El Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, oficializó la suspensión del pago del programa Potenciar Trabajo a 22.501 beneficiarios que viajaron al exterior. Esta acción se extenderá por tres meses, quienes quieran recuperar el beneficio deberán empadronarse nuevamente, justificar su situación de «vulnerabilidad social y económica» y explicar como hicieron para viajar a Europa, mientras percibían el plan social. La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través de la «Resolución 82/2024″.
Los nombres y documentos de identidad figuran en un anexo y se le ordena a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano, «a notificar la presente medida a la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS) (a cargo de Guillermo Marijuan) y a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», para que se investigue los presuntos delitos de «defraudación a la administración pública» y de «incumplimiento de los deberes de funcionario público» a los responsables del programa por no controlar.
Según la documentación oficial, al menos 85 personas viajaron fuera de la región, 14.695 beneficiarios viajaron al exterior y 2.939 lo hicieron en avión o crucero. Otros 4.782 no solo fueron a playas paradisíacas o ciudades como Londres, Paríos o Roma, sino que, en el entrecruzamiento de datos con ANSES y la AFIP, se constató que tienen autos de menos de cinco años de antigüedad, empleo formal, entre otras incompatibilidades.
Las 22.501 a las que se les suspendió el denominado «Salario Social Complementario» no cumplirían con los criterios impuestos para cobrar el 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil por 20 horas semanales en una Unidad de Gestión, como cooperativas que dependen de movimientos sociales, municipios, gobernaciones y otras organizaciones, y que es para «mejorar los ingresos de las personas que se encuentren en situación de alta vulnerabilidad social y económica, cuya finalidad es contribuir a la satisfacción de las necesidades básicas de los beneficiarios y sus familias».
La resolución publicada en el Boletín Oficial está firmada por Pablo María de la Torre, el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia. Allí, hace mención que, «el 25 de octubre de 2023, la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS) formuló denuncia contra los funcionarios responsables del otorgamiento y contralor del Programa Potenciar Trabajo y solicitó la suspensión o baja de (160.000) planes sociales de beneficiarios que registraban viajes al exterior durante el período de vigencia de su prestación, dándose origen a la causa N° CFP 3749/2023 caratulada «N.N. s/ abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público».
La decisión del Ministerio de Capital Humano cumple con la solicitud que realizó el fiscal Guillermo Marijuan, suspender el beneficio, pedir el reempadronamiento de las personas cuestionadas y, en caso de no hacerlo, o no acreditar la situación de vulnerabilidad, dar la baja.
En su investigación preliminar, el fiscal denunció que 159.919 titulares del Potenciar Trabajo reflejaron un total de 812.906 movimientos migratorios.
De estos, 817 personas lo hicieron en cruceros, 29.076 en avión, 83.974 en embarcaciones, 199.977 en ómnibus, 349.835 de forma particular por auto, y los restantes 149.227 no se especificó.
Los 22.501 beneficiarios a los que se les suspendió el beneficio forman parte de las personas señaladas por el titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Relativos a la Seguridad Social. El recorte para el Estado será de 1.755.078.000 pesos mensuales. Una pequeña fortuna en tiempos en los que «no hay plata».