La pauta oficial es el presupuesto destinado a la difusión de la gestión de la administración nacional, las empresas estatales, los entes descentralizados u otros organismos donde la participación mayoritaria sea gubernamental. A cambio de los fondos de la pauta oficial, se difunden campañas a través de distintos medios de comunicación gráficos, web o audiovisuales.
«Se trata de una herramienta para comunicar medidas o informaciones que se consideren de interés público. Ese es su espíritu, de acuerdo a los distintos acuerdos internacionales con rango constitucional que ha firmado la Argentina, ya que nuestro país no tiene una ley que regule la pauta oficial», señaló Santiago Marino, doctor en Ciencias Sociales y magíster en Comunicación.
El investigador y docente señaló al aire de la 99.7 que solo en recorte presupuestario de pauta sobre el Poder Ejecutivo, se trata de hasta un 10% de los ingresos publicitarios totales del sistema de medios, con un valor estimado de USD4 millones. En este sentido, remarcó el impacto económico, debido a que el gobierno nacional es el principal anunciador.
«En la Argentina el sistema de medios es hegemónicamente privado y comercial, hay un sector significativo en términos culturales, pero no en términos de tamaño, que son sin fines de lucro: populares, alternativos, comunitarios, medios estatales y provinciales, etcétera. Como esos medios capturan menos audiencia, la incidencia de la pauta oficial allí será más significativa», aseguró y explicó que, según datos oficiales, los grupos de medios que más pauta reciben son Clarín, Indalo y Octubre.
Señaló que «es esperable que los medios grandes puedan sobrevivir», pero advirtió que «es fundamental entender que el sujeto de derechos es la ciudadanía, no los medios de comunicación. La comunicación oficial no es un derecho que tienen los medios que tienden a recibir pauta, sino que la publicidad oficial es un recurso que tienen los gobiernos para informar».
Derecho a la información y pluralidad
El acceso a la información pública es un derecho humano con rango constitucional en la Argentina. Establece que los ciudadanos y ciudadanas deben poder acceder a la información que producen los organismos públicos, para poder incidir en las decisiones y rendiciones de cuentas sobre políticas públicas.
Agustín Espada, doctor en Ciencias Sociales y director de la Maestría en Industrias Culturales (Unqui), coincidió en que «la publicidad oficial tiene una función en materia de libertad de expresión y en materia del derecho a la información de los ciudadanos»; y recordó que de esta depende el fomento de una democracia participativa, ya que el acceso a la información es clave para garantizar el ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales.
El investigador reconoció que el gobierno nacional es el auspiciante más importante del mercado de medios de comunicación, y sostuvo que la decisión de la gestión del presidente Javier Milei tendrá un impacto directo sobre la sostenibilidad económica de las empresas. Sin embargo, remarcó la importancia de reflexionar también sobre «el impacto democrático y social» de la medida.
Espada advirtió que la quita de pauta oficial a medios afectará al federalismo en el sistema de medios nacional: «El impacto será diverso y asimétrico. La publicidad privada está muy concentrada en pocos actores y grupos mediáticos. Pero la concentración también es geográfica y está centralizada en las ciudades de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba.
Es muy complejo sostener un medio sin acceso a la pauta oficial. Vamos a tener pérdida de puestos de trabajo, precarización de los puestos y eso va a repercutir en la calidad de los contenidos».
«Como sucede con otras cuestiones estructurales que tienen que ver con nuestros derechos a la vivienda, la educación y la salud; si todo se deja librado al mercado, no se garantiza la pluralidad.
El impacto económico pega directo sobre la diversidad y pluralidad de voces, capaces de transmitir desde las provincias o reducción de fuentes de información, de análisis, de expresiones y opiniones. Eso redunda en una menor calidad del debate público», apuntó Espada.