El intento por frenar el proceso de pase a planta de trabajadores precarizados que se inició hace más de cuatro meses en la provincia, obtuvo los primeros resultados, a través de medidas judiciales.
La primera fue del juez Civil y Comercial 17 de Resistencia, Orlando Beiranavicius, quien hizo lugar a dos medidas cautelares, el pasado 11, en favor de los ciudadanos H.D.A. y J.M.F., y suspendió los efectos de los decretos firmados por el gobernador Jorge Capitanich.
En el primer caso de H.D.A., la medida cautelar cuestionó los decretos 1453/23, 2118/23 y 2244/23, mientras que en el de J.M.F. se suspenden los efectos del decreto 2656/23. El fundamento del fallo apunta a que en la reglamentación del concurso de antecedentes y oposición se establece una limitación a lo «abierto» al disponer como requisito el de «acreditar prestación efectiva del servicio y antigüedad comprobable con los instrumentos administrativos correspondientes».
En la misma fecha, además, el pasado 11, los diputados de Juntos por el Cambio, Livio Gutiérrez, Carmen Brito y Sebastián Lazzarini, presentaron en la Fiscalía de Estado un pedido de declaración de inconstitucionalidad de los decretos en cuestión.
Mientras que ayer, el fiscal de Estado, Roberto Alejandro Herlein, anunció que hizo lugar al pedido de inconstitucionalidad sobre uno de los cuatros instrumentos, el decreto 2656, por omitir la condición que deben tener estos concursos, la etapa de oposición, pero que a su vez anticipó que apelará la medida cautelar a la que dio lugar el juez Civil y Comercial 17 de Resistencia.
Ante estos hechos, desde los sindicatos que nuclean a los trabajadores del estado, esgrimieron su defensa al proceso cuestionado judicialmente.
Garantizar la continuidad
En el marco de un paro provincial con movilización, que tuvo lugar el miércoles, el secretario general de la Unión del Personal Civil de la Provincia (UPCP), José Niz, explicó a los medios de prensa presentes que la demanda central es: «Al fiscal de Estado que apele la medida interpuesta por el juez, garantizando la continuidad del proceso de regularización laboral de los trabajadores precarizados en toda la administración públicas, y las áreas que son mucho más sensible, como salud, educación, desarrollo social, en el caso de salud».
Al tiempo que añadió: «Sin embargo en este momento un fiscal, da lugar a pedidos de diputados para que quede abortado totalmente lo que es el proceso para regularizar la situación de los trabajadores».
Tras lo cual aseveró: «La idea es que el fiscal nos dé una explicación, por qué dio lugar al pedido del diputado Livio Gutiérrez, cuando hay un ámbito paritario que deben respetar, la ley de paritarias, convocar a los sindicatos con mayoría gremial, y en ese marco tratar de llegar a un consenso.
Por otro lado tiene la obligación de atacar la medida interpuesta por el juez, o por los jueces». «Vamos a agorar todas las instancias no solo para garantizar que el proceso continúe y se materialice, sino que la sociedad tenga garantizada la prestación de servicios», sostuvo Niz.
vínculo con
el estado
Mientras que por su parte, el secretario general de ATE Chaco, Mario Bustamante, explicó que el pase a planta «se da en el marco de una ley que tiene que ver con el convenio colectivo de trabajo, que se aprobó en 2010 con mayoría absoluta de todos los bloques parlamentarios, y que los sindicatos y la patronal de turno, instrumentamos, reglamentamos y estamos aplicando.
Básicamente es el ámbito institucional, formal y legal que tienen los trabajadores, y el Estado empleador para dirimir cualquier tipo de conflicto».
«En este caso, es un conflicto histórico de la provincia, que es la precarización laboral. Están inscriptos casi 15 mil compañeros y compañeras de toda la provincia que tienen algún vínculo con el Estado, y aquellos que no lo tienen obviamente quedan afuera del concurso», explicó.
«Esos fueron los parámetros que hemos puesto en el marco de acuerdo, donde la idea es que se recomponga, y organice el estado favoreciendo el derecho de los trabajadores», describió.
Seguidamente reconoció: «Obviamente que hay una tensión enorme porque en plena transición, el Gobierno entrante allana el terreno para avanzar sobre las instituciones, que en este caso está constituido por los sindicatos, avanzar sobre derechos adquiridos, situaciones acordadas, situaciones reglamentadas, avaladas, en un marco jurídico legal».
