La Comisión Legislativa de Hacienda y Presupuesto dio, ayer, dictamen favorable a distintos proyectos enviados por el Poder Ejecutivo que proponen ratificar decretos, mediante los cuales se otorgaron incrementos salariales a distintos estamentos del sector público.
Las iniciativas que se encontraban en el temario de la cartera y que tuvieron dictamen unánime están relacionadas a decretos que establecieron la bonificación de equiparación salarial para trabajadores de la administración pública; otro por el cual se fijó a partir del 1 de julio el valor índice 1 para determinar las remuneraciones del personal docente; un adicional especial para el sector de la Asesoría General de Gobierno; incrementos en los haberes de empleados de la Defensoría del Pueblo; y suma fija no remunerativa y no bonificable otorgada a los agentes comprendidos en el escalafón seguridad.
También fueron avalados otros decretos relacionados a escalas salariales del Tribunal de Cuentas, Poder Judicial, Tribunal Electoral, Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento y Fiscalía de Estado; una bonificación especial para el ámbito del Ministerio de Seguridad y Justicia, Policía y Servicio Penitenciario; incrementos para el Poder Legislativo, autoridades superiores, Contaduría General y Tesorería General; la Dirección de Aeronáutica; la Administración de Puertos (Puerto de Barranqueras) y la Asesoría General de Gobierno.
En tanto que otras iniciativas ratifican decretos sobre la bonificación por mayores funciones de responsabilidad al personal de Contaduría General, Tesorería General y la Dirección General de Finanzas Programación Presupuestaria, mediante la equiparación salarial creada por el decreto 1098/23 para empleados y retirados con Bocep y del ex Banco del Chaco, entre otros.
Participaron de la sesión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto las y los diputados Hugo Sager, Nicolás Slimel, Gustavo Corradi, Claudia Panzardi, Juan Carlos Ayala, Rodrigo Ocampo, Gricelda Ojeda y Livio Gutiérrez.
CARGOS EN EL MINISTERIO PÚBLICO
La Comisión de Legislación General, Justicia y Seguridad trató ayer el expediente 100/23 referido al veto total del gobernador Jorge Capitanich a la Ley 3884-A, por la cual se creaba el cargo en el Ministerio Público de la Defensa del Poder Judicial.
Las y los diputados de la cartera recibieron a la defensora general Alicia Alcalá, quien fundamentó «la necesidad de la ley» y explicó que la normativa aprobada establece que «los cargos serán incorporados paulatinamente durante 2024, 2025 y 2026 y que implicaría un reconocimiento para él área de la Defensoría Pública».
Tras escuchar los argumentos de Alcalá, los integrantes de la Comisión adelantaron su rechazo al veto del ejecutivo y la insistencia en la sanción original.
Luego, se dio despacho unánime a un proyecto de la presidenta de la Legislatura, Elida Cuesta, y la diputada Jéssica Ayala, que tiene por objetivo asignar el carácter de letrado al Juzgado de Paz y Faltas de Fontana, el cual estará a cargo de un juez y de dos secretarios.