Polémica decisión de no arrestar al policía que agredió a su mujer

La agresión de un oficial de la Policía del Chaco a su esposa, que también presta servicios en la fuerza, abrió una polémica con varios ribetes: en primer lugar, la no detención del violento debido a que la víctima no lo denunció.
En segundo término, el no arresto de oficio al sujeto, a pesar de las claras evidencias en su contra. Tercero: el castigo que sometió la institución policial al trasladarlo a otra localidad, sin que eso garantice seguridad a la víctima. Y, finalmente, el mal ejemplo que estos dos agentes de seguridad dieron a la comunidad que dicen servir: es que los dos no respetaron un poco las constantes charlas de capacitación que el Gobierno da en lo que refiere a combatir la violencia de género. El agresor, por el hecho en sí de lastimar a una mujer, y ella por callar, a sabiendas que eso va en detrimento de su propia integridad y porque como agente policial es su deber denunciar estos hechos.
De acuerdo al informe del Órgano de Control Institucional (OCI), al tomar conocimiento de las agresiones ejercidas por el empleado policial, que son de público conocimiento, y al no haber denuncias formales por el hecho, se ordenó al Departamento Violencia Familiar y Género que se realice una actuación de oficio.
Se abrió un sumario administrativo y se les retuvo el arma reglamentaria a ambos efectivos policiales, considerando además la situación de convivencia.
Al oficial se lo separó del servicio con retención de haberes.
Mientras que desde la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros se intervino siguiendo el protocolo en casos de violencias por cuestiones de género. A través de la representación de la abogada Alma González, perteneciente al programa de Litigios Estratégicos, se intentó tomar contacto con la víctima con el fin de ponerse a disposición desde el organismo para ofrecer asesoramiento legal.
La mujer involucrada en el hecho optó por no llevar adelante acciones legales contra su agresor. Si bien la familia de esta tomó contacto con el equipo de la Secretaría solicitando asesoramiento, es importante remarcar que el delito de lesiones es de acción pública, pero de instancia privada, lo cual quiere decir que el Estado investiga lo sucedido, pero esto debe ser impulsado por pedido de la víctima, más allá de la intervención que solicite su familia o algún tercero.
De acuerdo a los detalles brindados por la Fiscalía 9, la víctima fue debidamente informada de las herramientas legales, de asistencia y contención con las que cuenta, pero esta dejó en claro que no desea accionar penalmente ni avanzar en causa legal alguna.
Trascendió que al oficial agresor lo trasladaron a la comisaría de Laguna Limpia.