Por lo cual sostuvo: «Uno está viendo en esto una avanzada política, una disputa política, no solamente partidaria, sino de poder, es correr a los sindicatos, y acusarlos de cómplices del gobierno actual».
Bustamante, además, resaltó: «La información es clara, la convocatoria fue abierta, en este momento estamos analizando con el tribunal examinador todo lo que tiene que ver con aquellos y aquellas que no cumplen con los requisitos como lo es trabajar en el estado, quienes pertenecen a programas quedaron afuera por una cuestión lógica de pertenecer a organismos nacionales, o por trabajar en los municipios que tienen otros ámbitos donde se dirimen estas cuestiones».
«En el caso de la provincia, a nivel central, tenemos la situación de que aquellos compañeros y compañeras con mayor lugar son los que más puntaje tienen y punto», afirmó.
«Estamos los tres sindicatos de acuerdo, ya que entendemos que la precarización laboral es un problema, y que el ámbito para solucionarlo es la negociación colectiva, desde este año hasta 2030. Y que quede claro que no estamos pidiendo la erogación de gasto público», aclaró.
Al tiempo que dimensionó: «Hay compañeros y compañeras que están hace 15 o 20 años trabajando y tenemos con toda la furia 500 vacantes, de un universo de estimativamente 13 mil trabajadores que quedan dentro para concursar plenamente, rendir su examen y validar sus saberes, pero sería tremendamente injusto que este proceso se caiga por una operación política de un gobierno, debilitaría enormemente a las organizaciones sindicales, al ámbito del convenio colectivo, no sería favorable para nadie, y muy injusto para aquellos compañeros y compañeras que depositaron su confianza en este proceso, que lo están sostenido, aguantando».
Por esto aseveró: «Insistimos que tiene que ser preservado el ámbito paritario, que tiene que ser sostenido el concurso, exigimos el pleno complimiento del concurso de pase a planta del nivel central, a todas las patronales, la actual, la que viene».
} Cautelar exprés
Asimismo, Bustamante sumó al Poder Judicial a esta demanda: «Hay un juez que se hace eco de un pedido de dos individuos que no trabajan en el estado, que están por fuera atendiendo un quiosco, o lavando no sé qué cosa, y de pronto aparecen en pleno operativo de bastardeo de las instituciones, qué casualidad, denuncian y un juez de manera exprés mete una cautelar y suspende el proceso de pase a planta».
«Ojalá que la Justicia funcione con tanta celeridad con los despidos, ya que el gobierno entrante ya ha dicho que quiere ajuste, que somos muchos, y lo han dicho a nivel nacional y local. Patricia Bullrich y Zdero dicen lo mismo, entonces esperamos que el juez se expida rápidamente para reconocer la continuidad laboral de nuestros compañeros y compañeras precarizados», anticipó un posible próximo escenario.
A modo de conclusión, el titular de ATE consideró: «Es un ataque claro y sistemático al ámbito del convenio colectivo de trabajo, a la decisión de los sindicatos que de manera democrática, institucional, formal, acordamos y logramos este proceso transparente que es justo, no genera más gastos a la provincia y de nuevo instamos al nuevo gobierno a pedir la información, para eso estamos los sindicatos, somos un ámbito abierto y democrático, no estamos para defender otro gobierno, estamos para defender a nuestros compañeros, en pleno pase a planta, donde tanto cuestionamiento hay para eso está la información».
En cuanto a los pasos a seguir, Bustamante describió: «Primero hay que desmenuzar a quién va dirigida esta cautelar, por lo tanto esa figura jurídica es la que tiene que pedir que esa cautelar caiga, justamente porque se hicieron todos los mecanismos legales e institucionales para poder llegar a esta situación.
No puede caerse algo cuando entendemos que no hay violación de derechos, lo que hay es atención de derechos, porque hay una situación extrema de precarización laboral, gente que desarrolla su tarea en el Estado, mientras que las personas que presentan el amparo es gente que está fuera del estado, y que dice que quiere pasar al estado y tener la igualdad de condiciones».
«Pero en el concurso está claro que es para los trabajadores y trabajadores que desarrollan su tarea y tienen antigüedad porque vienen trabajando hace más de una década. Es este el espíritu de la ley que armamos entre todos los sindicatos, el Estado empleador, en un ámbito paritario», destacó.