El kirchnerismo y la UCR por fin se sentaron a hablar el tema con seriedad. «Ustedes están aceptando este tipo de contratos que son perjudiciales para el usuario… Parecería ser que estamos más del lado de las automotrices que de los ciudadanos». «¿Tienen voluntad de modificarlo?», le dijo en la cara la IGJ el chaqueño.
Mientras sigue la lucha por vía judicial -muchas familias no pudieron acudir a esta-, también se insiste en una solución legislativa por los «abusivos» contratos de planes de autoahorro que pusieron en jaque a millones de Argentino en el gobierno de Mauricio Macri. Llevan varios años de lucha silenciosa, pero las esperanzas no se terminan. En el camino, por las altísimas cuotas, muchos vendieron sus autos, muchos se enfermaron, algunos judicializaron, y otros tanto resisten porque las soluciones dadas por el Gobierno – un diferimiento- es pan para hoy, y hambre para mañana, porque no se resuelve la cuestión de fondo.
En Chaco, el grupo de Autoconvocados Planes de Autohorro, espera buenas noticias. Los que judicializaron aguardan una respuesta positiva de la Justicia, los resultados de los primeros juicios sumarísimos podrían conocerse en los primeros (valga la redundancia) meses de 2023.
Como otra vía de solución, el oficialista, el chaqueño Juan Manuel Pedrini presentó un proyecto para crear un índice, pero la IGJ advierte que puede impedir las entregas. Los radicales respaldan. En una reciente exposición que realizó dijo lo que muchos no se animaban a decir.
La Comisión de Defensa del Consumidor, Usuario y la competencia de la Cámara de Diputados empezó a estudiar una ley que regule los precios de los planes de auto ahorro automotor, ofrecidos por las concesionarias para financiar la venta de autos cero kilómetros.
La primera reunión mostró un consenso del kirchnerismo y la UCR para avanzar con una norma, pero tuvo reparos de la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo encargado de controlar estos productos por tratarse de la captación de ahorro público.
La sesión fue convocada por el radical Víctor Romero, presidente de la comisión, y el proyecto para regular los valores de las cuotas lo presentó el oficialista Juan Pedrini. Propone aplicar un índice que combine en un 20% el aumento de precios al consumidor y un 80% el del coeficiente de variación salarial.
Vamos a trabajar una ley, pero desde la IGJ pueden hacer varias cosas, como controlar el plazo de entrega, los reintegros, los tratos abusivos o pedir una atención personalizada de las automotrices. O trabajamos para el pueblo, o para las concesionarias.
Juan Manuel Pedrini, diputado del Frente de Todos
Los incrementos actuales se ajustan a la variación de los precios de los autos nuevos y en los últimos años estuvo muy por encima de la inflación, sin reclamo posible por parte de los clientes porque en los contratos no hay una fórmula definida.
«Conozco una persona que en noviembre de 2019 pagaba 7900 pesos y ahora se le fue a 22 mil. Una variación de 614% cuando la inflación es de 275%. Si todo tiene un índice, esto lo debe tener», reclamó el radical Martín Carasso.
«El problema es que se aplica una norma de 1943, que está desactualizada», aportó Romero, dispuesto a revisar la legislación.
Pero los funcionarios invitados no estuvieron tan de acuerdo y protagonizaron un encontronazo con el oficialista Pedrini.
El director nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo, Alejandro Alonso Pérez Hazaña, advirtió sobre la complejidad de los contratos y remarcó que la mayor parte de los reclamos son por la demora en la entrega de los autos (30%) y sólo el 4% por la variación de las cuotas.
«Por lo menos en cuanto a los reclamos, el monto no es un problema. Aunque sé que se pide en acciones colectivas», reconoció y contó además que la mayoría de los casos referidos a los planes automotor no se cierran, porque no es fácil hallar las responsabilidades.
Y consideró que nunca se podrá regular el precio si las financistas están vinculadas a las automotrices y son las encargadas de informar a los clientes. «Es un contrato difícil de entender, con una lógica de solidaridad» .
La IGJ estuvo representada por su director de sociedades comerciales, Darío de León, quien sostuvo que la multa más alta aplicable es de 11 mil pesos y no alcanza para cambiar la conducta de las automotrices.
Además, destacó que muchas variables cuestionadas están en los contratos firmados que deben cumplirse, porque si no sería imposible entregar los autos.
A Pedrini no lo conformó. «Al contrato lo aceptan ustedes y son altamente perjudiciales para el usuario. ¡Son autoridad de contralor! Desde el Estado corremos atrás de defensa de los consumidores», desafió.
«Podemos hacer una ley muy bonita, pero si no tengo poder sancionatorio no me sirve», se defendió de León, pero Pedrini contraatacó.
«Vamos a trabajar una ley, pero la IGJ pueden hacer varias cosas como controlar el plazo de entrega, los reintegros, los tratos abusivos o pedir una atención personalizada de las automotrices. O trabajamos para el pueblo, o para las concesionarias», desafió.
Romero propuso un debate de asesores para retomar la comisión en febrero. Y trabajar una ley que podría ser tratada el año que viene. Con o sin apoyo del gobierno.
(Con información de Autoconvocados Planes de Autoahorro Chaco, del Facebook del diputado Juan Manuel Pedrini y de https://www.lapoliticaonline.com/)