Tras un cartel de arrastre con la leyenda «Contra el ajuste y la represión de Milei: el hambre también es violencia», dirigentes de organizaciones feministas, disidentes, políticas, gremiales y sociales de la provincia, encabezaron la marcha y paro internacional por el Día de la Mujer Trabajadora. La columna de manifestantes que se extendió por una docena de cuadras partió desde el frente al hospital Perrando, a modo de apoyo a las trabajadoras de la salud pública por la situación de precarización y violencia laboral que atraviesan. La marcha pasó por frente al Superior Tribunal de Justicia donde se realizó una intervención por víctimas de femicidios: en el lugar y con pegatinas de carteles se reclamó justicia por Mabel Villaqui, Ruth Celivan, Yenifer Obregón, Mirta Irazábal, Gabriela Alarcón, y entre muchas otras más. El itinerario continuó hasta Casa de Gobierno, donde se realizó la lectura del documento consensuado con las organizaciones con una lista de las reivindicaciones que se presentó a mediadores del Ejecutivo dirigido al gobernador Leandro Zdero.
A través de la misiva, solicitaron el funcionamiento del centro de asistencia a las víctimas de violencia, la implementación de un registro único de denuncias de violencia de género, plan integral de prevención y abordaje para la violencia de género, trabajo en red con las promotoras, programa acompañar, acceso a la justicia con patrocinio jurídico para las víctimas, funcionamiento de los refugios para las víctimas de violencia de género, la continuidad de las mesas mensuales interpoderes y de políticas de gobierno, programa para mujeres emprendedoras, salud integral para mujeres y disidencias, provisión de insumos, protección de la embarazada y el bebé, cuarto mes de licencia por maternidad, emergencia alimentaria, provisión de vacunas, entre otras.
Cuatro femicidios en el año
Desde Mumalá, por su parte, exigieron la declaración de la emergencia alimentaria y en defensa del aborto legal, de la educación sexual integral y de todos los derechos conquistados del movimiento feminista, popular y disidente.
Paula Ojeda, coordinadora de Mumalá Chaco, explicó que «en el Chaco los femicidios no paran, desde el inicio del año llevamos registrados cuatro femicidios. Esto indica que hay más mujeres muertas en manos de sus femicidas que meses transcurridos». También afirmó: «Mientras siguen con las políticas de ajuste, con programas de acompañamiento a víctimas de violencia de género sin funcionar, los casos de violencia machista no hacen más que aumentar en una provincia que siempre lidera la lista de femicidios a nivel nacional».
La dirigente aseguró: «Las mujeres víctimas de violencia de género no son la casta, pero siguen pagando con su vida las consecuencias de este gobierno misógino y negador de la realidad que vivimos las mujeres y disidencias».
«En este contexto de crisis social y económica las preocupaciones se agudizan, por ese motivo que es necesario y urgente que mujeres y disidencias sexuales y de género formemos la resistencia ante Milei y sus políticas de ajuste. Que mostremos en las calles y en todos lados que la marea feminista, la marea verde, sigue más fuerte y organizada que nunca», finalizó Ojeda.
trabajadoras pobres
Mientras que desde la Secretaría de Género y Diversidad de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE Chaco), su titular Andrea Azzetti recordó que «durante la campaña política presenciamos con mucha tristeza la utilización partidaria de un caso de feminicidio en la provincia por parte del partido del actual gobierno. Sin embargo, desde el inicio de su gestión, en la provincia hubo cuatro femicidios (en dos meses) y no hemos visto ni una sola declaración al respecto. Lo que sí vimos y vivimos fueron políticas de retroceso en cuestiones de género como la desjerarquización estatal de la Secretaría de Género y Diversidad, convertida hoy en subsecretaría, sin presupuesto propio, y la profundización de la precarización de las y los trabajadores. El desguace del Centro de Atención de Víctimas de Violencia de Género (CAVV) con el despido de la mayoría de sus trabajadoras y el achicamiento presupuestario para el funcionamiento de la Línea 137 de emergencia a víctimas de violencia de género», destacó.
«También vimos la feminización de los despidos por parte de su gestión: trabajadoras embarazadas, madres de niños con discapacidades, madres solteras que sostienen solas la economía monoparental. Muchos de ellos gracias a la intervención sindical y la respuesta judicial pudimos revertir, otros seguimos peleando. Detrás de cada despido y programa que se cierra hay derechos fundamentales que dejan de garantizarse».
Asimismo, recordó el contexto «con una inflación que superó el 200% y una devaluación que superó el 100%, mientras que los sindicatos que representamos a las y trabajadores seguimos esperando la convocatoria a una paritaria provincial establecida por ley, reemplazada por un anuncio de un lamentable y ofensivo 18% de oferta salarial por decreto».
Por esto consideró: «Estamos asistiendo a un fenómeno histórico que debería interpelar a toda la clase política dirigencial: trabajadores pobres. Hoy el salario de las y los trabajadores del Estado provincial, incluso de los profesionales, no llega a cubrir la canasta básica familiar».
Entre la lista de reivindicaciones del sindicato señalaron la reincorporación de todos los despedidos por las políticas de ajuste y achicamiento del Estado. Cumplimiento de la Ley de Regularización Laboral en la administración pública provincial, urgente reincorporación de todos los inscriptos e instrumentación del proceso de pase a planta.
Lenguaje inclusivo en los discursos y comunicación oficial. Las mujeres y diversidades existimos y queremos ser nombradas. Basta de invisibilización.
Restitución de la Secretaría de Género y Diversidades con presupuesto propio para las políticas tendientes a erradicar las violencias por razones de género, acompañar a las víctimas y que el Estado pueda ser querellante en causas donde hubo, efectivamente, negligencia estatal.
Presupuesto real para políticas de género en cada municipio del país. Basta de discriminación: igualdad de oportunidades para acceder a cargos o puestos directivos.
Apertura de guarderías y jardines para bebés y niños, que garanticen las posibilidades laborales. Inclusión laboral trans. Equiparación de las licencias por maternidad y paternidad. Basta de discriminación laboral a cuerpos gestantes. Los padres tienen la misma responsabilidad que las madres en la crianza de los hijos. Licencia laboral sin condicionamientos ni límites para la recuperación de las víctimas de violencia de género.
A igual trabajo, igual remuneración: basta de salarios inferiores a las mujeres.