Ludmila Voloj sobre la primera etapa del programa.
La subsecretaria de Comercio Exterior y Defensa de la Competencia del Chaco explicó que el acuerdo se va implementando “progresivamente” en las provincias, y admitió que en la provincia tiene una aplicación del 50%. En cuanto a la fiscalización, entendió que “los gremios y organizaciones tienen el derecho, como cualquier consumidor, de constatar que se cumpla el acuerdo o hacer las denuncias correspondientes, por ejemplo, a través de la aplicación móvil”.
Ludmila Voloj, consideró que el nuevo programa “Precios Justos” es “central” para cumplir el objetivo del Gobierno Nacional de bajar la inflación, por lo que entendió que “fortalecerlo” es una tarea que requiere de la activa participación ciudadana. El programa, lanzado por la administración central, se conforma de manera distinta al Precios Cuidados, aunque comparte algunas características. Entre los componentes novedosos, el plan en vigencia contempla topes de incrementos mensuales y la posibilidad de ser implementando “de manera progresiva”, por parte de distintas cadenas en todo el país, detalló la funcionaria.
En este primera etapa, las provincias se están capacitando en la metodología específica para la fiscalización, y si bien está funcionando en los distintos distritos, “el grado de aplicación que hemos tenido desde la incorporación del programa, que podría extenderse durante todo el 2023, está entre el 40 y el 50%”, dijo, en relación a los productos que están disponibles, para la provincia del Chaco, en los puntos que son parte del acuerdo.
Programa voluntario
El programa lo lleva adelante la Secretaría de Comercio de la Nación, a través de las firmas que, voluntariamente, han ingresado al acuerdo y se encuentran en grandes cadenas de supermercados. En el Chaco, se pueden encontrar en las sedes de estas cadenas que están en Resistencia, puntualmente en Carrefour, Vea, Hiper Chango Más, Jaguar, Vital, Maxi Consumo y Libertad; y también en Sáenz Peña.
«Venimos haciendo los controles todas las semanas, hay algunas firmas que aún no cuentan con la cartelería y la señalética de este programa específico, pero les hemos pedido que identifique a los productos que entran en el acuerdo con cartelería propia», detalló. Sin embargo, subrayó que el programa «admite esta transición» de Precios Cuidados a Precios Justos, que tiene otra cartelería y otros colores.
«En esta primera etapa, hemos fiscalizado si los productos fueron rotando, y si se ha respetado el tope del 4% de aumento que se establece para alguno de estos», aseguró. A la vez, la subsecretaria de Comercio Exterior, recordó que el acuerdo con los productos cárnicos «continúa vigente», y se suma a los productos de «Almacén» que son de consumo masivo.
«La particularidad de este programa es que hay un tope del 4% de aumento, que aplican las productoras, es decir, unas 358 firmas que entraron de manera voluntaria y no pueden superar ese monto, no sólo en la venta final, sino también en las distintas etapas de la cadena de producción», explicó Voloj. En esa línea, la funcionaria sumó que lo que se busca con el programa es «generar una referencia» de los precios, en tiempos en que, por la alta inflación y las fluctuaciones constantes, impera la dispersión de los valores de los productos. «Como Estado provincial, esto nos sirve, además, para sostener los acuerdos de precios locales, que son políticas con una incidencia específica hacia lo tiene que ver con el interior, donde no están las grandes cadenas», cerró.
Controles
De cara a la implementación plena del programa, la subsecretaria de Comercio Exterior apuntó que la delegación de las tareas de control que hace la Nación a las provincias y los municipios, tiene más que ver con la fiscalización que con la sanción. «Las sanciones son propias de la autoridad de aplicación, en este caso, la autoridad de Defensa del Consumidor y Comercio de las provincias», puntualizó.
En ese sentido, apuntó que, desde la pandemia se articulan acciones con los Municipios para que puedan fiscalizar y sancionar, en virtud de un Decreto presidencial; lo que permitió que el Chaco cuente con 47 áreas y espacios de Defensa del Consumidor en todo el territorio. «Venimos trabajando en capacitación y recorridas con el personal, en el marco de un trabajo integral, que busca fortalecer el trabajo que hace el Estado para garantizar una respuesta más rápida», expuso Voloj y sumó: «El trabajo del cuerpo de inspectores no merma».
En relación a la posibilidad que otros sectores se sumen, como ocurrió en otros distritos donde algunos sindicatos salieron a controlar los precios y generaron una gran polémica; la subsecretaria explicó que «se trata de un convenio que ha hecho la Secretaría de Comercio, entendiendo que las organizaciones y distintos sectores tienen la legitimidad y el derecho a ejercer lo que tiene que ver con la constatación de que cumplan los acuerdos, como consumidores». «Ha hecho mucho ruido, pero los gremios y las organizaciones tienen la posibilidad de hacerlo, como cualquier consumidor, en lo que respecta a la fiscalización, por ejemplo, a través de la aplicación para celulares: todo lo que tenga que ver con el fortalecimiento de este programa, que es clave para combatir la inflación, no es negativo porque hace a la participación ciudadana», consideró.