Mientras que el proyecto de ley 3000/22, presentado por la diputada Elida Cuesta, el cual propone crear un registro de obstructores de vínculos familiares espera su tratamiento parlamentario en la Comisión de Legislación General, el presidente del Colegio de Abogados de Resistencia y referente de la ONG Infancia Compartida, José Galassi, manifestó su preocupación por la dilación del debate legislativo, y destacó urgencia por encontrar una solución a esta problemática.
«Es una situación que sinceramente preocupa, porque hay temas que hay que tratarlos de manera inmediata, los diputados están para eso», consideró en contacto con Radio Facundo Quiroga.
«Junto con la comisión directiva del Colegio estamos acompañando muy fuertemente a la ONG Infancia Compartida, integrada por padres, madres, tíos, a familias completas que están siendo obstruidas por una conducta caprichosa, mezquina, utilizando a los niños, niñas y adolescentes como rehenes, como botín de guerra para conseguir satisfacciones de pretensiones personales», dijo.
Al tiempo que señaló que «quienes están en contra de este proyecto de ley mal informan, falsea conceptos, situaciones», aseguró en referencia a la oposición puesta de manifiesto por el Consejo de Abogados de Resistencia, y el Colegio de psicólogos del Chaco.
Galassi más adelante describió el proyecto: «La idea es crear un registro para todas aquellas personas que de manera caprichosa, arbitraria, unilateral, no permite la vinculación del otro progenitor, la vinculación con sus familiares, del niño, niña y adolescente. Claramente es eso. No hay otro motivo.
Realmente con una rigurosidad manifiesta que así debe ser la ley, porque el daño psicológico, que se le está haciendo al niño, niña y adolescente es inmediato al impedirle una vinculación, un contacto, el amor no solo le dañan su presente, sino que su desarrollo y el futuro próximo donde tenga que conformar una familia, imagínese cómo la va a hacer teniendo ese concepto arraigado. Va a ser una situación, la verdad, que triste, lamentable y catastrófica porque ya vamos a condenar a una familia al sufrimiento».
Por lo cual el referente instó: «Este tema debemos tratarlo con rapidez y con seriedad porque acá no hay tiempo para omitir los deberes de funcionarios en cuanto a ocuparnos de los temas, de los problemas y tomar en realidad las cuestiones con la inmediatez que esto necesita».
Más adelante, Galassi indicó: «Ahora hay que hablar en serio y claramente dejar de mirar los intereses corporativos y de algunos colegas.
Hoy la crisis de los juzgados de Niñez Adolescencia y Familia, de que están sucumbidos y que nos lleva a tener esta situación y estar en pie de lucha y guerra constante, guerra en el buen sentido de la palabra, en cuanto a la puesta en trabajo, de la discusión, de la situación, para que cambie la realidad, colegas que tienen ciertos privilegios en los juzgados de familia, que llevó a esta situación corporativista, llevó a la situación que hoy se encuentra en los juzgados».
Justicia Óptima
Más adelante, Galassi reflexionó: «Tenemos que decir basta, dejar la hipocresía de lado, hablar las cosas como son. Hoy tenemos un supuesto Tribunal de Justicia que, obviamente, a gusto no van a estar con el trabajo que viene haciendo el Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción, porque nosotros estamos luchando por un servicio de justicia óptimo.
Obviamente nosotros no pertenecemos ni vamos a pertenecer a la corporación judicial, pero sí vamos a luchar».
Y a modo de ejemplo comentó: «Asumí la Presidencia del Colegio en diciembre y estoy esperando una reunión, que la pedí por nota reiterada, con todos los ministros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y todavía no la pude tener. Quiero decirle las cosas de frente como tiene que ser y nos tenemos que poner de acuerdo, empezar a mirar por lo justiciable, no mirar por la corporación».
Y seguidamente reflexionó: «Nosotros nos debemos a la sociedad, nos debemos a los justiciables, tenemos que estar dispuestos y predispuestos por esto solicitamos a los diputados y diputadas que se necesita registro de obstructores en el Chaco, que necesitamos el tratamiento de la ley».
