Vicegobernadoras y vicegobernadores de dieciséis provincias expresaron hoy que el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dispuso que el Gobierno Nacional le pague a la Ciudad de Buenos Aires (CABA) el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables representa «una injusticia que anula un acto de equidad y genuino federalismo».
«Manifestamos nuestra absoluta desaprobación al fallo de la Corte Suprema de la Nación que reintegra indebidos privilegios a la Ciudad de Buenos Aires en desmedro de todas las provincias», indicaron hoy las y los representantes en un comunicado. En ese contexto, señalaron que: «Estamos frente a una decisión que perjudica directamente a 44 millones de argentinas y argentinos en beneficio de tres millones de ciudadanas y ciudadanos que habitan en el distrito más rico del país en virtud de circunstancias relacionadas con su histórica situación de Capital Federal de la República Argentina», y «de una ausencia de federalismo durante décadas, que fueron gestando esa desproporcionada asimetría».
El máximo tribunal no resolvió la cuestión de fondo sino que por el momento avaló la medida cautelar pedida por el Gobierno porteño, que en términos prácticos hará que los pagos de ese 2,95% se hagan «en forma diaria y automática» por el Banco de la Nación Argentina y suspende la ley 27.606 que le otorgaba 2,32%. La decisión fue firmada por los cuatro miembros del máximo tribunal luego de que la Ciudad y la Nación no lograran ponerse de acuerdo en el costo que implica la Policía Federal, cedida a la Ciudad en 2016.
Los vicemandatarios consideran que la Corte Suprema restituye a CABA los fondos «a pesar de que ha quedado firmemente demostrado, que por decreto, (Mauricio) Macri le transfirió a (Horacio Rodríguez) Larreta muchos más recursos de la coparticipación nacional que los necesarios para absorber el traspaso de la policía a la órbita» porteña.
«Estamos frente a una injusticia que anula un acto de equidad y genuino federalismo», indicaron y añadieron que «el actual gobierno nacional decidió priorizar los legítimos intereses de 23 provincias en las que vive más del 93% de la población del país».
El texto está firmado por Florencia López (La Rioja); Sergio Mansilla (Tucumán); Rubén Dusso (Catamarca); Mariano Fernández (La Pampa); Carlos Haquim (Jujuy); Eduardo Mones Ruiz (San Luis); Ricardo Sastre (Chubut); Antonio Marocco (Salta); Carlos Neder (Santiago del Estero); Eber Solis (Formosa); Analía Rach Quiroga (Chaco); Mónica Urquiza (Tierra del Fuego); Roberto Gattoni (San Juan); Laura Stratta (Entre Ríos); Eugenio Quiroga (Santa Cruz); Verónica Magario (Buenos Aires).
Asimismo, indicaron que el fallo es en «favor de una ciudad que no tiene que asfaltar, que no tiene que construir rutas ni caminos, que no tiene que proveer nuevos tendidos de cloacas, ni de agua corriente, ni de electricidad, ni de gas». «En la práctica cotidiana, el 93% de los argentinos y argentinas tendrán ahora menos recursos, mientras el 7% de la población restante se beneficiará con más fondos», destacan en el documento y añaden que «decenas de miles de millones de pesos irán a las arcas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
Los vicegobernadores y vicegobernadoras subrayaron que el fallo «afecta y severamente a las provincias, toda vez que reduce los fondos de Nación necesarios para asistirlas financieramente en el desarrollo de infraestructura social (escuelas, hospitales, viviendas, cloacas y agua potable, caminos) indispensables para que reducir las asimetrías e inequidades históricas entre CABA y las Provincias». «Por una simple cuestión de residencia contable, empresas que hacen su producción en todo el país, pero facturan desde su oficina central en CABA generan el artificio de una contribución al producto bruto interno que no es real», agrega el comunicado y destaca que además CABA «concentra el poder político nacional, el sistema financiero, el puerto, los organismos centrales de defensa y seguridad y el primer cordón industrial».
Para los vicegobernadores, esto significa «una inmensa transferencia de recursos a la jurisdicción de la CABA», que «redunda en más y mejores puestos de trabajo, mayor consumo y por ende mayor recaudación impositiva local».
Además, plantearon que a partir del fallo «un 7% de argentinos y argentinas no sólo pagarán menos por la tarifa de servicios esenciales como electricidad y gas, sino que también obtendrán ahora exenciones impositivas» y completaron su posición con un interrogante: «¿Esto es querer construir un país federal? ¿Por qué este grado de privilegio para una sola ciudad?».