las próximas semanas en la Comisión de Educación. El proyecto va en línea con otros tres que la oposición presentó hace poco más de un mes.
Ante la consulta de por qué no emprendieron esas leyes cuando fueron gobierno entre 2015 y 2019, Ferraro explicó que se intentó establecer acuerdos en el Consejo Federal, pero que faltó avanzar en el Congreso. Ahora saben que el oficialismo no acompañará, pero confían en que con la adhesión de otros bloques puedan lograr mayoría.
Censo de infraestructura educativa
Además del proyecto sobre formación docente, Ferraro presentó otro: el del Censo federal de infraestructura educativa, que surge según dice a raíz de un «agujero estadístico». El último relevamiento de escuelas en el país se hizo en 2008 y el proyecto pretende instaurar el censo como política pública nacional y obligatorio cada cinco años.
A partir del relevamiento, se quiere «disponer de una base de datos a nivel nacional, desarrollar indicadores federales para evaluar el cumplimiento de las obligaciones estatales en la garantía del acceso a la educación en ambientes físicos dignos, seguros, accesibles, confortables y potenciadores de los aprendizajes». «Es una pata fundamental para el planeamiento estratégico», advierten.
El proyecto prevé más de 20 dimensiones a tener en cuenta entre las que se destacan: instalaciones de agua, gas y electricidad, conexión a internet, cercanía de basurales, mataderos u otros lugares de emisión de gases, medidas de espacios comunes y aulas, cantidad de personal docente y no docente por escuela, cantidad de sanitarios para alumnos y personal.