El Gobierno nacional decidió dar de baja 4.588 planes Potenciar Trabajo, tras detectar que los beneficiarios eran empleados públicos.
El número surgió a partir de una investigación del fiscal federal Guillermo Marijuan, quien cruzó las bases de datos del programa con las planillas de empleados públicos de 14 provincias.
El resto de los distritos todavía no enviaron sus datos, por lo cual el número de casos incompatibles podría aumentar.
De esta manera, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, decidió conducirse por un carril distinto al de la ex ministra Victoria Tolosa Paz que fue imputada junto a Pérsico por el fiscal Marijuan en al menos dos causas anteriores, por no dar de baja a los beneficiarios que cobraban ese plan social por fuera de las normas establecidas.
La funcionaria de Javier Milei también ordenó una «auditoría de cero» para saber dónde está parada, ya que la información que dejaron en la Secretaría de Economía Social, que estaba a cargo del dirigente del Movimiento Evita es, como mínima, muy escasa, y poco confiable, publicó Infobae.
Según detallaron desde la cartera conducida por Petrovello, las 14 provincias investigadas hasta el momento son Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz.
Vale recordar que Marijuan solicitó en noviembre las bases de datos de los trabajadores estatales de las 23 provincias Argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para cruzarlas con el padrón del plan social. Sin embargo, no todas contestaron, yalgunas ya fueron intimados por segunda vez.
En su investigación preliminar el fiscal los acusa de «la realización de presuntas maniobras ilícitas que podrían encontrar adecuación típica en el delito de defraudación contra la Administración Pública».
También apunta contra los funcionarios públicos nacionales y provinciales que «sus acciones u omisiones han permitido o facilitado la comisión de estos fraudes contra el Estado Nacional, conductas que, en principio, encuadrarían en el delito de violación de los deberes de funcionario público».