El fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez dictaminó a favor de conceder la «conciliación» al presidente, Alberto Fernández, y a la primera dama, Fabiola Yáñez, para cerrar la causa por violación de las medidas de contención contra el Covid-19 al celebrar un cumpleaños en la Quinta de Olivos.
Alberto Fernández ofreció una reparación de 1,6 millones de pesos y su mujer, de 1,4 millones, para cerrar la investigación mediante uno de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos judiciales. Ahora sólo resta la homologación por parte del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli.
La fiscalía consideró “razonable” el último ofrecimiento de reparación integral presentado por el mandatario, aunque primero deberá establecerse a qué institución médica será destinado el dinero. El fiscal Domínguez propuso en el dictamen que la donación sea para la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Doctor Carlos G. Malbrán”, como había ofrecido Fernández.
El monto ofrecido por el Presidente equivaldría al costo de un respirador y cuatro días de internación para pacientes en cuidados intensivos (UCI) con atención respiratoria motora (ARM), estimó la fiscalía, en base al nomenclador del Ministerio de Salud de la Nación y del Plan de Servicios de Salud del Programa Sumar del ministerio de la provincia de Buenos Aires y del Hospital Central de San isidro. La cifra también equivale a 40 días de internación en un módulo de atención de UCI con ARM de pacientes con Covid-19, según dichos nomencladores oficiales.
En tanto, la “razonabilidad” de la oferta se basó en el patrimonio del mandatario, según las declaraciones juradas de Fernández ante la Oficina Anticorrupción (OA), estableció el fiscal.
“Entiendo que las características del evento del que participó el imputado, la trascendencia y el impacto institucional que adquirió el suceso, el cargo de su autor y la fecha en la que tuvo lugar (vigencia del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio) son circunstancias que ubican a Fernández en el umbral máximo de responsabilidad penal ponderable a los fines de la reparación”, determinó Domínguez.
“Difícil es mensurar (monetariamente) el daño causado en este tipo de casos a los fines de su reparación; sin embargo, sí se puede intentar fijar algún criterio que permita tornar operativo el instituto conciliando los intereses en juego”, agregó el fiscal. “Entendí que anclar la reparación al costo de insumos hospitalarios permitiría, de algún modo, objetivar la propuesta reparadora analizada, buscar alguna equivalencia entre el reproche penal inherente al hecho imputado, el ‘perjuicio’ causado y la capacidad económica del justiciable”, concluyó Domínguez.