La ministra de Desarrollo Social mostró papeles, explicó sobre las compras que hizo su gestión con recursos de Nación y desmintió a la denunciante que la acusó de asociación ilícita.
A través de un video publicado en sus redes sociales, la ministra de Desarrollo Social y diputada electa María Pía Chiacchio Cavana se refirió a las acusaciones de «asociación ilícita» o» malversación de fondos» difundida por algunos medios de comunicación y marcó que “no existieron hechos de esta naturaleza ni existirán”.
“Ninguno de estos convenios que se firmaron tuvieron una utilización política o electoral, pero estas personas no le conocen la cara a quien sufrió un incendio, a quien vive en una villa o un paraje rural y solamente son instrumentos de operaciones políticas que hacen daño a la institucionalidad y a mi credibilidad”, expresó.
La ministra recordó que lo apuntado como supuesta irregularidad no es otra cosa que el accionar que realiza el Ministerio para dar respuesta a los casos de asistencia crítica como ser camas, colchones, ventiladores, elementos de higiene personal o de limpieza.
“Lo único que quieren es generar zozobra, malestar y desconfianza acusándome de delitos que no cometí y que jamás cometeré”, expresó.
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RECORRIDO
Chiacchio Cavana señaló que el programa que es objetado es Abrazar Argentina, una propuesta del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación por un entendimiento institucional que se rubricó el 3 de septiembre y luego ratificado por decreto provincial el 23 de septiembre, con posterioridad al llamado a las urnas.
Los procesos que se realizan para comprarlos son los establecidos por la Ley 1092-A, de Administración Financiera, públicos, con concursos de precios y publicado oportunamente en la página: compras.chaco.gob.ar, fácilmente verificable por cualquier entidad o persona interesada.
“Jamás se alteró alguna normativa o procedimiento, por el contrario, se realizó un concurso público de precios -sin que sea una obligación legal- para aportar mayor transparencia a la ejecución de los fondos nacionales, asegurando control de precios y calidad de los bienes a adquirir”, añadió.
La funcionaria agregó que como es habitual en estos casos se presentan tres presupuestos comparativos y luego se elige el de menor valor.
Es un proceso de compra que hace a las competencias del Ministerio y a una responsabilidad de gestión. Las necesidades sociales no terminan por el resultado electoral de la provincia, seguimos gestionando y gobernando hasta el 10 de diciembre.
“Por eso, me presentaré a la Fiscalía para constituirme como querellante y aportar toda la documentación de las compras efectuadas y las actas de entrega a cada beneficiario y beneficiaria que recibe dichos bienes”, indicó.
Acto seguido lamentó que estas acciones solo tengan como propósito un efecto mediático intentando instalar bronca y resignación de la población con sus representantes.
“En mi persona no van a socavar el reconocimiento de una gestión llevada adelante durante 4 años por los trabajadores y trabajadoras de desarrollo social, intentando generar desesperanza y malestar en la ciudadanía”, expresó y concluyó marcando que, como todos los funcionarios, al final de su gestión presentará el juicio de residencia que marcará como eje la transparencia en el manejo de los recursos públicos.