Por otra parte, Galassi recordó: «El Colegio emitió un dictamen, con los fundamentos de porqué es necesario este proyecto y claramente hay que tener un poquito de sentido común, mirar un poquito las cosas como se están suscitando y parar con la industria del juicio, con la industria de la falsa de denuncia, que están ocupando el tiempo, recursos del Poder Judicial y que están trabando cuestiones de importancia, causas que hay que abocarse, que hay que dedicarse y no se puede porque tienen un montón de faltas, de denuncia que nos llevan a la saturación del sistema judicial».
«Entonces no podemos mirar a un costado, por eso pido por favor a los ministros del Superior Tribunal, les digo pónganse los pantalones largos y pónganse a trabajar por el servicio de justicia en la provincia de Chaco», instó.
QuÉ dice el proyecto
Según la iniciativa, se entiende por obstructores a toda persona que, gozando del cuidado de niñas, niños y adolescentes, impide la comunicación y el vínculo con el otro progenitor y sus familiares habiendo un régimen de comunicación homologado judicialmente.
La iniciativa propone crear el registro de obstructores en el ámbito del Ministerio de Seguridad y Justicia, u organismo que lo reemplace, con las siguientes funciones: llevar el asiento actualizado de las incursas en obstrucción de vínculos familiares, proceder a la inscripción de estas, publicar mensualmente en sitio web oficial el listado de obstructores familiares y expedir certificados de inclusión o de no inclusión en el registro.
Cuesta pidió el apoyo del cuerpo para sancionar la iniciativa y resaltó el trabajo de la ONG Infancias Compartidas. «La idea surge como consecuencia del pedido de Infancia Compartida, organización que brega por los derechos de niñas, niños y adolescentes con el fin de que desarrollen un sano vínculo con sus progenitores, cuidadores y sus familias extendidas», manifestó.
Asimismo, la titular legislativa remarcó que la iniciativa apunta al resguardo psicoafectivo de los menores de edad que se encuentran en situaciones de conflicto entre los progenitores. «Tenemos la convicción de cuidar los vínculos de los menores de edad para que puedan disfrutar de una crianza cariñosa y libre de violencia en sus familias», aseguró.
Oposición del Consejo
Por su parte el Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial del Chaco sumó su opinión contraria al proyecto de ley que propone crear un «Registro de obstructores de vínculos familiares»
A través de un comunicado, la entidad consideró que el proyecto de ley impulsado por la presidenta de la Legislatura chaqueña «perjudica a las familias protectoras, porque son las que mayormente denuncian la violencia familiar y de género y las que están a cargo de niños, niñas y adolescentes, enfrentando procesos contra progenitores violentos y/o abusadores, que lejos de asumir las consecuencias de sus propios actos las externalizan».
«Este proyecto de ley pretende perjudicar la situación de los/as progenitores que tienen bajo su cuidado a niños, niñas y adolescentes cuyo vínculo con sus otros/as progenitores pudo haberse interrumpido debido a denuncias o sospechas de violencias y abusos, yendo en consecuencia contra el principio fundamental de proteger prioritariamente el interés de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA)», sostiene el documento.
En ese contexto, advirtieron que el proyecto «pone la prioridad en aquellos/a progenitores que están denunciados por violencia y abusos contra los niños, las niñas y adolescentes, definiendo como obstructores a padres y madres que piden judicialmente restricciones al contacto y la comunicación para protegerlos/as, siendo casos en donde no se puede decir irresponsablemente que sean todas denuncias falsas».
«Agrava de esta manera la situación de quienes muchas veces enfrentan en soledad el cuidado de niños, niñas y adolescentes, sin aportar ninguna solución o mejora para su bienestar individual, ya que llevará en los hechos a que la persona que en ejercicio de los cuidados personales cohabita con esos/as NNA pueda perder su empleo y/o no acceder a una vivienda, o quedar fuera del sistema crediticio», agregan.
Para el Consejo de Abogados de Resistencia, el proyecto de ley «es un proyecto de ley que no aporta una solución pensada en el interés superior de NNA», expresan.
Por último, rechazaron «las falaces descalificaciones que se vierten para sostener la defensa de una de las partes que participan en estos graves y dolorosos conflictos intrafamiliares, agrediendo irresponsablemente a profesionales de la abogacía que trabajan con probidad y compromiso con los dramas humanos que intentan encausar en el ámbito pacificador y protector del sistema judicial».