El primer mandatario hizo uso de la birome en el tema de los subsidios al transporte y afecta a todo el interior. En lo que se interpretó como un pase de facturas a los gobernadores, la decisión es coherente con la innegociable resolución de nivelar las cuentas fiscales. El ministro Caputo reveló que enero cerró «con déficit cero», aún computando el pago de intereses de la deuda. El Gobierno removería a los funcionarios ligados al jefe de Estado de Córdoba en otra decisión de alto impacto que revela que el Presidente está dispuesto a ir a fondo, con los instrumentos que tiene como jefe de la administración, que no son pocos. También en enero las transferencias discrecionales a los gobernadores se redujeron en un 98%. Axel Kicillof anunció que completó el pago de sueldos de enero con fondos propios para no perjudicar el inicio de clases, pero puso en duda los sueldos de febrero.
En el seno del Gobierno hay otra lectura de la caída de la sesión de Diputados. La orden de pasar el proyecto a comisión vino directamente desde Israel y la bajó el principal operador político de Javier Milei, el flamante asesor Santiago Caputo.
Para muchos fue parte de una estrategia política del propio oficialismo que encontró la forma de facturar a 55 diputados díscolos, de distintas expresiones políticas, que no le dan al Presidente las herramientas necesarias para gobernar, en cumplimiento del mandato que surgió del resultado de las elecciones.
En términos económicos la caída de la sesión, y el hecho de que por un tiempo la «ley ómnibus» pase a no ser una prioridad, no afecta a habida cuenta de que ya el Gobierno había retirado de tratamiento el tema fiscal previamente.
En el análisis del oficialismo, a partir de ahora, el apuro vendrá de parte de los gobernadores que deberán asegurar el acompañamiento de legisladores que jugaron la propia a la hora de la verdad. Fueron 55 los que quedaron expuestos ante la opinión pública como responsables de un hecho tan sorprendente como previsible, considerando el perfil y la impronta dada a la gestión por un Presidente que pretende dar señales claras en el sentido de iniciar un nuevo camino que conduzca en el menor tiempo posible a terminar con la inflación e iniciar una sostenida etapa de crecimiento y desarrollo.
De hecho, no es un tema menor que los mercados internacionales y locales ratifiquen la confianza en el rumbo impreso por el Gobierno, confianza que se hace más notoria en el exterior, donde Milei pasó a ser un hombre que genera interés.
Ayer, en el Gobierno se daba por cierto que el mes venidero entraría como proyecto la reforma laboral, con similar contenido al del DNU, pero con otra vuelta de tuerca sobre los jerarcas sindicales.
Con ello apuntan a desjudicializar la cuestión, y descuentan que en el ámbito del Congreso, con este nuevo escenario generado a partir de la última semana, habrá una rápida aprobación en ambas cámaras legislativas, no siendo un hecho menor el decidido apoyo de las distintas cámaras empresarias que consideran la iniciativa como una de las señales más fuertes para producir la generación de empleo.
Los subsidios
de la discordia
Ayer, el Gobierno anunció la decisión de disminuir el subsidio a las empresas de transporte público en todo el país. La medida incluye la eliminación «inmediata» del Fondo Compensador del Interior, cuyas sumas millonarias eran recibidas por las compañías de colectivos que operan fuera del Amba.
A partir de ahora, la ayuda oficial se canalizará a través de Sube y será exclusivamente para los beneficiarios de la tarifa social, que implica un descuento del 55%.
«La Secretaría de Transporte ha decidido terminar con el congelamiento de tarifas que había heredado de la gestión anterior en trenes y colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) para líneas de jurisdicción nacional, otorgando así a la tarifa mayor protagonismo en la cobertura de costos necesarios para operar.
De esta manera, esta medida implica una disminución considerable de subsidios que iban a las empresas», detalló en un comunicado, dando cuenta de los aumentos que ya están pagando los usuarios de Capital y el GBA.
Además indicó que, a partir de ahora, «se elimina el Fondo Compensador del Interior, cuyas sumas también eran recibidas por empresas prestatarias de los servicios del resto del país, o sea, fuera del Amba».
En diciembre, el monto mensual girado a las provincias fue de $11.500 millones, algo que es facultad exclusiva del Presidente hacerlo o no.
El Fondo Compensador -que en el Presupuesto 2023 fue por un total de $102 mil millones- se encargaba de subsidiar al transporte público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del Interior del país a través de transferencias realizadas desde el Estado nacional, para que el costo de los boletos fuese inferior al necesario para cubrir los costos de funcionamiento y mantenimiento.
Esta decisión del Gobierno de Javier Milei le impone la necesidad de subir la tarifa de los colectivos a los gobernadores, con los que mantiene una tensa relación que se agravó tras el fracaso de la «ley ómnibus». O, en su defecto, establecer subsidios con fondos propios.
La explicación de Adorni
Desde la Secretaría de Transporte señalaron que «el Estado solo mantiene Tarifa Social Federal», mientras que el resto de las tarifas del Amba «se actualizarán por IPC (Índice de Precios al Consumidor)», detallando que «en el Amba circulan líneas de jurisdicción nacional, que son lo mismo que los trenes y sí tendrían una tarifa diferenciada a la del Interior». «En tanto, el interior va a quedar atado a lo que determinen los gobernadores», separaron.
En tanto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que la decisión de disminuir el subsidio a las empresas de transporte público en todo el país «está en línea con la reducción de los diferentes subsidios».
«Esta decisión guarda relación con el pacto fiscal que los gobernadores y el gobierno nacional firmaron entre 2017 y 2018, donde se comprometían a eliminar progresivamente los subsidios diferenciales en materia de transporte para el área metropolitana y establecía que las provincias definirían las diferentes compensaciones que cada empresa de transporte público iba a necesitar», sostuvo, y remarcó: «El objetivo de todo esto es la equidad a lo largo y a lo ancho del país, y dejar de beneficiar a algunos en detrimento de beneficiar a otros».
«En este cambio de esquema, al paso que nos permiten los procesos, es hacer que efectivamente le llegue el subsidio a aquel que lo necesite. Por supuesto que va a repercutir en tarifas», reconoció el vocero.
Además, aclaró que la idea es que quien «necesite viajar, más allá del impacto, lo pueda hacer», y concluyó: «Tratamos que el nuevo esquema no sea solo justo, sino que también permita que todos puedan usar el transporte público».
En la práctica, esta decisión del gobierno de Javier Milei le impone la necesidad de subir la tarifa de los colectivos a los gobernadores, con los que mantiene una tensa relación que se agravó tras el fracaso de la «ley ómnibus». O, en su defecto, establecer subsidios con fondos propios.